SemMéxico, Cd. de México, 7 septiembre 2017.- Beatriz Rojas Martínez, diputada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dio a conocer que en el Periodo Ordinario de Sesiones presentará una reforma al Código Penal local para precisar el delito de feminicidio, ya que los casos de feminicidio en la Ciudad de México quedan sin resolver.
Así lo adelantó hoy durante el Foro “Violencia feminicida; impunidad y falta de acceso a la justicia en la Ciudad de México”, en el que participaron Irinea Buendía Cortés, luchadora social y madre de Mariana Lima Buendía, y Araceli Osorio Martínez, trabajadora de la UNAM y madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Ambas luchadoras denunciaron que en los casos de los asesinatos de sus hijas las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, respectivamente, no aplicaron los protocolos de investigación con perspectiva de género y calificaron las muertes en primera instancia como suicidio.
Por lo que la exigencia de justicia llevó a Irinea Buendía hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien solicitó a las autoridades mexiquenses volver a investigar como feminicidio el asesinato de Mariana Lima. Mientras que Araceli Osorio sigue a la espera de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX sobre la solicitud que presentó para reclasificar como feminicidio el asesinato de Lesvy Berlín. Ambas buscan justicia para que Julio César Hernández Ballinas, esposo de Mariana Lima, y Jorge Luis González Hernández, novio de Lesvy Rivera sean sentenciados como feminicidas.
De acuerdo con la legisladora Rojas Martínez de manera arbitraria las autoridades de procuración de justicia en la Ciudad de México determinan si la muerte de una mujer fue por feminicidio u homicidio y ocultan la gravedad de los asesinatos de mujeres en la capital; de esta forma, explicó que los asesinos son sentenciados por homicidio y no por feminicidio que es un delito mayor.
Por ello, la diputada de Morena advirtió sobre la urgente necesidad de declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la capital del país, pues es una medida de emergencia que ayudará en el esclarecimiento de los hechos ante tan alarmante incremento de casos de feminicidio, porque “la negación del problema no ayuda en su solución”.
De esta manera la asambleísta coincidió con la solicitud la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México que organizaciones de la sociedad civil Justicia Pro Persona A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos para Todas y Todos” y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), hicieron hoy a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Por ello, Rojas Martínez exhortó a CAPEA y a LOCATEL para atiendan de manera inmediata las investigaciones por desaparición de mujeres porque hasta la fecha solicitan esperar hasta 72 horas, tiempo en el cual las mujeres pueden perder la vida.
En su intervención, María Salguero, geofísica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), creadora del mapa de feminicidios en Google Maps, puntualizó que en este año hasta la fecha ha registrado 45 feminicidios y 37 muertes violentas de mujeres, dando un total de 82 asesinatos de mujeres, sin embargo, la Procuraduría de la CDMX sólo reconoce 20 feminicidios, los restantes los califica como homicidios o suicidios.
La especialista indicó que de las 82 muertes violentas de mujeres, 58 de las víctimas son adultas, dos son menores de edad, cuatro adolescentes, cuatro de la tercera edad y de 14 se desconoce, agregó que sólo 14 agresores fueron aprehendidos, seis vinculados a proceso, cuatro se suicidaron y 58 se encuentran prófugos.
Rodolfo Manuel Domínguez Martínez, coordinador de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, lamentó que la impunidad que caracteriza al gobierno de la Ciudad, permita que se deje sin castigo a los responsables y sin justicia a las víctimas.
De igual forma, destacó que el incremento de asesinatos de mujeres con arma de fuego no significa más que el fortalecimiento del crimen organizado en la capital del país, y criticó que en la Procuraduría local se premie la incompetencia y la ineptitud, dijo que urge que en esa dependencia labore gente sensible y capacitada, que garantice el cumplimiento de los protocolos y la objetividad en las Investigaciones.
David Peña Rodríguez, especialista en derechos humanos y violencia contra las mujeres, afirmó que la Procuraduría local y el gobierno de la Ciudad se encuentran en complicidad institucional para reducir el impacto de los feminicidios en la Ciudad de México, por ello mantienen una política de comunicación en la que criminalizan a las víctimas a efecto de tener un control de daños, reducir el impacto de las muertes y cuidar la imagen pública de los gobernantes, finalizó.
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