Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, 24 de octubre 2024.- La tensión política y jurídica por la que transita México, sea caracterizado por un clima de incertidumbre, que se deriva del abuso del oficialismo, de la ruptura del orden jurídico y democrático, y por supuesto de la radicalización política.1
Estas circunstancias, han propiciado una serie de reformas que lejos de actualizar el sistema de valores constitucionales, se están convirtiendo en un instrumento político en el cual, sin justificación alguna se está eliminando el sistema de justicia constitucional.
Ante esta situación, se ha activado el ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, lo que ha traído como resultado una reacción política, cuya respuesta inmediata han sido las amenazas a los defensores de la Constitución y el desacato a las decisiones judiciales por parte de la presidenta y del Congreso de la Unión, esto se traduce en la violación al Estado de derecho.3
Posición oficialista, que pretende que el control constitucional de las leyes tome un carácter puramente político, decisión beligerante que coloca al país en una crisis constitucional generalizada (jurídica, política e ideológica), que impacta en la soberanía, la democracia y sobre todo en la protección a los derechos humanos.
¿Por qué estamos ante una crisis jurídica constitucional?
En el sexenio que culminó, la política obradorista se caracterizó por el ejercicio de un poder político desmedido que rebasó el límite establecido por la separación de poderes, esto permitió la intromisión de la figura presidencial en el ámbito Legislativo y Judicial; sin embargo, su mayor control se ejerció a través del poder Legislativo.
La sobrerrepresentación que obtuvo con su coalición (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) en el Congreso federal. Es la circunstancia que explica, por qué el partido del gobierno ha podido llevar a cabo parte de su proyecto político mediante reformas constitucionales y no, mediante el marco legal actual.
Esta sobrerrepresentación no obtenida en las urnas, sino construida mediante acuerdos con legisladores de otros partidos ha tenido serios efectos sobre el marco constitucional, especialmente en lo relativo a la división de poderes, a la independencia judicial, a los mecanismos de protección constitucional y los derechos humanos.
Esto es, mediante el abuso del modelo de reparto de curules, el gobierno oficialista ha logrado asegurar una mayoría legislativa en el Congreso de la Unión que le permite modificar la Constitución sin ningún contrapeso.
Este control parlamentario se ha caracterizado por la omisión legislativa, la presión política a la oposición y el desacato a la autoridad judicial, lo que ha derivado en el incumplimiento del mandato constitucional legislativo.
En este sentido, la ley ha dejado de ser regla general y ha pasado a convertirse en un acto de confirmación política y de convenio con los grupos de interés, lo que le ha permitido al partido oficialista evadir la norma y reconocerla solo cuando le representa un beneficio.
El hecho de convertir la ley en un simple medio para la realización de sus fines políticos, para el fomento o la contención de intereses particulares, ha dejado en evidencia como la ley suprema ha quedado inapelablemente quebrantada.
Y este legado, es la base sobre la cual se erige el actual gobierno. Por lo que, no cabe duda alguna, que la concentración de poder en manos del ejecutivo, el abandono a la legalidad y la limitación a la independencia judicial nos coloca en una crisis constitucional y en el inicio de un régimen no democrático.3
La sobrerrepresentación ha provocado una crisis política de la Constitución
Las principales características del Estado constitucional son el reconocimiento y garantía de los derechos humanos; esta propuesta no se basa en la regla de las mayorías ni en las unanimidades, por lo que se concibe como un orden jurídico sin soberano que expresa la pluralidad y heterogeneidad de toda la sociedad.4
Esto quiere decir que, en un Estado constitucional, para lograr la inclusión, el igualitarismo y la justicia, la Constitución no puede representar a ningún proyecto particular, tanto jurídico como político, pues la Constitución es un marco legal que contiene todos los derechos, proyectos y principios de una sociedad pluralista.5
En este sentido, la forma de gobierno por la cual ha transitado el país –al menos, los últimos 6 años–, se ha caracterizado por una transformación radical, en donde el Estado constitucional, ha sido relegado y despreciado en su función protectora, para reducirlo a un catálogo que le otorga al gobierno en turno la posibilidad de controlar prácticamente toda la vida social y económica del país.
