Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico. Mérida, Yucatán. 06 de octubre 2021.- Primera llamada. Canacintra Yucatán organizó la semana pasada el Foro de Energía Sustentable.
No se apagaban los ecos de la jornada cuando llegó el anuncio del envío al Congreso federal de una iniciativa del presidente López Obrador para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el objetivo de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, desde su perspectiva, garantizar a través de esta empresa pública la seguridad energética de México.
La propuesta presidencial incluye desaparecer las subsidiarias y filiales de CFE para reintegrarlas a un solo organismo que realizaría todas las funciones. Desde luego, desaparecerían los órganos reguladores autónomos —Comisión Reguladora de Energía— y entrado en gastos, el Ejecutivo se dispone a acabar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la que regula al sector petrolero.
El litio, mineral indispensable para una serie de productos electrónicos y digitales de nueva generación, ya no podría ser concesionado para su explotación a particulares, sino que estaría reservado exclusivamente para el Estado.
“Rescatar” en el lenguaje del presidente López Obrador significa eliminar o minimizar la generación privada de energía eléctrica, lo que incluye los proyectos eólicos y fotovoltaicos (solares), para darles prioridad a las plantas de CFE, aunque produzcan energía más cara y contaminante. “Reforzar” quiere decir en el código presidencial eliminar los “molestos” contrapesos de los órganos reguladores que, si bien han sido “colonizados” a través de la integración de comisionad@s de dudosa capacidad técnica, con esta reforma se pretende desaparecerlos completamente.
Y si ya no existe la participación privada en la generación, ¿para qué se requeriría un Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), con la obligación de despachar primero al fluido más barato, sea de CFE o de otras empresas generadoras?
Por eso el tufo a pasado que despierta la iniciativa presidencial: un regreso a la década de 1970, cuando el sistema eléctrico nacional dependía exclusivamente de las plantas de CFE y de Luz y Fuerza del Centro para satisfacer la demanda de electricidad en un país en pleno crecimiento.
Eran los tiempos de las termoeléctricas, que funcionaban con combustóleo o diésel; de los primeros pasos de Laguna Verde, única productora de electricidad a través de la energía nuclear; de la etapa en que se cosechaba la construcción de grandes presas de las décadas anteriores, para fortalecer la red hidroeléctrica del país, que databa de finales del porfiriato.
Revertir la reforma energética, incluida la electricidad, tendría un enorme costo para el país en términos de crecimiento económico al no poder satisfacer la demanda de un insumo fundamental para cualquier proceso productivo. Afectaría también a los hogares, agobiados ya por el pago de las altas tarifas eléctricas, en especial los de familias de clase media, aquellas tan menospreciadas y atacadas por el presidente López Obrador.
Al brusco freno a los proyectos de energía eólica y solar que prácticamente ya estaban a punto de ejecución se suma a la incapacidad financiera del gobierno federal para echar a andar la construcción de centrales termoeléctricas en distintas partes del país, dos de ellas comprometidas para Yucatán.
Es altamente improbable que antes de tres años, fecha fatal del final de esta administración, estén operando, debido al tiempo necesario para la materialización de estos proyectos.
El presidente López Obrador envió la iniciativa a la Cámara de Diputados como instancia de origen. Lo que apruebe deberá pasar al Senado para su discusión como cámara revisora. Me parece que la selección presidencial de por dónde empezar no fue accidental. Para mí es una especie de prueba sobre el alcance de la negociación y presión sobre las y los nuevos diputados. Es cierto que la mayoría la tiene Morena y sus aliados del Verde y del PT, pero también lo es que sus 278 legisladores no alcanzan la mayoría calificada de dos terceras partes (334) que requiere una reforma constitucional: le faltan 56 votos que tendrían que provenir de una parte de los 222 integrantes de los grupos parlamentarios opositores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
El PRI, con sus 70 diputad@s, es el único que por sí mismo podría brindar los apoyos necesarios a Morena y a la propuesta presidencial. En las próximas semanas, el PRI tendrá que elegir entre volver al pasado de los combustibles fósiles y de la exclusividad del Estado o comprometerse a fondo para volver al futuro de las energías limpias, de la autosuficiencia energética a partir de desarrollar el derecho de la ciudadanía para generar, consumir y comercializar su propia energía limpia a través de paneles solares, aerogeneración y otros procedimientos que la tecnología pone cada vez más al alcance de las familias y los pequeños negocios.
El PRI ha sido un partido reformista, de vanguardia, no del retroceso nostálgico. Su grupo parlamentario tiene, sin duda, la obligación de analizar y discutir la iniciativa presidencial, pero no lo hará en el vacío, sin posición predeterminada, sino desde su experiencia de gobierno y sus propios documentos básicos, donde con claridad se establece el compromiso con el desarrollo sustentable y modernización del país mediante un sector energético fuerte.
Tres años pasan rápido cuando la sociedad decide optar por el futuro. Ante la contrarreforma energética, se trata de resistir la presión del presidente López Obrador y su gobierno, que buscan los votos suficientes para retroceder. De apoyar esta reforma, el costo político para el PRI sería muy grande. Pero mayor sería comprometer la viabilidad futura de un desarrollo sostenible, aquel que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
Es apenas la primera llamada del pasado. Vendrá la segunda, para retroceder en materia electoral. Y la tercera, para comprometer el presupuesto público en la nostalgia de un tiempo que no puede, no debe volver. De ese tamaño es el reto del PRI: ganar el futuro o disolverse en el presente-pasado.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
