Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 5 de febrero, 2025.- La falta de legitimidad del Estado y la postura del régimen político, respecto de la violencia e inseguridad relacionadas con el crimen organizado ligado a las actividades del narcotráfico, ha dejado ver una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y cultural del país.
Esta presencia se vincula íntimamente con los intereses del Estado hacia el poder financiero y político de empresas transnacionales y nacionales, incluidas las del narcotráfico.
De ahí que, el vínculo del crimen organizado como parte de la “clase empresarial” en los diversos sectores de la economía y las finanzas del país, pongan en manifiesto alianzas y complicidades en la vida político-administrativa de México.
No es nada raro que, a través de las estructuras corporativistas y clientelistas, exista un arreglo entre los poderes públicos y privados (funcionarios gubernamentales, clase política y empresarial) con el narcotráfico y el crimen organizado. *
Dicho lo anterior, para entender la existencia de un narcoestado, se debe partir de que el narcotráfico no solo desempeña actividades de producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
Si no que, sus actividades de comercio —aunque ilegales—, producen beneficios en la economía del país; ya sea, por los empleos que genera, la infraestructura que crea y los vacíos que llena ahí donde el Estado no llega.
Ejerciendo el papel de proveedor de servicios públicos que el propio Estado no alcanza a desempeñar. En otras palabras, el peso del narco en un país va más allá de la corrupción: es un actor económico importante, y puede llegar a ser imprescindible. **
Lo anterior, no válida la intervención que el narcotráfico tiene en las actividades del Estado; antes bien, señala la incapacidad de este para restringir la injerencia del crimen organizado y gestionar adecuadamente la administración del país y el manejo de su territorio.
¿Qué es un narcoestado?
Es un Estado donde la criminalización del sistema político ha llegado al punto que, los más altos funcionarios del gobierno protegen y dependen de organizaciones de narcotraficantes (Drug Politics: Dirty Money and Democracies).
Esta relación varía según el nivel de dependencia del comercio de narcóticos y la amenaza que el narcotráfico pueda representar para la estabilidad nacional e internacional. ***
En etapas iniciales y de desarrollo, se contemplan los sobornos a funcionarios de bajo nivel, existe un creciente apoyo cultural político al consumo de drogas, las actividades antidrogas son retiradas en las instituciones educacionales y el gobierno está infiltrado o dirigido por funcionarios a favor.
En los niveles más alarmantes, existe el soborno masivo y corrupción de funcionarios públicos de alto nivel, considerables intimidaciones; incluidos el asesinato de funcionarios que se resisten, corrupción policial y judicial tanto local como regional.
Es más evidente la extorsión; policías y militares de alto nivel ingresan al narcotráfico, protegen la actividad y autorizan asesinatos políticos.
Y en una fase más avanzada los Poderes del Estado, están relacionados con el crimen organizado. El presidente está rodeado de funcionarios implicados y hay una posible complicidad de la propia presidencia y el público no se sorprende.
Lo que sucede en México
En México, los ochenta se caracterizaron por una cultura social, económica y política vinculada al narcotráfico.
Dicho fenómeno obedeció a factores como la crisis económica caracterizada por la inflación, la devaluación del peso, represión social, corrupción política, policial y militar, esto hizo evidente las alianzas del sistema mexicano con el crimen organizado.
Este vínculo ha crecido con el transcurso de los años y con los regímenes políticos en turno. Es así como, la acumulación de poder y la participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más dinámicas y rentables de capital, han agravado la forma en que se administra el gobierno y la justicia.
Por ello, no es de extrañarse el aumento en los niveles de violencia e inseguridad pública, la creciente militarización del aparato de Estado y la pérdida de legitimidad de las instituciones gubernamentales.
En un Estado donde el crimen organizado posee la misma capacidad de fuerza y medios para ejercer violencia y lograr sus propósitos, difícilmente se extinguirá el conflicto, pues cada uno busca la eliminación del otro aplicando una fuerza mayor, utilizando cada vez mayores medios para ello.
Prueba de lo anterior, fue la guerra declarada por el presidente Calderón, cuyo duelo entre iguales, solo perjudicó a la sociedad civil.
De ahí que, este igualamiento generé que los grupos del narcotráfico se afirmen como hombres de gobierno, al suplantar al Estado en muchos lugares del país y que las actividades del narco se legitimen y alienten el surgimiento de antivalores que debilitan la cohesión social.
* https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722013000200002
*** https://www.cna.hn/wp-content/uploads/2024/08/HondurasNarcoEstado_I-PUB.pdf
