La despenalización parcial bajo el régimen de plazos y causales ha mantenido la apertura de investigaciones penales en casos de aborto.
CDMX es la entidad con más investigaciones iniciadas de enero 2012 a diciembre 2022.
Redacción
SemMéxico, 7 mayo de 2025.-La criminalización como los obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro persisten concluyó el Grupo de Información en Reproducción Elegida, tras conocer que hay más de 2 mil 100 denuncias en este sentido y analizar qué ha pasado desde el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia.Señala, en un comunicado oficial que las instituciones de salud suelen ser las primeras en criminalizar a quienes deciden abortar o enfrentan abortos espontáneos; dejan en segundo plano la responsabilidad de brindar atención, consejería y/o acompañamiento y actúan como entes de vigilancia, lo que propicia que se inicien procedimientos penales, incluso cuando no hay evidencia de que se haya cometido un delito.Datos oficiales muestran que la despenalización parcial bajo el régimen de plazos y causales ha mantenido la apertura de investigaciones penales. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia CDMX, la Ciudad de México destaca como la entidad con más investigaciones iniciadas (1,337) de enero 2012 a diciembre 2022, lo cual llama la atención pues se trata de la primera entidad que despenalizó parcialmente el aborto. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que entre enero 2015 y agosto 2024 se registraron 1,240 carpetas abiertas en la capital, cifra que supera al resto del país.Lograr que el aborto sea un servicio de salud universal implica abandonar el uso del derecho penal para regularlo. Restringir a las mujeres y personas gestantes su libertad para tomar decisiones sobre su reproducción puede generar efectos nocivos sobre su salud física, al tener que recurrir a la práctica de abortos inseguros, en algunos casos, y su salud mental, por el estigma y el miedo a ser criminalizadas. En suma, la penalización del aborto, parcial o total, incumple con la obligación de los Estados de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud.El aborto debe eliminarse de los códigos penales y ser un tema exclusivo de las regulaciones y de la política pública sanitarias, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se garantice su atención integral, segura y de calidad.El aborto, como servicio de salud y ejercicio de la autonomía reproductiva, sigue siendo criminalizado en muchas partes de México, lo que genera sanciones para quienes deciden interrumpir un embarazo. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la prohibición absoluta del aborto a nivel federal, la legislación estatal sigue siendo diversa, con algunos estados que permiten el aborto bajo ciertas circunstancias o por voluntad de la mujer. Situación actual del aborto en México:Despenalización a nivel federal:La SCJN ha determinado que la prohibición del aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional, lo que significa que no se puede sancionar penalmente a mujeres o personal de salud por realizar o prestar el servicio de aborto. Legislación estatal variable:A pesar de la decisión de la SCJN, los códigos penales estatales siguen siendo relevantes para la regulación del aborto, y algunos estados aún lo penalizan en ciertos casos. Acceso legal en algunos estados:En algunos estados, como la Ciudad de México y Oaxaca, el aborto es legal por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Aborto por causales:En todas las entidades federativas, el aborto está permitido en casos de riesgo de vida o salud de la gestante, o por violación sexual. Desafíos para el acceso:A pesar de las reformas, grupos conservadores han intentado incluir la «protección a la vida desde la concepción» en las constituciones locales para dificultar el acceso al aborto. GIRE y la defensa del aborto:Organización feminista:GIRE es una organización feminista que trabaja para la justicia reproductiva, promoviendo el acceso al aborto como un derecho humano. Acción legal:GIRE ha realizado diversas acciones legales para despenalizar el aborto y asegurar su acceso a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Acompañamiento legal:GIRE brinda acompañamiento legal a mujeres que han sido criminalizadas por abortar o que han sido negadas el servicio de aborto. Información y capacitación:GIRE ofrece información y capacitación sobre el aborto a mujeres, personal de salud y la sociedad en general. El aborto sigue siendo un tema complejo y controversial en México, con una situación legal que varía según el estado y la presencia de grupos conservadores que buscan limitar el acceso a este servicio. A pesar de la despenalización a nivel federal, la criminalización en algunos estados y los desafíos para el acceso siguen siendo importantes, lo que hace crucial el trabajo de organizaciones como GIRE para defender el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. Explica Gire el contexto
En 2018 publicamos el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México con el objetivo de describir los alcances de la penalización del aborto en el proyecto de vida de las mujeres y personas gestantes. A partir de los recientes avances relacionados con el derecho a decidir surge la necesidad de actualizar los efectos de la criminalización, por ello presentamos el informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, cuyos hallazgos evidencian que la regulación desde el derecho penal perpetúa la violencia estructural y la persecución de quienes abortan, además de mantener la intromisión injustificada en sus proyectos de vida.Para la elaboración de este informe se analizaron sentencias sobre aborto, casos acompañados por GIRE y respuestas oficiales de instituciones públicas de salud, fiscalías y el Poder Judicial, recopiladas mediante 516 solicitudes de acceso a la información (SAI) y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), además de 3,028 recursos periodísticos que dan cuenta del incremento de la cobertura en coyunturas específicas.Entre los avances documentados se encuentran las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reformas legislativas, la política pública de la Secretaría de Salud federal, las recomendaciones de la OMS y los logros a nivel regional, que han abierto camino para que el aborto seguro sea reconocido como un servicio esencial de salud y deje de regularse como un delito.A dicho reconocimiento se suman las despenalizaciones en 22 entidades de la República mexicana y los cambios en la manera de referirse al aborto, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación, que hoy lo abordan más en términos de salud pública y derechos humanos.Es de destacar el cambio en la percepción social de que el aborto no debe ser un delito: según datos de Mitofsky, mientras que en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización en la Ciudad de México) 65.8% de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito, en octubre de 2019 (después de la despenalización en Oaxaca) esa opinión se redujo a 38.4 % y en julio de 2022 llegó a 28.1%.
