- ¿Cuál es el método adecuado para derrocar a un dictador? La “autodeterminación d ellos pueblos” como trampa
Miguel Ángel Romero Ramírez
SemMéxico, Ciudad de México, 5 de enero 2026.- En una sociedad con un andamiaje democrático endeble es más factible que el líder populista sostenga que sus acciones están respaldadas por la mayoría, pues verificarlo es técnicamente imposible. En Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro construyeron una dictadura en la que había elecciones, tribunales, prensa y supuestas instituciones. La mayoría «legal» pero ilegítima se alcanza cooptando todos los espacios de la vida pública. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿cómo derrotar a un dictador cuando los mecanismos y contrapesos internos dejaron de funcionar?
Y es que los defensores ortodoxos del derecho internacional y los organismos multilaterales podrían seguir esperando otros 26 años de una Venezuela bajo dictadura sin resultados tangibles. ¿El intervencionismo de Washington es una buena noticia? Desde luego que no; además, establece un pésimo precedente hacia adelante a nivel global. Sin embargo, resulta que para millones de venezolanos que sufrieron el exilio y aquellos a los que les ha sido imposible escapar, sí es un avance. Defender Venezuela, no implica de forma automática, defender a un dictador, como muchos simpatizantes de la «izquierda» mexicana empujan.
Si bien la historia nos dice que las intervenciones extranjeras erosionan el derecho internacional y solo conducen a Estados debilitados, instituciones fragmentadas y sociedades atrapadas en conflictos prolongados, es un hecho que los autócratas transgreden todas esas mismas normas y leyes para instalarse en el poder de manera indefinida. Durante décadas, los mecanismos diplomáticos, jurídicos y multilaterales no han funcionado para detenerlos. Se comprobó el fraude electoral de Maduro que lo reeligió en 2024 y aun así no hubo poder institucional que lo orillara a establecer una transición ordenada y pacífica rumbo a la alternancia.
No es un descubrimiento que Venezuela ha sido durante las últimas décadas un estado fallido. Sin embargo, México, el «hermano mayor de Latinoamérica», con la ahora autodenominada Cuarta Transformación, promueve una versión de la doctrina Estrada totalmente distorsionada y con fines propagandísticos. Bajo la premisa de la «autodeterminación de los pueblos» el régimen mexicano se desmarca de Washington y exige el «legítimo» derecho de que cada nación pueda hacer con sus gobernados lo que les venga en gana, no importando que eso signifique un Estado autoritario o, incluso, un narcogobierno. Si eso es lo que -supuestamente- pide y decide el «pueblo» en las urnas ¿por qué negárselo?
En este contexto, el líder moral del nuevo régimen mexicano, Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y salió de su retiro para citar a Benito Juárez, desplazando del foco a la actual mandataria Claudia Sheinbaum. En sus redes sociales citó al Benemérito de las Américas con su frase: «El respeto al derecho ajeno es la paz». Quien es señalado implícitamente por la administración de Donald Trump de establecer un narcogobierno, enarboló que en nombre de la paz resulta aceptable ignorar el desmantelamiento de los derechos de millones de venezolanos y, también, que en nombre del respeto es posible hacer caso omiso a la dictadura ajena… Más vale «respetar» la concentración de poder del otro antes de ser señalado de lo mismo.
De acuerdo con Human Rights Watch, Venezuela mantiene más de 270 presos políticos, arrastra una emergencia humanitaria que obliga a cerca de 19 millones de personas a depender de ayuda por falta de acceso adecuado a salud y nutrición, y ha generado más de 7.7 millones de personas desplazadas, una de las mayores crisis migratorias del mundo. ¿Todos ellos son antipatriotas o acaso cobardes? Ignorar los delitos de la dictadura emprendida por Chávez y continuada por Maduro no abona hacia una transición. La represión desde el poder ha mantenido esquemas de vigilancia, acoso y criminalización, con capacidad documentada para recurrir a tortura, asesinatos y violencia sexual cuando el régimen lo considera necesario.
El poder judicial dejó de actuar como contrapeso desde 2004; sólo 8 de 101 muertes documentadas en protestas han llegado a juicio; y lejos de desmantelar estructuras responsables de abusos, el Estado ha ascendido a funcionarios implicados. Todo ello de manera «legal». Cerca de 9 mil ejecuciones extrajudiciales, y 12 mil detenciones arbitrarias documentadas. Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. ¿Ha servido de algo? ¿Era mejor continuar así?
La intervención de Washington es una flagrante violación al derecho internacional y Donald Trump es un mandatario que, después de hablar con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, entendió que no hay nada que una guerra no ayude a la falta de popularidad doméstica; sin embargo, las reglas internacionales tampoco fueron y no han sido eficaces para desmontar dictaduras o exabruptos imperialistas, no importando en dónde florezcan.
En ese sentido, es crucial analizar la postura complaciente a los regímenes autoritarios de la autodenominada Cuarta Transformación, en donde la falacia de la «autodeterminación de los pueblos» es más una estrategia de política interna para el endurecimiento del régimen que los blinde de la rendición de cuentas en el exterior…. porque, como hace algunos años en Venezuela, los contrapesos internos fueron estratégicamente eliminados.
Para el gobierno mexicano es mejor una «paz», entendida como ausencia de fricción, no importando que su soporte sea el «respeto» activo a dictaduras funcionales. Mientras que la «soberanía» distorsionada que se promueve desde Palacio Nacional deja de cuidar a las sociedades y pasa a proteger a las élites gobernantes. Nicaragua y Cuba, también como ejemplos de ello. La falsa estabilidad produce una injusticia normalizada.
El caso de Venezuela plantea un dilema que la diplomacia y los ortodoxos del derecho internacional evitan enfrentar con honestidad: cuando un régimen controla elecciones, tribunales, fuerzas armadas y narrativa pública, la legalidad deja de ser un límite y se convierte en la herramienta de dominación. En ese escenario, esperar que el propio sistema produzca su corrección equivale a aceptar que se perpetúe. La pregunta deja de girar en torno a la intervención o la neutralidad, sino a la responsabilidad: ¿quién asume el costo moral y político de mirar hacia otro lado mientras una sociedad completa queda atrapada en un régimen antidemocrático jurídicamente blindado? Un cuestionamiento que bien cabe aplicar en el contexto mexicano.
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