Parte III
Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 5 de septiembre, 2024.- Del influyentismo y corrupción que opera en el PJF al nombrar jueces, magistrados y ministros, no hay dudas de que existen casos como en el poder ejecutivo y legislativo, desafortunadamente todas las instituciones gubernamentales presentan esta situación, por algo México ocupa la posición 124 de 180 países evaluados.
Es claro que, esta institución no es perfecta, tan es así que, el exministro presidente Arturo Zaldívar junto con otros integrantes resolvían asuntos a modo por instrucción del presidente López Obrador, siendo este último quien impusiera en la SCJN a dos ministras alineadas al poder ejecutivo, sin preparación judicial y siendo integrantes de su partido.
Por otro lado, responsabilizar al PJF de la restricción al acceso a la justicia, es un argumento vil con el cual el presidente busca lavarse las manos y confundir a la ciudadanía.
Ante su imposibilidad de reconocer la incapacidad institucional para responder a las demandas y requisitos del sistema de procuración de justicia, tanto de política pública, como respecto de su capacidad instalada en términos de personal, infraestructura y organización interna.
Para que pueda haber calidad en la procuración de justicia de un Estado, es indispensable contar con un número suficiente de personas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer y castigar los delitos, además, de la disponibilidad de suficientes recursos económicos para financiar estas investigaciones.
Presupuesto que en la actualidad es insuficiente, tanto a nivel federal como local, en promedio las entidades federativas gastan $600 anuales por persona en procuración de justicia.
Además, en la mayoría de las entidades federativas el número de fiscalías es insuficiente para la población, tomando en cuenta que debe haber una fiscalía por cada 100 mil habitantes, lo que implica un desbalance frente a la demanda de servicios por parte de víctimas y personas imputadas.
Situación que el presidente y demás gobernadores no han contemplado como obligación.
Y a esto se le suma, de igual forma a nivel federal como local, la falta de recurso económico para las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (a nivel nacional cada asesor jurídico representó a un estimado de 230 víctimas por año) y las defensorías públicas (a nivel nacional cada defensor representó a 36 personas imputadas, y estuvo involucrado en la atención jurídica de 157 asuntos por año).
Ya que, el número de asesores jurídicos y defensores públicos disponibles no guarda relación con la incidencia delictiva o la demanda de sus servicios en una entidad, esto genera carga de trabajo que imposibilita dotar de servicios jurídicos a la población.
Siendo esta situación junto con las anteriores, las que impiden el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y en nada tiene que ver el ámbito de acción del PJF.
Conclusión
La impunidad y la corrupción, no se va a terminar con la reestructuración al PJF, por porque no es esta institución quien genera la restricción al acceso de justicia.
Si bien, los tribunales federales y la Corte participan en el proceso cuando el ciudadano solicita la protección y amparo ante una omisión o un acto de autoridad emitido a través de una sentencia, lo cierto es, que su participación contribuye a salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de los quejosos, favoreciendo con ello el acceso a la justicia.
La única forma de eliminar la corrupción e impunidad y asegurar un acceso a la justicia con calidad, pronta y expedita, es a partir de reconocer las deficiencias que presenta el sistema de justicia desde fiscalías, tribunales locales, comisiones ejecutivas de atención a víctimas y defensorías públicas. Una reforma como la que se pretende, sin tocar a los eslabones principales en nada contribuye a mejorar el acceso a la justicia.
El problema, por el contrario, es que la elección de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitarán aún más el control judicial y la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y al abuso de los grupos de poder.
Porque, recordemos que el PJF solo actúa contra actos y omisiones emitidas por autoridades del gobierno.
Trasgredir la independencia judicial y eliminar la profesionalización de los juzgadores y personal del PJF, es un riesgo para la calidad de justicia y el respeto a los derechos humanos de las partes.
Lo anterior no quiere decir que, no sea necesaria una reforma, de hecho la idea de establecer un tribunal de disciplina judicial puede contribuir a eliminar prácticas de corrupción, influyentismo, hostigamiento y cualquier acción u omisión que ponga en riesgo el acceso a la justicia de un ciudadano que acuda a esta instancia.
De igual forma, establecer mecanismos para la elección de jueces, magistrados y ministros puede ser una buena idea, siempre y cuando provengan de carrera judicial, los criterios que hoy se proponen, resultan absurdos, no solo por la forma en la que piensan elegirlos, sino porque, no se garantiza la especialización que requieren estos puestos.
La reforma que se discute no es una opción viable, porque no busca combatir la impunidad y mejorar el acceso a la justicia. Nada de lo propuesto hasta ahora se encamina a corregir las deficiencias que tanto señala el presidente López Obrador.
Si lo que pretende es combatir la corrupción, la propuesta presentada debería ser modificada y aplicada a los tres poderes. El buen juez, por su casa empieza.
