Luz (Lucha) Estela Castro, abogada, activista social, feminista y defensora de los derechos humanos en México nos comparte profundamente los inicios y el sentido de la lucha de las mujeres en México.
Abogada incansable luchadora por los derechos humanos en Chihuahua
Ejemplo del movimiento feminista internacional le cuenta a Alicia Oliver todo
Alicia Oliver *
¿Cómo se inicia en la defensa de los derechos de las mujeres?
Mi padre y mi madre tuvieron una empresa de perforación de pozos. Mi madre fue la primera mujer empresaria en ese ramo que es muy masculino. Pudieron hacer una pequeña fortuna y tuvimos una vida privilegiada. De pronto, las deudas de los bancos llegaron, mi padre vendió sus propiedades para pagarlas y nunca terminó. El pobre viejo murió pensando que él era responsable de no pagar las deudas. Lo único que nos quedaba era la casa familiar, y mi madre y mis tres hermanas me dijeron: tú eres la abogada de la familia, no dejes que nos quiten nuestra casa.
Así inicié en la cochera de casa reuniones para después formar parte de un gran movimiento social. Sin buscarlo me convertí en líder de las mujeres de ese movimiento. Éramos muy creativas para protestar, recuerdo que en una ocasión en la plaza pública auxiliadas por enfermeras nos sacamos sangre, llenamos un recipiente y llegamos hasta el edificio de un banco y pusimos un gran letrero: “Los bancos están desangrando al pueblo de México “. Las mujeres vivían mucha violencia, los hombres las responsabilizaban de que gastaban mucho, algunos hombres se fueron a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero, y nunca volvieron. Y fueron las mujeres de clase media las que nos organizamos.
El movimiento social El Barzón Chihuahua surgió en 1994 a raíz del fenómeno conocido como “el error de diciembre”, que fue un colapso financiero que se transformó, de la noche a la mañana, en deudas bancarias impagables, y miles de mujeres salimos a la calle defendiendo nuestras casas.
¿Cómo se organizaron?
La Suprema Corte de Justicia de México validó el cobro de intereses sobre intereses de las instituciones bancarias, y el resultado fueron sentencias legales, pero muy injustas. Fue la primera ocasión de una irrupción colectiva que cuestionó el Poder Judicial. Nos organizamos y una de las acciones más importantes fue la alfabetización jurídica y la resistencia civil pacífica. Socializar el derecho implicó hacer talleres para que las mujeres conocieran el procedimiento mercantil, y lo más importante, ellas adquirieron herramientas para revisar sus propios expedientes, transcribían los acuerdos, se enteraban de la proximidad de los desalojos y desahucios. Nos organizamos para impedirlos, llegábamos a las casas y las mujeres rodeábamos con nuestros brazos la vivienda, utilizamos la resistencia civil pacífica para evitar los desalojos y al final los bancos terminaron negociando.
Las mujeres que salimos a la calle a defender nuestro patrimonio no nos regresaron pasivamente a la casa, nos convertimos en activistas y muchas se integraron en el movimiento de Mujeres de Negro, que luchamos por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Es cofundadora de varias organizaciones, una de ellas es Justicia para nuestras hijas (JPNH). Háblenos de cómo surgió y del trabajo que realizan.
En 2002 cofundé JPNH con madres e hijas desaparecidas y asesinadas. La década de los 90 marca al estado fronterizo de Chihuahua, en México, como el territorio de los feminicidios, aunque en un principio este fenómeno se diera a conocer pública y periodísticamente como “Las muertas de Juárez”. La aparición de cuerpos de mujeres asesinadas en el espacio público con signos de violencia extrema, mostró una realidad cotidiana que enfrentaban las mujeres sin que en ese entonces fuera percibida como una problemática social de carácter estructural.
La primera metodología para documentar la violencia feminicida en México, fue a partir del monitoreo de las noticias sobre crímenes en los periódicos locales, elaborada por Esther Chávez Cano, una feminista de Ciudad Juárez que nos advirtió de lo que estaba sucediendo. Eso fue en 1994 y desde esa fecha iniciamos un feroz activismo para gritarle al mundo lo que estaba sucediendo en mi país.
El hecho de que el fenómeno de los feminicidios trascendiera las fronteras y se adoptara como una causa feminista, se debió al compromiso inquebrantable y a la lucha de las madres de víctimas que, junto con un grupo de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos las acompañamos en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Uno de los aportes más importantes de JPNH es el ejercicio pleno de la coadyuvancia, que es la participación activa de las madres y su acusadora coadyuvante (abogada) en los procesos judiciales. Históricamente las olvidadas de los procesos penales en México fueron las víctimas, quienes actuaban en nombre de ellas eran exclusivamente el fiscal que tenía el poder de tomar todas las decisiones. Por eso, las pretensiones de las víctimas no sólo eran invisibles, sino que no importaban. Las madres tomaron el papel protagónico en las investigaciones, la búsqueda de testigos y en los juicios.
¿Algún ejemplo significativo?
