México debe considerar el aborto un derecho de salud pública para tener una Política Exterior Feminista

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La Política Exterior Feminista puede erradicar desigualdades o quedarse en iniciativa vacía

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México,  6 de julio 2024.- Si el gobierno de México busca llamar a su Política Exterior Feminista (PEF) debe comenzar en casa y promover que los derechos sexuales sean considerados una prioridad y garantizar que no haya retrocesos. Sólo 13 de las 32 entidades federativas tienen despenalizados el aborto, se deben eliminar las barreras del aborto y ser garantizado como un derecho de salud pública, expresó Frania Colmenero, integrante de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Durante la conferencia de prensa “¿Qué política Exterior Feminista queremos para México y ALC?”, organizada por la Red Mexicana de Política Exterior Feminista (RMPEF) integrada por organizaciones sociales, se  señalaron los temas prioritarios que deben atenderse si realmente se quiere contar con una Política Exterior Feminista (PEF) que incluya a todas las mujeres y a las niñas.  

La Red organizó el evento paralelo “Hacia una Política Exterior Feminista en América Latina y el Caribe” en el marco de la tercera edición de la Cumbre Internacional de Políticas Exteriores Feministas que reunió a más de 40 países para discutir los avances en materia de género y equidad entre hombres y mujeres y que por primera vez se realizó en un país del Sur Global, en este caso en México.  

Paulina Rivera, integrante de la RMPEF cuestionó si realmente se quiere una política exterior feminista para lo cual se necesita esfuerzos, ver que mujeres están en los puestos de representación y si realmente promueven una política feminista que luche contra la desigualdad y racismo estructural.

Al respecto, Daniela Castro del Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista (OMPEF) mencionó que falta voluntad política para tener una congruencia entre lo domestico y lo internacional, para implementar la PEF en todas las regiones y territorios. Se debe reconocer las estructuras coloniales, dar mayor participación a las mujeres, sostener las propuestas feministas, espacios plurales abiertos al dialogo y sobre todo recursos necesarios para llegar a los objetivos deseados. Para ese fin se requiere que los órganos de gobierno y los programas cuenten con recursos económicos porque sin dinero cualquier iniciativa nace muerta.

Isabel Mateos, coordinadora de Inversión Social para el Futuro, de Oxfam México, afirmó que se requiere una reforma fiscal progresiva con la finalidad de cerrar las brechas de desigualdad. Recordó que, en la región, tres de cada 10 mujeres viven en condiciones de pobreza y una de cada 10 se encuentra en pobreza extrema, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

México es el país con los menores ingresos por recaudación de impuestos y se ubica, incluso, por debajo de la tasa reportada en la región, lo que se traduce en una muy baja posibilidad de inversión pública, sin embargo señalo que frente a las discusiones actuales sobre la gobernanza fiscal internacional en espacios como Naciones Unidas o el Grupo de los 20 países más ricos (G20), México tiene la oportunidad de ser punta de lanza en la inclusión de una perspectiva feminista en estas discusiones desde su compromiso con una PEF.  

Elisa Gómez explicó que la PEF es un concepto en construcción y puede ser una gran oportunidad e idea política para exigir la erradicación de desigualdades en los estados. Pero “ se puede convertir en una moda o etiqueta sin contenido, donde hay mujeres que no tienen una agenda o postura feminista”.

Al respecto, dijo que Latinoamérica está viviendo una feminización de la política, sin embargo, debe tener una construcción colectiva, dijo, por lo que esperan que los gobiernos que adoptan esta política, como México, Chile y Colombia, puedan colaborar en favor de las mujeres

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