- Hizo excepción tomando en cuenta la paridad, y fue acertado diputada Martha Tagle
- El uso de lenguaje inclusivo en las leyes es asunto sustantivo para la igualdad de género, ministra Norma Lucia Piña Hernández
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México, 17 de noviembre 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un proyecto de sentencia a favor de adoptar un lenguaje inclusivo en las leyes para apoyar la equidad de género, lo que en opinión de la diputada Martha Tagle genera una excepción de la paridad.
Precisó la diputada que se trató de una acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano contra las reformas a la Constitución de Puebla, promulgadas apenas el 29 de julio pasado, en cuyo artículo 12 se incluyó un párrafo donde se establece que todas las leyes del estado se aplican por igual a hombres y mujeres “sin perjuicio de la utilización del género masculino para la construcción gramatical del texto legal”.
A pesar de lo expresado a favor del uso del lenguaje incluyente tanto por el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien apuntó que, aunque gramaticalmente el lenguaje incluyente es incorrecto, el tema en este caso no es de formas pues “el lenguaje crea realidad y fortalece o modifica los estereotipos”, y lo expresado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández respecto a que el uso del lenguaje inclusivo en las leyes no es un aspecto meramente formal, sino sustantivo para la igualdad de género, la propuesta de inconstitucionalidad no fue aprobada.
La ministra Margarita Ríos Farjat, propuso declarar inconstitucional esta reforma pues afirmó que existe una obligación para que todas las leyes sean redactadas en términos binarios, que engloben por igual a hombres y mujeres. Abundó que la constitución poblana es contraria a la obligación que la Constitución general establece desde 2019 para la igualdad de géneros, pues una de sus finalidades fue “visibilizar a las mujeres mediante la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción de las normas que contemplan el derecho de la ciudadanía a ser votada”.
A pesar de estas voces de reconocer el uso del lenguaje inclusivo no se trata de un mero cambio de palabras, sino de que el lenguaje incluyente se respete en cada ámbito legislativo como lo señaló la ministra Lucía Piña Hernández no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
En contra de esta postura el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó, que la construcción gramatical de una ley en términos únicamente masculinos no significa que se aplique solamente a los hombres.