Ya que, a través de la Constitución la cabeza que ejerce la representación del Estado ha justificado y ampliado de forma desmedida sus funciones, al centralizar los poderes Ejecutivo y Legislativo, y pretender someter al Judicial.
Pues, las reformas constitucionales que han surgido del pacto entre fuerzas políticas y de los intereses particulares, se han fundado en aspiraciones ideológicas que lejos de constituir un sistema legal proteccionista, solo están encaminadas a concretar un proyecto político.
De ahí que, los principios constitucionales que alguna vez parecieron intocables, como el principio de la división de poderes, el de independencia judicial, el de no regresividad de los derechos humanos, el de interpretación jurídica, los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, han quedado reducidos a meras ficciones jurídicas.
Desafortunadamente, la concentración de poder ha limitado las decisiones de las personas que conforman el poder legislativo, quienes no votan libremente sino obedeciendo las órdenes del partido oficialista con el que pactaron. Además, la sobrerrepresentación impide la existencia de un contrapeso real entre el legislativo y el ejecutivo, lo que ha originado una nueva forma de legislar y de control político.
Es ahí, donde la realidad política nos muestra, que los derechos de las personas no son tan intocables como lo describe la Constitución, sino algo muy diferente.
Una crisis que surge de la ideología
La polarización política del país se ha convertido en un tema de preocupación, debido a la violencia que se ha generado por la pugna entre ideologías y por la amenaza que ha constituido para la democracia.
El partido oficialista desde campaña supo identificar a los grupos que comparten la idea de una división social opresora y utilizando el sentimiento de estos, opto por una estrategia populista, mediante la cual insertó la creencia de que la sociedad está separada en dos grupos enfrentados entre sí: “el verdadero pueblo” y “la élite corrupta”.
Ante esta ideología el pueblo ya no es el conjunto de la ciudadanía, sino solo su Partido. Por esa razón, las personas que defienden un modelo diferente de políticas, en realidad ya no son considerados como ciudadanos con una misma dignidad, sino enemigos de la nación.6
Mediante esa creencia, el oficialismo ha incitado al disenso, a la descalificación y la espuria contra las instituciones y los que considera sus adversarios, provocando un constante y creciente enfrentamiento entre autoridades y la ciudadanía, confrontaciones más profundas y divisivas.
Esta polarización ha afectado el modo en que se desarrolla el debate público y ha contribuido a producir imágenes sesgadas, estereotipadas y hasta falsas de la realidad, esta situación nos coloca en una crisis que abona a la regresión de la democracia y al abandono de la legalidad.
En consecuencia, estamos ante la pérdida de la supremacía y la generalidad de nuestra ley superior, ya que, en esta “nueva democracia” solo importa la conexión ideológica con el gobernante. Por encima de la voluntad de la ley se colocará la voluntad del “verdadero pueblo”.
Notas:
1 Oficialismo. Aceptación por principio de lo que establece el poder oficial. Partido político, coalición política o grupos de partidos que están o apoyan al gobierno de un país o al que pertenece el gobernante del mismo.
2 El Estado de Derecho. Se refiere al respeto en general de todo un sistema legal. Asimismo, refleja el ideal democrático según el cual el poder político está limitado por el Derecho: en otras palabras, un régimen en el cual las autoridades actúan únicamente dentro de los márgenes establecidos por la ley y su legitimidad depende, de su apego a dichos límites así como también las personas que viven en esa comunidad respetan esas leyes.
3 Para efectos prácticos se puede decir que “los regímenes no democráticos se caracterizan por el ejercicio del poder de forma monopolística, sin límites ni control, ya lo realice una persona o un grupo de personas”.
4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4310/6.pdf
5 Pluralismo. Derecho a la diferencia, en donde se acepta, se reconoce y se tolera que haya otros que no piensen de la misma manera.