En la década de los 90, las madres de Ciudad Juárez que tenían hijas desaparecidas denunciaban que las autoridades no las buscaban, pero no podían demostrarlo. Cuando me pidieron que fuera su abogada, presenté un escrito en el que asumimos la coadyuvancia la madre y yo, y solicitamos copia de la carpeta de investigación. Así descubrimos que Julieta Marleng González, hija de doña Consuelo Valenzuela, y Érika Noemí Carrillo, hija de Hortensia Enríquez, desaparecidas a inicios del 2000, tenían un expediente de siete páginas. Por supuesto, la fiscalía informaba a las madres que habían realizado rastreos o declaraciones de testigos, pero no era cierto. Así empezamos a documentar y exhibir la indolencia del Estado, y nuestro trabajo fue retomado por Amnistía Internacional en el 2003 con “El informe México, muertes intolerables: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”. Las madres se convirtieron en coadyuvantes; de víctimas, a activistas y defensoras. Con esta información y las denuncias que hicimos como Mujeres de Negro llegaron las recomendaciones internacionales de la OEA, la ONU, la UE que obligaron al Estado mexicano a reconocer los feminicidios y desapariciones de mujeres.
La sentencia internacional conocida como “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena, en el 2009, al Estado mexicano como responsable, por negligencia, de la desaparición y muerte de varias jóvenes. Esta sentencia está considerada como pionera, pero, a día de hoy, las desapariciones y muertes de mujeres se siguen sucediendo en todo el país. Realmente, ¿ha servido de algo?
México es conocido en la región, como un país que tiene grandes avances en el marco jurídico que tutela los derechos de las mujeres. Se han firmado los principales tratados internacionales: Cedaw, Belén Do Pará. Tenemos una ley modelo, la ley general por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ley de víctimas y, por supuesto, la sentencia de Campo Algodonero. Las leyes son bastante aceptables, el problema estriba en el componente político estructural, es decir, la interpretación que hacen los operadores (fiscales, peritos, juzgadores/as) del sistema de justicia de las leyes vigentes.
Y para modificar esa interpretación fue necesario recorrer un largo camino de activismo por más de treinta y cinco años. Éramos un puñado de mujeres que utilizamos la creatividad y colocamos en la agenda internacional el fenómeno del feminicidio.
En 1994 no teníamos redes sociales, así que denunciamos la violencia contra las mujeres usando nuestro cuerpo, nos vestimos con una túnica negra y un sombrero rosa con el eslogan de: Ni una más. Impulsamos procesos de memorialización como respuesta política a la indolencia del estado, y construimos un antimonumento y cruz de clavos que colocamos frente al palacio de gobierno de Chihuahua, con el nombre de cada mujer asesinada, rescatando su historia. Ellas no son un expediente más, son mujeres que tenían sueños y les fueron arrebatados.
Esta experiencia se ubica geográficamente en Chihuahua estado norteño, pero los logros obtenidos irradiaron a todo el país. Logramos la primera fiscalía para investigar los feminicidios. Que se instalara la primera comisión de feminicidio del congreso en el país, y el primer centro de justicia para las mujeres que posteriormente fue replicado en el resto del país. Y por supuesto, para exigir la capacitación de los operadores del sistema de justicia, invocamos la responsabilidad del estado con la emblemática sentencia de Campo Algodonero. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos los feminicidios y desapariciones de mujeres continúan en ascenso: once diariamente. Es un problema estructural que requiere la deconstrucción del patriarcado, dejar de normalizar las violencias, atención urgente a las medidas de protección y el problema de la impunidad.
Además del acompañamiento y defensa de las familias que realiza en tanto que abogada, también se ha dedicado a impulsar el liderazgo político de las mujeres. Cuéntenos de esta experiencia.
Una de mis aportaciones a la lucha de las mujeres por el anhelo de vivir una vida libre de violencia pasa por inspirar a las jóvenes que abracen los derechos humanos como proyecto de vida. Generalmente trabajar en Derechos Humanos no entra en las aspiraciones juveniles, al vivir en un modelo individual, neoliberal y patriarcal en el cual los modelos a seguir tienen que ver con el éxito económico, la figura perfecta talla cinco, o el número de seguidores que consigues en tus redes sociales. Por otro lado, en tanto que quienes gobiernan un país son los hombres, las mujeres tenemos pocas posibilidades de incidir en políticas públicas o en la forma de gobernar, por tal motivo el movimiento feminista impulsa la participación de las mujeres en espacios públicos, desafortunadamente en la experiencia de Chihuahua nos va muy mal. Abrir el camino significó que hoy llegara al gobierno la primera mujer en la historia y es una mujer conservadora anti derechos de las mujeres y provida.
Otra cruzada suya es la que tiene que ver con la discriminación de las mujeres en las iglesias. No solo denuncia el poder político, sino también el poder religioso.
Por mi formación de teóloga, la metodología que utilizo para hacer el acompañamiento legal a las víctimas se inspira en las comunidades eclesiales de base, es decir el Ver, Pensar y Caminar. Acompañar desde el respeto absoluto a la dignidad de las personas, abordar el sufrimiento en sus vidas y compartir procesos de resurrección, es, ante todo, cultivar la capacidad de escuchar, de pensar colectivamente y caminar a sus pasos.
