Angélica de la Peña
SemMéxico, Ciudad de México, 12 de enero 2026.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que son niñas y niños todas las personas menores de 18 años y, de conformidad con el principio del Interés Superior de la Niñez, tienen prioridad de protección y atención gubernamental desde que nacen.
Sin embargo, seguimos comprobando año con año que la discriminación y la marginación social afectan irremediablemente a las niñas indígenas, y son víctimas del matrimonio infantil y el embarazo a temprana edad. No se necesita mucha suspicacia para señalar que, matrimoniadas o no, esos embarazos son consecuencia de una relación sexual abusiva y forzada.
En muchos pueblos indígenas sus padres lo promueven, las dan como mercancía. Y las autoridades lo consienten a pesar de que está prohibido. Nada impide que el matrimonio infantil sea una práctica ilegal en muchas poblaciones indígenas.
A pesar de su prohibición, tzotziles y tzeltales de Chiapas casan a las niñas por dinero, ganado u otra prebenda. Lo mismo en Guerrero, tanto mixtecos como tlapanecos entregan a las niñas a cambio de dote o como forma de resolver conflictos familiares o comunitarios. Los huicholes en Jalisco es común que casen a las niñas con hombres mayores que las eligen en fiestas rituales. Indígenas nahuas de Puebla y en zonas mazahuas del Estado de México acuerdan el matrimonio de infantas con hombres mayores, lo mismo sucede en otras zonas indígenas del país.
No importa que una niña sea violada por un hombre adulto y enfrente un parto que le desgarra su cuello uterino y su vagina, o tenga cesárea porque no puede parir ya que su pelvis no tiene ni la madurez ni la flexibilidad para el nacimiento del producto. No importa que no vaya a la escuela, ni juegue como una niña normal; sea lo que quiera ser; tenga derecho a desarrollar su propia personalidad.
Tal fue el reciente caso de una niña indígena de entre doce y trece años quien, de no ser atendida con urgencia en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, pudo perder la vida.
Esto motivó a la Colectiva 50mas1 de Chiapas a señalar la grave omisión de las autoridades al seguir permitiendo matrimonios infantiles que constituyen violencia sexual y la violación de los derechos de estas niñas, y evidenciaron la ilegal normalización consuetudinaria de casar a niñas con hombres adultos por el trueque de ganado, dinero, alcohol u otra mercancía.
Es inadmisible que el matrimonio o concubinato de niñas menores de 18 años siga escudándose en sistemas normativos, violando el artículo 2 de la Constitución Política.
En datos del Inegi, entre un siete o 10 por ciento de niñas menores de 15 años son madres en México. Una cuarta parte de este grupo serán madres por segunda vez antes de cumplir los 18 años.
Nos asombramos de países donde las niñas pequeñas con burka son dadas a hombres adultos y tienen prohibido estudiar o salir solas.
Pero aquí en México es una forma de trata con fines de explotación sexual y de servidumbre humana y lo dejamos pasar.
Las niñas indígenas son las discriminadas de las discriminadas. Es necesario que los funcionarios de los tres órdenes de gobierno dejen de ser omisos y tomen todas las medidas necesarias para protegerlas frente a estos delitos que les impiden ejercer sus derechos.
La imagen de una joven indígena portando la bandera como logo del Gobierno federal, la verdad frente a esta tolerada realidad, es pura demagogia.
Defensora de derechos humanos
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