La política de migración una forma de control social (MPI)
Prohibió la política de género y por el avance de las mujeres
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 21 de enero, 2026.- Amnistía Internacional USA, Human Rights Watch y la Alianza para la Diplomacia y Justicia coinciden en que el actual gobierno republicano de Donald Trump, a un año de haber iniciado, ha impulsado una concentración de poder, evasión de la rendición de cuentas y la erosión del Estado de Derecho, por lo que existe una crisis de los Derechos Humanos marcada por “el caos y la crueldad”.
Con la concentración del poder, el gobierno republicano intenta dificultar que se les exijan responsabilidades, señala Amnistía Internacional USA.
En este contexto las mujeres han resultado las más afectadas con la criminalización contra migrantes y refugiados, y políticas que se han extendido a comunidades afroamericanas, personas LGBTIQ, mujeres y activistas.
Jessica Stern, cofundadora de la Alianza para la Diplomacia y la Justicia, dijo “que se han suspendido programas de ayuda a víctimas de violencia y discriminación, y se ha convertido el racismo, la homofobia y el sexismo en política exterior”.
Acusó al Departamento de Estado de desmantelar infraestructura clave que permitía a Estados Unidos apoyar la democracia y los derechos humanos en el extranjero. Recordó que una orden ejecutiva del gobierno de Trump obligará a Estados Unidos a retirarse de 66 organizaciones internacionales o a congelar apoyos destinados a respuesta humanitaria, igualdad de género, salud pública y supervisión de tratados.
Para Amanda Klasing directora de Relaciones Gubernamentales y Defensa en Amnistía Internacional USA, el segundo mandato del presidente Donald Trump ha sido un desastre en materia de derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero.
En Estados Unidos renacen acciones como control de la información, la desacreditación y la criminalización de poblaciones marginadas, con las cuales se fomentan practicas autoritarias en todo el mundo.
Subrayó que la administración Trump ha desplegado operativos de detención a gran escala y de estilo paramilitar, lo que podría normalizar estas tácticas contra otros sectores de la población. “La aplicación de la ley migratoria se ha transformado en un sistema que combina discrecionalidad, rapidez, miedo y deshumanización”, explicó.
Uzra Zeya, presidenta de Human Rights First, denunció una “extralimitación sin precedentes” en 2025 contra personas migrantes y refugiadas, vinculada a ataques a las protecciones constitucionales.
Detalló que la aprobación de la Ley H.R.1 inyectó 170 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional, lo que implicó un aumento anual del 265 % en el presupuesto de detención del ICE, hoy 62 % mayor que el presupuesto total del Sistema Penitenciario Federal.
El ICE mantiene detenidas a alrededor de 70 mil personas, la mayor cifra en su historia, y 2025 fue el año más mortífero para personas bajo custodia migratoria, con 35 muertes, debido a la omisión del debido proceso.
Desde Human Rights Watch, Nicole Wittersheim calificó como “cruel” la política de enviar migrantes a terceros países, al denunciar casos como el de venezolanos enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a reportes de abusos.
Preciso: “Estados Unidos está llevando a cabo desapariciones forzadas y violando la Convención contra la Tortura al enviar personas a lugares donde existe riesgo documentado de tortura”.
En 2025 el gobierno estadounidense pagó a países como Ruanda, Uganda, Costa Rica, Panamá y Guinea Ecuatorial para recibir deportados, incluidos ciudadanos mexicanos, en el marco de acuerdos bilaterales.
“Se han recortado fondos para documentar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, así como para brindar asistencia jurídica a víctimas”, concluyó.
Las organizaciones coincidieron en que, pese a la magnitud de los cambios impulsados por la administración Trump, el balance del primer año de su segundo mandato es alarmante, y advirtieron que el impacto de estas políticas podría extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos.
Retiro de Estados Unidos de 66 organismos internacionales
El pasado 7 de enero cuando el presidente Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos de 66 organismos, convenios y tratados internacionales, Amnistía Internacional advirtió que era un golpe directo al sistema multilateral y la protección global de los derechos humanos.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de AI, lo calificó como un desprecio hacia el derecho internacional y los compromisos globales en ámbitos como el desarrollo, la igualdad de género, la protección de la infancia y la lucha contra la crisis climática.
En particular la retirada del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al que calificó de “vital en la lucha contra la violencia de género y la defensa de millones de mujeres en todo el mundo”.
Estados Unidos ya se había retirado de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como del Acuerdo de París sobre cambio climático 2025.
La política migratoria una forma de control social
Durante el primer año de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a cerca de 595.000 personas, con un promedio de 1.200 detenciones diarias. Al mismo tiempo, la población detenida en centros de ICE casi se duplicó, pasando de 39.000 a cerca de 70.000 personas privadas de libertad migratoria.
De acuerdo al Informe del Instituto de Política Migratoria (MPI), titulado “Desatando el poder en nuevas formas : Inmigración en el primer año de Trump 2.0”, destaca que solo el 26 % de las personas bajo custodia de ICE tiene una condena criminal, lo que desmonta la narrativa reiterada desde la Casa Blanca de que las deportaciones se enfocan en “lo peor de lo peor”.
La realidad es otra: la política migratoria actual está impactando mayoritariamente a personas sin antecedentes penales, trabajadores, padres y madres de familia, muchos con años —incluso décadas— de residencia en Estados Unidos.,
Advierte que la eliminación masiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 14 países generalizado ignorando contextos humanitarios, crisis políticas o desastres naturales, significó para miles de familias pasar de un día para otro de un estatus legal a la amenaza inmediata de deportación.
La política afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes, quienes quedan expuestas a condiciones inhumanas, separaciones familiares y violaciones sistemáticas al debido proceso. La reapertura de centro de detención familiar y el encierro de niñas y niños, impacta a las madres, muchas de las cuales enfrentan la imposibilidad de acceder a atención médica, legal o audiencias justas.
El informe señala que los cambios migratorios de Trump se han enfocado en tres grandes áreas: eliminar protecciones migratorias concedidas en el Gobierno anterior, acelerar las deportaciones y elevar la cooperación con las autoridades estatales y locales.
El Gobierno federal también busca «remociones expeditas» al negar audiencias en las cortes, donde MPI identificó 4 millones de casos pendientes de deportaciones, incluyendo unos 2,4 millones de peticiones de asilo.
Además, la Administración ha casi multiplicado por 10 los acuerdos ‘287(g)’, que permiten a autoridades locales cooperar con ICE, por lo que ya hay alrededor de 8.500 agentes estatales y locales entrenados para participar en operaciones migratorias.
La deportación, en Trump 2.0, dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo cotidiano de control social. (Con información de EFE).
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