La Red Femenina Quintanarroense exige destitución inmediata
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 3 de octubre, 2024.- La Red Feminista Quintanarroense exige la destitución inmediata de Luis Gamero Barranco como secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, ya que es el agresor de violencia política en razón de género de la titular, razón por lo cual está inscrito en el registro de personas sancionadas por este motivo.
El nombramiento viene desde arriba señalan las feministas y consideran una burla inaceptable e incongruente el nombramiento de un “supuesto gobierno humanista y con corazón feminista” como ha calificado su gobierno la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Cuestionan cómo un violentador puede ser un servidor público de alto nivel. Ahora la víctima tendrá que soportar a su agresor cada vez que haya sesión de cabildo para atender asuntos relacionados a la administración del municipio.
La presidenta municipal fue reelecta para el periodo 2024-2027 y este lunes fue el nombramiento de Luis Gamero Barranco.
Cabe recordar que Luis Gamero Barranco fue denunciado en el 2021 por violencia política en razón de género, ya que quería que la presidenta municipal de Othón Blanco que contendía en ese entonces por el cargo quería que renunciara para sustituirla en la planilla, lo que no logró. La Sala Xalapa determino que si se acreditaba violencia política en razón de género en el expediente JDC-955/2021.
“Desde el 2022, Luis Gamero interpuso una serie de recursos de queja contra el dictamen del Instituto Electoral de Quintana Roo que en diciembre del 2023 ratificó que Luis Gamero Barranco incumple el requisito de elegibilidad y no puede ser considerado candidato para ningún cargo de elección popular, ya que su nombre se encuentra en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) por un período de cinco años y 4 meses y que vence hasta septiembre de 2026”. publicó el medio Noticaribe peninsular. com.
La Red feminista quintanarroense señalan lo que sostienen Las Constituyentes MX “Desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad, implica dar un trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso a la ciudadanía, lo cual, le confiere al servicio público una dimensión no sólo humana, sino ética”.
Por tanto, las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña a nuestra sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
Agregan que la violencia familiar, la violencia sexual y en general la violencia de género contra las mujeres vulneran gravemente los derechos humanos y libertades fundamentales de las mexicanas y en este caso de todas las quintanarroenses.
La ocupación de un cargo público reviste de gran importancia, razón por la cual, desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos.
Insisten que es necesario que así como ya se ha logrado la reforma a nivel federal, en Quintana Roo, es urgente que el Congreso del Estado de Quintana Roo legisle para impedir que agresores, deudores y acosadores ocupen espacios en el poder público. La Ley de 3 de 3 contra la violencia debe legislarse y aplicarse para lograr que ningún agresor esté en el poder.
Cuando nos cuestionemos porqué todos los recursos invertidos, porqué las supuestas políticas públicas y las acciones afirmativas a favor de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres no trascienden, ahí tienen parte de la respuesta: Por qué los agresores siguen en el Poder.
