- Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o fortalecer la legislación existente
Por Redacción
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 04 feb. 2020.– La unidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado en su último informe a adoptar leyes que protejan a personas LGTBI tras el auge generalizado de los discursos de odio que ha observado en un análisis de los 49 países europeos y cinco del Asia central.
De esta forma, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar las leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.
La décima edición de su informe recoge las conclusiones del análisis de los países europeos y asiáticos, concluyendo que actualmente en Europa existe “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.
La investigación señala el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarrús, Bornia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBfóbico se difunde con total impunidad.
Además, el informe alerta de que no sólo es preocupante el aumento de los discursos de odio en la esfera pública, sino que también se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGTBI.
Según ILGA Europa, países como Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a esta situación. Sin embargo, dado el contexto actual, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.
Por su parte, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas del colectivo y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha” ha recalcado.
De esta manera, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los diez países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA Europa en su informe, se debe precisamente a la falta de legislación estatal.
“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos solo están aprobados en determinadas autonomías” alerta Sangil.
Preocupación del Parlamento Europeo
Asimismo, ILGA Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGTBI, incluidas “zonas sin LGTBI”. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGTBI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE).
La resolución admite que esos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio a las personas del colectivo van en aumento en toda la Unión Europea, con una respuesta de las autoridades que siguen siendo, con demasiada frecuencia, inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGTBI.