Tuve el privilegio de estudiar en el seminario de Chihuahua la carrera de Teología donde acudían solo varones que llegarían al sacerdocio. Fue el tiempo de los llamados obispos rojos (Samuel Ruiz, Sergio Méndez Arceo, Adalberto Almeida) por su compromiso con la Teología de la Liberación que comulga con el actual Papa Francisco.
Al ser la primera mujer laica que estaba estudiando me interesé en hacer un estudio paralelo y profundizar en las aportaciones de las invisibles mujeres de la iglesia a lo largo de la historia. Cuestiono el modelo patriarcal que justifica el sufrimiento de las mujeres. Sin lugar a dudas, la iglesia es un gran baluarte del patriarcado. Ahora que vivo en Barcelona, me he encontrado con las mujeres de Alcem la Veu, que forman parte del Consejo de Mujeres Católicas, grupo global de más de sesenta organizaciones católicas, que trabajan por el reconocimiento de la plena igualdad de las mujeres de la iglesia. Igualmente participo muy activamente en la organización Tras las huellas de Sophia. Pero más allá del activismo feminista en esos espacios de la academia, el compromiso que más me define es alzar la voz profética para denunciar las injusticias que se cometen y a la luz del evangelio.
Supongo que por su trabajo y activismo habrá sufrido amenazas de muerte. ¿Es por eso que ahora reside en Barcelona?
Sí, he tenido amenazas de muerte y he tenido que llegar a los juicios con escolta. En alguna ocasión vandalizaron nuestras oficinas y, por supuesto, he tenido que soportar campañas permanentes de desprestigio orquestadas desde el gobierno. Uno de los casos más emblemáticos que llevé fue el de Marisela Escobedo, una madre de familia que fue asesinada frente al palacio de gobierno cuando exigía que detuvieran al feminicida de su hija. Su historia se encuentra en Netflix bajo el nombre de Las tres muertes de Marisela Escobedo. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas provisionales desde el año 2013, y otro caso que también tiene una sentencia internacional es la desaparición forzada de Roció, Nitza Paola y José Ángel Alvarado, los perpetradores fueron integrantes del ejército mexicano y hay una sentencia internacional del 28 de noviembre del 2018 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Alvarado Espinoza y otros Vs México). Este caso fue una gran preocupación para mí y apoyé que mis hijas y nietos se vinieran a vivir aquí. Ahora estoy en Barcelona con un diagnóstico de cáncer en etapa cuatro, sobreviviendo a esta enfermedad.
Pero sigue activa y acaba de presentar el libro “Una Lucha colectiva. Testimonios”. ¿Cómo se gestó el libro y que enseñanzas nos deja?
En treinta años de activismo permanente, con tomas de puentes internacionales, marchas, plantones, paradas… invariablemente pensábamos al levantar el campamento, que debíamos escribir la historia para las nuevas generaciones, pero nunca tuvimos tiempo para hacerlo.
Se supone que desde hace dos años yo debería estar muerta. Llegué con un diagnóstico de tres meses de vida para despedirme de mi familia, y aquí sigo. Venir a Barcelona me dio la oportunidad de retomar el sueño de escribir el libro. Uno de los primeros obstáculos que enfrenté es que no traje mis archivos, así que debí reconstruir la historia buscando correos viejos, haciendo memoria y solicitando a las personas que me habían acompañado estos años, que me escribieran sus testimonios.
Tenía ante mí un gran rompecabezas de textos, no tenía idea como darles forma, entonces apareció en mi vida Eillen Truax, una experimentada reportera y escritora mexicoamericana que hilvanó los textos sueltos y los convirtió en libro. Y en un mes y medio teníamos el borrador, y también quiero sumar a otra mujer, Josefina Larragoiti, dueña de una pequeña editorial en México, el nombre lo dice todo: Editorial Resistencia.
El libro “Una lucha colectiva” es la respuesta política a la sordera y silencio de las autoridades frente a las violencias de género, que recoge el grito de las víctimas de feminicidio, de las desapariciones forzadas, es un libro de denuncia que invita a la reflexión sobre el compromiso social, la memoria histórica, la solidaridad de las luchas compartidas y la esperanza de otro mundo posible.
Como dice Lucha Castro es un libro que exhibe la indolencia de los operadores del sistema de justicia: policía, ministerio público, peritos, abogados/as de víctimas y de victimarios, jueces y juezas en la impartición de la justicia. Y no lo hace desde la teoría, sino a través de testimonios concretos que la acompañaron en estos treinta y cinco años de militancia feminista. El libro, que se ha presentado en la Librería Altaïr, muestra, sin duda, el trabajo de resistencia colectiva de estas pioneras activistas que consiguieron gritarle al mundo lo que estaba ocurriendo en México. ¡Gracias por hacerlo posible!
Periodista. Coordinadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas. Entrevista publicada originalmente en Diario Feminista.
