- Se pospone para el 2021 Foro Generación Igualdad que se celebraría en México por COVID 19
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 5 de mayo de 2020.- América Latina y el Caribe es la región con mayor índice de feminicidios y donde las mujeres expresan los mayores niveles de percepción de inseguridad física señala el Informe Alternativo de la Sociedad Civil de América Latina “Beijing + 25: luces y Sombras.
Situación reafirmada por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena al declarar “las mujeres queremos un mundo sin feminicidio, sin violencia, con igualdad en materia de salarios, en materia económica, que no se haga nada sin nosotras. Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Llegó la hora de abrir el camino a la paridad en todas sus formas y escenarios”.
Lo anterior en la sesión de clausura de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo a fines de enero en Santiago de Chile, donde México junto con representantes de Francia y de ONU Mujeres presentó el Foro Generación Igualdad, como un espacio clave para generar el diálogo intergeneracional con una activa participación de los movimientos feministas y de mujeres de todo el mundo y que se llevaría a cabo en la Ciudad de México los días 7 y 8 de este mes de mayo.
El Foro Generación Igualdad fue pospuesto para mediados del año 2021 por la crisis mundial de salud pública del COVID-19, ya que en la medida que evoluciona el número de personas afectadas por la enfermedad continúa aumentando.
ONU Mujeres reconoce que las mujeres están desempeñando un papel desproporcionado en la respuesta a esta enfermedad, como cuidadoras, trabajadoras de atención médica de primera línea, líderes comunitarias y movilizadoras, a menudo con un gran riesgo para su salud. Nos solidarizamos con ellas.
Respecto al Foro en los meses previos a realizarse, informaron que se organizarán una serie de consultas virtuales para fomentar la participación de todos los actores, especialmente a las personas jóvenes, para trazar una agenda de acción transformadora a fin de lograr la igualdad de género y fortalecer la solidaridad, los movimientos y el liderazgo feministas y de la juventud.
Estas actividades, de los países de la región, se enmarcan en el proceso internacional de revisión de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB) a 25 años de su adopción.
De acuerdo el Informe “Luces y Sombras” se destaca que en los últimos cinco años, la desaceleración económica y el dinamismo de los mercados laborales, el estancamiento en el descenso de la desigualdad de ingresos, el aumento de la pobreza y un retroceso en los avances para disminuirla han dado como resultado que varios países, entre ellos México, así como Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Trinidad y Tobago, Colombia, y Puerto Rico hayan introducido medidas de austeridad y ajuste fiscal que reducen los alcances de los servicios de protección, de salud y de atención de la violencia contra mujeres y niñas.
Con miras a celebrarse los 25 años de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, por 189 países, como marco de políticas hacia la igualdad de género y los derechos de mujeres y niñas; organizaciones feministas, Organizaciones No gubernamentales (ONGs) y activistas de los derechos de las mujeres y niñas elaboraron el Informe “BEIJING+ 25: LUCES Y SOMBRAS” que es el Documento Alternativo de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe.
Se expone en el Informe que se observa un retroceso del ejercicio de los derechos de las mujeres, potenciado por movimientos anti-derechos que reivindican el uso de la violencia y la represión, justificando la persecución y criminalización de las personas defensoras de los Derechos Humanos al privilegiar la explotación de recursos naturales y sin respetar los derechos de los pueblos y comunidades originarias.
Los desafíos de la región pasan por profundizar los cambios del modelo económico en torno a la redistribución y explotación de los recursos naturales a fin de acortar las brechas de desigualdad, y mejorar sensiblemente la redistribución de la riqueza y las oportunidades de bienestar.
En este marco, el movimiento feminista plural y diverso de mujeres de América Latina y el Caribe se pronuncian en alerta, y se suman al clamor de la región, de ni un paso atrás en el respeto por la democracia y la Vida.
Señalan que la vigencia de la vida democrática es inviable con modelos económicos que se sustentan en la concentración de la riqueza, en el fortalecimiento de los fundamentalismos, del autoritarismo y de los movimientos anti-derechos que cuestionan el avance de los Derechos Humanos, en especial los de las mujeres.
Dividen su informe en seis áreas críticas de preocupación: 1) Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente: 2) Erradicación de la pobreza, protección y servicios sociales: 3)Libertad frente a la violencia, el estigma y los estereotipos: 4) Participación, responsabilidad e instituciones sensibles al género: 5)Sociedades pacíficas e inclusivas y, 6) Conservación, protección, y rehabilitación ambiental.
Destacan en la primera área, la desigualdad en la actividad económica de hombres y mujeres, en la Región, que presenta en promedio, una diferencia de más del 20% (74% los hombres, 50% las mujeres). Similar desigualdad presenta el desempleo urbano que, en 2018, era mayor en 2% para las mujeres, lo que implica que las mujeres estén sobrerrepresentadas entre quienes no tienen ingresos propios.
