La creciente militarización del país aumenta el riesgo de vivir violencia: Alianza por los Derechos de Mujeres y Niñas en toda su diversidad CEDAW 91

 21 organizaciones mexicanas, presentaron  ante el Comité CEDAW de la ONU evidencia de retrocesos: militarización, criminalización del aborto, desapariciones y feminicidios 

Las fuerzas armadas con  funciones civiles  de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos como aumenta el riesgo de vivir violencia

 Especialmente afecta a  mujeres indígenas y migrantes. Exigimos al Estado mexicano cumplir sus obligaciones y garantizar una vida libre de violencias.

Redacción

SemMéxico, Ginebra, Suiza 18  de junio,  2025.- La Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad  conformada por 21 organizaciones civiles de México, sostienen en un pronunciamiento, leído en Ginebra que persisten en México vulneración sistemática a las vidas  y los derechos de las niñas y mujeres.

Lo más preocupante es la creciente militarización del país ya que las fuerzas armadas han asumido funciones civiles en materia de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos como el Tren Maya, aumentando el riesgo de vivir violencia particularmente para mujeres indígenas y migrantes.

En su posicionamiento durante el examen de la CEDAW  y la 91sesión para revisar los compromisos de México, sugieren nueve  recomendaciones adicionales y  urgentes que el gobierno debe asumir, ya que la Convención es vinculante y no ha cumplido 209 recomendaciones que datan de hace 18 años. 

Aunque  reconocen  avances del Estado mexicano en materia de igualdad de género,  persisten vulneraciones a las vidas y los derechos de las niñas y mujeres en toda su diversidad y, en ciertos casos, incluso algunos retrocesos.

En el pronunciamiento tocan puntos específicos:

• Amnistía Internacional acompaña la petición de que la revisión de este dictamen debe realizarse tomando en cuenta los posicionamientos de la sociedad civil y los grupos que podrían verse afectados, por lo que nos permitimos sugerir la realización de mesas temáticas de cada uno de los 109 fideicomisos que se pretende extinguir.
• Denunciamos la política de desgaste implementada por el Instituto Nacional de Migración, que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país. Las recomendaciones de este Comité y de la Suprema Corte de Justicia de México –que prohíben detenciones migratorias mayores a 36 horas, declaran inconstitucionales las revisiones en carretera y ordenan un registro público de personas migrantes detenidas–, siguen sin cumplirse.
• En México persisten obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans y privadas de la libertad, quienes enfrentan discriminación interseccional, sustitución de la voluntad, condiciones de reclusión inadecuadas y obstáculos para su reinserción social. Nos preocupa especialmente la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, en contra de las recomendaciones internacionales, que ha tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres y ha ampliado la brecha de género en su aplicación.
• De igual manera, resaltamos con preocupación que el aborto sigue sido penalizado en nueve estados, y en aquellos donde se permite durante el primer trimestre, su penalización posterior a ese plazo sigue vigente. Este modelo parcial de despenalización no ha eliminado la criminalización de las personas que deciden interrumpir sus embarazos
• Detectamos que se requiere atender un cambio de paradigma y considerar estándares internacionales de DH para atender la violencia sexual, mismos que reconocen el consentimiento como libre, informado y sin coerción, eliminando la exigencia de resistencia física y el delito de estupro.
• Cabe señalar que, en diversas entidades del país y a nivel federal, persiste la ausencia de políticas efectivas para eliminar la violencia por razón de género, en particular las desapariciones, la trata de personas y los feminicidios. La desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno generalizado en todo el país, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado, como Guerrero, y en puntos estratégicos de trata, como el Estado de México.
• La situación de feminicidios en México sigue siendo alarmante. Las organizaciones hemos documentado deficiencias en las investigaciones, en ocasiones precedidas por desapariciones, porque se pierden evidencias y no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación. Tampoco se aplica adecuadamente la perspectiva de género. La mayoría de los casos quedan en impunida
• El Estado ha sido omiso en la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, que suman más de 129,000. En su mayoría mujeres, quienes realizan la búsqueda, enfrentando todo tipo de riesgos, desde agresiones por parte del Estado y el crimen organizado, hasta su asesinato y afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales.

DicDi

Llama la atención sobre crímenes: 

• La violencia contra mujeres trans es alarmante, pero sus homicidios no se reconocen como transfeminicidios. Mujeres en condición de prostitución  y defensoras trans son asesinadas en espacios públicos incluso por el crimen organizado, y mujeres lesbianas enfrentan violencia correctiva que intenta cambiar su orientación sexual. Sin embargo, la falta de datos desglosados sobre estas violencias dificulta su prevención.
• Las jornaleras agrícolas migrantes viven una triple exclusión: por ser mujeres trabajadoras del campo, por ser mayoritariamente indígenas y por su situación de movilidad. Aun cuando desempeñan un rol esencial en la producción de alimentos y la sostenibilidad de la vida, enfrentan salarios precarios, falta de seguridad social y condiciones que vulneran sus derechos más básicos, como la gestión digna de la menstruación.

