Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 17 de abril, 2024.- Faltan solo 14 días para que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura.
Ni las campañas electorales de quienes buscan la reelección detuvieron el flujo de iniciativas altamente nocivas para la sociedad. La semana pasada se presentaron por separado tres particularmente preocupantes.
En apariencia, no guardan directamente relación entre ellas, pues una se refiere a las pensiones de las y los trabajadores; la otra atañe a la Ley de Amparo, juicio que permite a la ciudadanía protegerse contra los abusos de las autoridades; y la tercera es una modificación a la Ley de Amnistía para que el presidente de la república pueda amnistiar (es decir, perdonar) a cualquier persona sujeta a procedimientos judiciales o que esté cumpliendo una sentencia en prisión. Veamos cada una de ellas.
Comienzo con la propuesta para cambiar la legislación en materia de pensiones (5 leyes) y crear una nueva institución denominada Fondo de Pensiones para el Bienestar. Su propósito central es loable: elevar el monto de la pensión mínima garantizada por el Estado hasta 16 mil 400 pesos mensuales (ahora es de 7 mil 508 pesos, el equivalente a un salario mínimo), habiéndose cumplido con las 850 semanas de cotización y la edad de 65 años.
Cuando el presidente de la república anunció esta propuesta (la iniciativa no es directamente suya sino del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados) sólo habló del dinero a recibir, pero sin abordar lo más importante en materia de pensiones, que es la sostenibilidad, esto es, garantizar su pago mediante un fondo de reserva para ello.
Después de una serie de “ocurrencias”, entre las cuales destaca el fondeo con las utilidades del Tren Maya y del AIFA (condenados al subsidio gubernamental por muchos años), seguramente el grupo sensato que todavía permanece en la Secretaría de Hacienda debe haberse “percatado” de la falta de recursos para cumplir con esa promesa presidencial.
Primero, intentaron hincar el diente en los fideicomisos del poder Judicial, acción suspendida por los amparos concedidos a los trabajadores despojados. Después, encontraron un recurso que podían confiscar sin mayores consecuencias, que es el relativo a las aportaciones a las AFORE que, por diversas circunstancias personales y familiares, no han sido reclamados y que actualmente se encuentran en las propias administradoras o han pasado al Banco de México para su custodia.
Poco importa el despojo a los más vulnerables, generalmente personas que desconocen su derecho a disponer de esos fondos, así fueran cantidades individuales que para el gobierno son poco significativas.
Al ser insuficientes, los autores de la iniciativa pretendieron que las cuentas de las personas adultas mayores —de más de 70 años en el IMSS y de 75 años en el ISSSTE— pasaran automáticamente a la nueva institución. Al conocerse esta cruzada confiscatoria, ardió Troya. Y esto llevó a los autores a enmendar el dictamen que fue votado en comisiones de la Cámara de Diputados el lunes pasado y llevada al pleno este mismo miércoles.
Ahora, nos dicen, que no se afectará a los trabajadores en activo. ¿Y los inactivos, los pensionados? ¿Pasarán sus fondos a la administración del nuevo Fondo gubernamental?
El incremento de la pensión garantizada por el gobierno parece ser un mero pretexto. Se calcula que menos de 9 mil personas serían beneficiadas el próximo año. Entonces, ¿qué busca el presidente con esta iniciativa?
Ni más ni menos que los ahorros de los trabajadores, de los adultos mayores y de los más vulnerables, que son alrededor de “modestos” 40 mil millones de pesos en cuentas inactivas. ¿Y para qué los quiere? Sí, pensó bien, amig@ lector@: para seguir metiendo dinero a sus obras faraónicas, que difícilmente estarán concluidas y operando cuando en menos de 6 meses concluya su gobierno.
Al ser una reforma legal, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y Verde, la votarán en ambas cámaras. ¡Faltaba más! Y una vez encarrerados, quién evitará en el futuro que metan la mano a los fondos de pensiones que tienen acumulados casi el 25% del PIB (producto interno bruto), que representa el 90% del presupuesto federal de un año. La tentación es mayúscula para un gobierno que ha despilfarrado el ahorro de toda una generación de mexican@s en menos de 6 años.
¿Qué relación tiene esta iniciativa confiscatoria de las pensiones con las reformas a la Ley de Amparo? Tengo razones para pensar en la perversidad de la prevención frente a posibles actuaciones legales de las personas mayores que decidan evitar la confiscación de sus ahorros.
Me explico. Desde la reforma en materia de Derechos Humanos de 2011, existe la posibilidad de que un amparo presentado por una persona o un pequeño grupo, si es concedido, pueda hacerse extensivo a otros afectados que, por diversas razones sobre todo carencia de recursos económicos, no hayan realizado los trámites para defenderse del abuso gubernamental.
Imagínense, amig@s, que la Corte ampare a un/a adulto/a mayor, atendiendo las convenciones internacionales que México ha suscrito para tutelar el derecho a la Seguridad Social. El gobierno entonces quedaría imposibilitado de hincar el diente en las pensiones. Y eso no se puede permitir. Por eso, obsecuentes, los senadores se aprestan a modificar la Ley y a cerrar esa vía de escape ciudadano frente a la arbitrariedad gubernamental.
La tercera iniciativa, que ha hecho menos ruido pero es también muy preocupante, es la modificación de la Ley de Amnistía.
Se trata de eliminar cualquier impedimento para que el titular del ejecutivo federal pueda “perdonar” a cualquiera persona acusada de cualquier delito, haya sido juzgado y esté cumpliendo sentencia, o cuando su proceso aún esté en curso.
No pueden culparme por pensar que violadores, feminicidas, traficantes de drogas o personas enjuiciadas por corrupción, puedan “disfrutar” del beneficio del “olvido” (eso es la amnistía), que se les otorgaría porque así lo decide el presidente. Esta reforma vulnera el principio de separación de poderes, al darle al Ejecutivo facultades que la Constitución solamente le confiere al poder Judicial.
La mata de la 4T sigue dando frutos amargos. Ofrecer el “segundo piso” de esta cadena de despojos alerta a la ciudadanía sobre qué esperar. Quien vote a su favor, que luego no se llame engañado/a cuando desaparezca su pensión, porque se convirtió en durmiente de ferrocarril o forme parte de las obras inconclusas del obradorato.
dulcesauri@gmail.com ; Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
