Especialista documenta la situación y urge al Ejecutivo y al poder legislativo a corregir el rumbo
Denuncia que tres empresas consumen el 48 por ciento del agua, lo sabe la autoridad y deja hacer
Redacción
SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, Guerrero, 6 de noviembre , 2024. – Pedro Ponce Javana, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, exhortó al Poder Ejecutivo Federal así como al Poder Legislativo a corregir el rumbo y garantizar el desarrollo rural sustentable en las comunidades indígenas ya que con las actuales leyes en materia ambiental y de producción agrícola se carece de mecanismos de defensa para controlar el ecocidio en territorios ejidales por parte de las iniciativa privada y para incrementar la producción de granos básicos.
Asimismo hizo un llamado a los gobiernos estatales para que protejan dentro de sus leyes locales el medio ambiente, los recursos naturales y principalmente el agua toda vez que ésta está acaparada por grupos empresariales.
Mencionó, el investigador de la UACh, que de acuerdo con datos presentados por el Gobierno de la Ciudad de México, en marzo del año pasado, 10 empresas entre las que se encuentran las dos principales refresqueras, una empresa productora de leche, así como una cervecera, tienen 48 por ciento del volumen total de agua concesionada en la capital.
Es importante, resaltó el profesor Ponce Javana, saber que si nosotros queremos lograr la autosuficiencia y la soberanía alimentarias, debemos reconocer la integración del capital humano, el capital social, el capital cultural, y con ello sí podremos generar propuestas de desarrollo sustentable para el medio rural.
Este año de 2024, por ejemplo, México cerrará con importaciones récord de granos. Hasta septiembre la compra de granos rondaba los 29 millones de toneladas, con lo que se cubre únicamente alrededor del 65% del consumo nacional.
En este momento, una alternativa real es la agroecología para 32 mil ejidos y es necesario dejar de lado la revolución verde; lo que representa un reto para la cuarta transformación, sostuvo.
Es por ello, dijo, es necesario revisar urgentemente el artículo 27 constitucional así como la ley de desarrollo rural sustentable, porque ahí viene estipulada la acción de la sociedad civil, a través de los consejos municipales y estatales, para el desarrollo rural sustentable.
En ese sentido, expuso que más de los 2 mil 440 de los municipios que existe en el país, ni el 10% han instalado los consejos para el desarrollo rural sustentable por lo que es necesario entender que son los campesinos quienes han tenido que sobrevivir la primera, la segunda, la tercera y la cuarta transformación de este país.
Entonces el desarrollo sustentable debe ser transversal pero desde 1940 vemos que sexenio tras sexenio, vienen programas y programas pero prevalece la pobreza y la marginación en los pueblos rurales.
Indicó que en contraparte, el modelo de desarrollo sustentable se ha ido para la industria o para el mercado olvidando al medio rural y la soberanía alimentaria al imponer teorías extranjeras que convierten los recursos naturales en mercancía.
El profesor Pedro Ponce Javana, comentó que del sexenio pasado y los que le antecedieron ha venido privatizando los recursos naturales hasta alcanzar un 70% de territorio nacional privatizado y un ejemplo es el agua, la cual está muy privatizada por lo que “de qué no sirve que sea un derecho humano y esté plasmado en el 27 constitucional y de que dos terceras partes de los recursos hídricos del país se encuentren en los 99.7 millones de hectáreas de propiedad social”.
De ellas, apuntó, una superficie de 62 millones de hectáreas con cubierta forestal, (el 64.11%), está en manos de 15,481 núcleos agrarios, son tierras de uso común. Para el año 2012, México había perdido ya el 34% de su cobertura de bosques y selvas, y el 45% del territorio padecía algún tipo de degradación.
De 2000 a 2010 hubo una pérdida anual promedio de 195 mil hectáreas de bosque por cambios de uso de suelo y tala ilegal. La cubierta forestal se reduce en casi 90 mil hectáreas al año, principalmente por el crecimiento urbano y aumento de la superficie agropecuaria.
El deterioro ambiental en el campo también se encuentra expresado a través de los cambios de destino a que se han sujetado a las áreas de uso común. Cambios de forestal a aprovechamiento agropecuario han disminuido la superficie forestal y, por tanto, provocado erosión y reducción de la cubierta vegetal de las tierras fértiles.
Los recursos forestales, mineros, reservas de la biosfera así como algunos de los mayores tesoros arqueológicos del mundo se localizan en las áreas comunes de ejidos y comunidades, por lo que el resguardo y la certeza jurídica de estos polígonos son vitales para las futuras generaciones.