• Adicionalmente, destacamos que a pesar de reformas recientes y la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la normativa laboral en México sigue siendo insuficiente para proteger plenamente los derechos de las mujeres en toda su diversidad. 
• No aborda las desigualdades interseccionales ni garantiza la responsabilidad de la parte patronal frente a la brecha salarial de género. Además, las políticas de permiso parental son desiguales e insuficientes y la inspección laboral carece del suficiente financiamiento y personal suficientes.
• Transversalizar un enfoque interseccional en todos los programas, reconociendo que las mujeres indígenas y afro con discapacidad enfrentan realidades diferentes y requieren de medidas específicas y mecanismos de monitoreo liderados por ellas.
• Finalmente, subrayamos que sin justicia fiscal no hay igualdad sustantiva. México tiene un sistema tributario que recauda poco y de forma desigual. A su vez, los actuales mecanismos de asignación y transparencia presupuestaria carecen de criterios claros para promover la igualdad de género. Es imperativo fortalecer los mecanismos para la igualdad de género en todo el país, evitando la eliminación de programas o la reducción de recursos para la igualdad sustantiva. Se requiere asegurar presupuestos crecientes y sostenibles para la prevención, atención, erradicación, sanción y reparación de las violencias contra mujeres y niñas. Para ello, se requiere garantizar una reforma al sistema tributario que no discrimine directa, ni indirectamente y que, por el contrario, sirva para promover la igualdad. Más impuestos a los que más tienen, más recursos públicos para las que menos tienen.

Considerando estas preocupaciones, solicitamos respetuosamente al Comité que recomiende a México lo siguiente:

• Garantizar la vida e integridad de todas las mujeres, reconociendo y protegiendo especialmente a las defensoras de derechos humanos y a las buscadoras de personas desaparecidas, reconociendo que también son defensoras de derechos humanos.
• Establecer controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas, a través de la implementación de protocolos con enfoque interseccional y de género en todas las instituciones castrenses para prevenir actos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada y otras violaciones.
• Eliminar prácticas discriminatorias en la justicia, como la prisión preventiva oficiosa.
• Derogar de inmediato leyes que criminalizan el aborto. También, eliminar el delito de estupro de los códigos penales y no exigir resistencia física en casos de violencia sexual.
• Promulgar reformas para garantizar empleos dignos para todas las mujeres.
• Promover políticas públicas para fortalecer la investigación, cooperación interinstitucional y prácticas forenses para abordar las desapariciones y trata de mujeres.
• Impulsar políticas fiscales que protejan el presupuesto para la igualdad, evitando retrocesos, mejorando su asignación y supervisión.
• Además, solicitamos respetuosamente al Comité reafirmar y fortalecer una postura inclusiva hacia la diversidad, especialmente en la protección contra la discriminación por identidad de género y hacia las mujeres trans.
• Realizar medidas concretas en contra de la impunidad en casos de feminicidios. Realizar investigaciones exhaustivas, con enfoque de género e identificación de patrones de violencia, así como garantizar la reparación integral del daño para familiares de víctimas.

Dicen que  la  información  y la denuncia es resultado de la  experiencia y trabajo de documentación  desarrollado desde las organizaciones de esta alianza.

Instan por tanto a que  sean consideradas por el gobierno  con la convicción de que su atención es fundamental para evitar que la aplicación de protocolos y leyes ya existentes, no queden en letra muerta. Su aplicación efectiva, puede y debe, garantizar una vida libre de violencia y discriminación a mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad.

Quienes son: Conformada por 21 organizaciones agrupadas en 5 coaliciones y 5 organizaciones:

1. ALIADAS por la Igualdad y la No Violencia (CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI, Raíces, análisis de género para el desarrollo) 
2. Amnistía Internacional, Sección Mexicana 
3. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca 
4. Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) 
5. Fundación Paso a Paso A.C. ( Organización de y para mujeres indígenas con discapacidad) 
6. Grupo de Información en Reproducción Elegida; Centro de Derechos Reproductivos 
7. Intersecta Organización para la Igualdad; EQUIS Justicia para las Mujeres y Oxfam México 
8. Las Vanders; Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C.; Instituto para las Mujeres en la Migración 
9. Letra S – Red Sin Violencia LGBTI 
10. Médicos del Mundo Francia-México (MdM)