Parte II
Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro. , 14 de noviembre, 2024.- Uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana, es el desconocimiento de la ley y su aplicación. Esto ha propiciado que un sector de la población no conozca sus derechos para ejercerlos, ni sus obligaciones para cumplirlas.
Si bien, existen casos en que las condiciones económicas y culturales de las personas, no les permiten disponer de la información necesaria para ejercer sus propios derechos. Lo cierto es, que existen instrumentos y programas efectivos de acceso a la justicia que son gratuitos, unos proporcionados por el Estado, otros por las universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, la falta de corresponsabilidad ciudadana ha puesto una barrera ante la información jurídica; se sabe que, en México ni siquiera los cursos de civismo que se imparten en las escuelas tienen el aprecio y aceptación por los estudiantes y familias, por lo que son insuficientes para satisfacer la necesidad de información en esta materia.
De ahí que, la mayoría de la población carezca de dominio sobre conceptos como justicia, democracia y apego a la legalidad. Pero además, la complejidad del sistema judicial, la falta de un amplio programa de apoyo a los ciudadanos y la ausencia de una cultura jurídica, hacen que el pleno acceso a la justicia sea una meta todavía por alcanzar. **
Aunque, la ignorancia del derecho no exime de su acatamiento, es evidente que donde los derechos no son conocidos, tampoco son ejercidos.
Y esto, es lo que sucede con los precedentes jurídicos de la Corte, muchas personas ignoran que a partir de estos, se han implementado reformas constitucionales y legales de suma importancia.
Entre ellas, se encuentran reformas legislativas a favor de los derechos de las mujeres, como lo es: la investigación con perspectiva de género y la debida diligencia de todas las muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres; paridad de género, interrupción legal del embarazo y acceso a servicios de salud, entre algunas.
También, han contribuido a garantizar los derechos de la comunidad LGBTI+, con los matrimonios igualitarios, el reconocimiento del concubinato entre personas del mismo sexo, la reasignación sexo genérica y levantamiento de acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género; acceso al derecho de seguridad y servicios sociales; así como, a las prestaciones sociales de los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, cuando no se reconocen legalmente las uniones familiares de personas del mismo sexo, entre otras.
De igual forma, se han emitido resoluciones a favor de las infancias, como consecuencia, algunas legislaturas han reformado sus códigos para garantizar que los alimentos sean imprescriptibles; han obligado a las autoridades a juzgar con perspectiva de género y desde el interés superior de los niños; han garantizado el derecho de la infancia a ser escuchados en los procedimientos judiciales que les afecten directa o indirectamente; se ha asegurado su derecho a proteger su imagen, entre otros.
De forma general, las resoluciones han contribuido en el ámbito laboral, en el derecho a un medio ambiente sano, sobre la propiedad privada, la libertad a la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, la salud, entre otros.
Podría hablar de muchos derechos establecidos en la ley, pero no acabaría.
Negar la importancia de la contribución jurídica del Poder Judicial de la Federación, es rehusarse a reconocer que la realidad social requiere una transformación del derecho, que contribuya a garantizar la materialidad y progresividad de los derechos humanos de las personas.
Los resultados que se le exigen al PJF, no se refleja en las sentencias que avala el oficialismo, sino, en los derechos y criterios logrados por las luchas individuales y colectivas de las personas; en donde, las resoluciones judiciales han sido la clave para combatir a las autoridades y evidenciar sus omisiones.
Hoy, una porción de la ciudadanía desconoce que la base de muchos derechos, descansa sobre las sentencias de la suprema corte de justicia y de los tribunales federales, y no en las “buenas intenciones de los legisladores”.
Mientras las y los ciudadanos no desarrollen una cultura jurídica o cultura de la legalidad, los comportamientos arbitrarios de la autoridad y de los miembros de la sociedad, no disminuirán.
Bien lo refirió el Dr. Diego Valadés: “la arbitrariedad, la corrupción y la violencia son el alto precio que las sociedades pagan cuando la mayoría de sus miembros no conocen sus derechos y sus obligaciones”.
** “La materia se ha ido abandonando y eso se ha traducido en que se dejen de tratar temas importantes, como para qué sirven las leyes y cuál es su importancia, algo que a corto plazo no parece tener consecuencias, porque no hay indicadores inmediatos, pero a la larga vemos cómo se va perdiendo el Estado de Derecho”.
