- A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana y 19 años después, México cumplirá con la Sentencia
- Las organizaciones y familiares exigen una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo y reparación, verdad y justicia
- Ataja la Fiscalía: si se admite la sentencia e inicia la investigación por tortura sexual
Libertad López
SemMéico, Cd. de México, 27 de febrero, 2026.–Luego de la demanda de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Ernestina Ascencio Rosario, asesinada hace 19 años, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso, con los ordenamientos emitidos por la Coridh y de llevar a cabo una investigación por tortura sexual, a manos de elementos del Ejército en 2007.
En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Estado Mexicano cumplirá con la sentencia de la CIDH. En aquella ocasión subrayó que el ataque de los efectivos castrenses en contra de la mujer, de 73 años de edad, se dio durante el régimen de Felipe Calderón, en el marco de los abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narco”.
Se informó que la actuación estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).
Vigilancia civil
A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones civiles que la han representado, exigieron hace 3 días al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notiricada el 16 de diciembre del año pasado, emitida por laCorte IDH).
Las organizaciones: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH); Centro; de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM; Kalli Luz Marina A.C.; la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI); Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, manifestaron su preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.
Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitaron formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte.
Aseguraron que el Estado no ha realizado una propuesta clara y contundente. Ello, expresaron retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.
En un comunicado oficial se informó que se hará es que la fiscalí ejerció la facultad de atracción del en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana y que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.
Y recordó que CIDH, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. “Respecto del último derecho humano vulnerado, ello obedeció a que la investigación a cargo de la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables”, reconoció la Fiscalí.
Agregó que la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
Fallo histórico
El 19 aniversario de la tortura de doña Ernestina Ascencio Rorario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.
En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.
Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.
La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».
El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos.
A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.
Francisco Inés, hijo de Ernestina Ascencio, muestra una foto de su madre en su casa en la sierra de Zongolica, el 4 de marzo de 2007. Foto: Marco Peláez
FGR atrae caso de Ernestina Ascencio; investigará tortura sexual a manos del Ejército
La Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso de de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, con los ordenamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) a fin de llevar a cabo una investigación por tortura sexual, a manos de elementos del Ejército en 2007.
Lo anterior estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).
“La FGR ejerció la facultad de atracción del caso de una mujer indígena náhuatl, persona mayor, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia”.
La fiscalía dijo que las indagatorias refieren que la víctima, habitante de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue agredida sexualmente en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica.
En este caso, recordó que la CIDH, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. “Respecto del último derecho humano vulnerado, ello obedeció a que la investigación a cargo de la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables”.
Agregó que la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Estado Mexicano cumplirá con la sentencia de la CIDH. En aquella ocasión subrayó que el ataque de los efectivos castrenses en contra de la mujer, de 73 años de edad, se dio durante el régimen de Felipe Calderón, en el marco de los abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narco”.
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