Debido a los altos niveles de informalidad y precariedad laboral y la menor dedicación horaria; la mayoría de las trabajadoras mujeres, carecen de protección social básica para la maternidad, durante la enfermedad y tampoco acceso a la jubilación.
En 6 países: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México y en menor medida Colombia, la participación de las mujeres en las empresas maquiladoras –reconocidas por las precarias condiciones de trabajo– es muy importante.
La división sexual del trabajo explica que el 43,4% de las mujeres, de entre 20 y 59 años en la Región, consideran la maternidad y las tareas de cuidado no remunerado como motivos principales para no buscar activamente o desempeñar un trabajo remunerado.
Persiste la desigual e injusta distribución de las tareas de cuidado, que ocupa dos tercios del tiempo de las mujeres en trabajo no remunerado y un tercio en el remunerado, a la inversa que lo que sucede con los hombres.
Si bien, la mayoría de los países avanzaron en medidas formales para eliminar la discriminación y la violencia laboral, incluido el acoso laboral, en México diariamente una de cada tres mujeres sufre algún tipo de esta violencia. En Guatemala, el acoso sexual es un problema generalizado en el ámbito laboral y el país no cuenta con marco legal al respecto, ni protocolos de atención, ni acciones de comunicación social para la sensibilización.
Las trabajadoras domésticas, una deuda pendiente de AL
La equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas es una deuda pendiente de los países de la región, sólo 16 países han ratificado el Convenio 189 de OIT sobre trabajo doméstico. México lo ratifica el mes de diciembre de 2019.
Para el 2015, sólo 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Costa Rica, sancionaron la igualdad de derechos en materia de trabajo doméstico, pero el porcentaje de trabajadoras registradas es aún muy bajo, sólo Brasil informa un incremento en el número de trabajadoras registradas y menor aún, el de las sindicalizadas.
Sumado a la falta de análisis combinados de datos según etnia/raza, se invisibiliza los efectos conjuntos de la discriminación de género y racial que actúa, sobre las mujeres indígenas y afrodescendientes.
La población rural correspondía a cerca del 21% de la población de la Región en 2015; casi la mitad son mujeres, y una importante proporción de ellas, indígenas; muchas de ellas son obligadas a permanecer o a migrar de sus localidades debido a situaciones de pobreza y violencia. Para las mujeres rurales indígenas, los procesos migratorios obedecen a múltiples razones como la inseguridad territorial, la crisis climática, la falta de oportunidades laborales, los conflictos armados y la violencia.
Las mujeres indígenas, frecuentemente migrantes forzadas, empujadas por la discriminación y la desinformación, se ocupan en trabajos informales, con largas jornadas de trabajo, que vulneran sus derechos.
En México, el 90% de las trabajadoras domésticas son mujeres; entre ellas, las mujeres indígenas duplican y hasta triplica el número de mujeres no indígenas. Para ellas, sujetas de discriminaciones interseccionales, se agravan las condiciones de precariedad, informalidad, segmentación en sus ocupaciones, y su consecuente desprotección social
Las mujeres afrodescendientes, se ocupan en peores empleos que las mujeres blancas/mestizas, también están sobrerrepresentadas en el trabajo doméstico remunerado y tienen dificultades para acceder a trabajos más calificados por las representaciones sociales sobre ellas, encasillándolas en los roles domésticos
Mientras que las mujeres que se dedican a la agricultura, tienen bajo acceso a los medios de producción, como tierra, agua, semillas, insumos y la calidad de las tierras que controlan es baja y las que desarrollan emprendimientos tienen acceso en menor proporción a productos financieros que los hombres.
En general, a las trabajadoras campesinas no se les reconoce su trabajo ya que es considerado una extensión del trabajo doméstico por tanto no perciben salarios ni otros beneficios.
Uruguay es el único país de la región que ha establecido una regulación del trabajo sexual, con un enfoque sanitarista, en el resto de los países, existen diversas normas que criminalizan las acciones relacionadas con el trabajo sexual, y quienes lo ejercen padecen de múltiples violaciones a sus derechos y son obligadas a ejercerlo en condiciones laborales precarias, inseguras y violentas.
Las mujeres trans, no tienen acceso casi al empleo formal, debido a los prejuicios junto a la falta de documentación acorde con la identidad de género auto percibida. Esto las margina al trabajo sexual para subsistir, tan sólo en el 2016-2017 el 15% tenía un trabajo formal de las que sufrieron alguna vulneración de sus derechos.
El trabajo por cuenta propia que no cuenta con protección social y que representa un 26% de las trabajadoras, con grandes diferencias entre los países, se trata de un medio de mera subsistencia con muy bajos ingresos.
La inclusión financiera presenta también indicadores de desigualdad. Solo el 50.6% de las mujeres tienen una cuenta bancaria; casi 6% menos que los hombres. Las mujeres reciben créditos por menores montos y a costos más altos debido a que son titulares de menos activos para garantía y que desarrollan actividades de menor rentabilidad.
