Omisiones y deficiencias en justicia, participación económica, participación política y eliminación de la discriminación
Cinco de los y las expertas del Comité expresaron su preocupación por la militarización y las tareas de la Secretaría de las Mujeres
Hoy sigue el examen: la misión mexicana destacó la paridad y la Guía de los Derechos de las Mujeres, pero no estadísticas ni resultados
Sara Lovera*
SemMéxico, Ciudad de México, 18 de junio, 2025.- El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), consideró México no pudo acreditar avances en la vida de las mexicanas, en justicia, participación económica, participación política o eliminación de la discriminación.
Y es que no pudo probar con estadísticas y resultados, lo hecho y no se puede saber si las mexicanas se han beneficiado con políticas adecuadas para que se elimine realmente la discriminación y la violencia feminicida.
Durante las dos primeras sesiones de interrogatorios de ayer, 5 de las y los 23 expertos de la CEDAW expresaron su preocupación por falta de presupuesto, la militarización que afecta a comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes y por la atención a desapariciones y diálogo con las madres buscadoras.
Además dijeron, existe debilidad en las instituciones encargadas de aplicar la Convención, lamentaron especialmente la debilidad Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ).
Algunos integrantes del Comité expresaron que apenas poco más de 20 por ciento de los asesinatos de mujeres son investigados como tales , una de las observaciones reiteradas.
Mientras representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sostuvieron que en materia de violencia contra las mujeres “nos quedó debiendo el Estado mexicano.”
En tanto Gloria Ramírez Hernández, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que está en Ginebra, dijo que el subregistro y la impunidad en los casos de feminicidio es grave y persistente.
Denunció que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, enfrenta un grave retroceso tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Con ello no se garantiza la progresividad de los derechos humanos, ya que eliminar CONAVIM debilita la protección estatal al fragmentar funciones, reducir la especialización institucional y generar incertidumbre normativa.
En cuanto al acceso a la justicia dijo, persisten legislaciones discriminatorias contra las mujeres en 33 códigos penales que no están homologados. No se ha aprobado un código penal único. ( Se anexa completa su intervención).
Elgun Safarov, vicepresidente de ese comité y abogado originario de Azerbaiyán fue contundente, dijo que reconoce los esfuerzos, avances normativos y formales, sin embargo persisten problemas estructurales serios, sobre todo en el ámbito de la representación política local. A pesar de que las mujeres representan más del 50% de las candidaturas para ayuntamientos, siguen enfrentando barreras estructurales estereotipos de género, sesgos partidistas y prácticas discriminatorias que les impide acceder a cargos.
Se preguntó por qué no se han aplicado plenamente las medidas temporales especiales proporcionadas en la Recomendación General No. 25 para acelerar la igualdad sustantiva y reclamó qué cuotas u otras acciones afirmativas ha adoptado el Estado para garantizar una representación efectiva de mujeres, especialmente de aquellas en situaciones de mayor desventaja.
La cubana, relatora Yamila González Ferrer, recordó a la delegación mexicana que encabezó la Secretaria de la Mujer que, el Estado mexicano ha sido señalado reiteradas veces de no contar con datos desagregados de las víctimas de feminicidio, desapariciones de niñas y mueres y no responde a cuestionamientos en cuanto a los resultados de las medidas implementadas para combatir la violencia de género.
Fue ella quien dijo que las respuestas del Estado mexicano no estuvieron acompañadas por estadísticas que acreditaran los resultados, es decir, en función de saber cómo han beneficiado a mujeres víctimas al tomar medidas contra los agresores.
Y reiteró: aunque la Constitución Mexicana prohíbe toda forma de discriminación y reconoce el principio de igualdad, no incluye una definición de discriminación contra la mujer conforme a la CEDAW, no reconoce explícitamente la discriminación indirecta ni incorpora la interseccionalidad como principio constitucional.
En cuanto al marco normativo, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, dijo que hay una mayor preocupación sobre su exigibilidad judicial y puso como ejemplo, que CONAPRED está debilitado y «carece de poder sancionador».
La CEDAW es vinculante y obligatoria para México hace 45 años, hoy recibió reclamos .
La relatora Patsilí Toledo Vázquez, activista y -experta en temas de feminicidio, la violencia sexual y del sistema de justicia penal- cuestionó las acciones mexicanas frente al artículo 5° de la Convención, relativo a cambios en los patrones socioculturales de conducta , eliminando prejuicios y las prácticas consuetudinarias con educación, comprensión adecuada de la maternidad como función social y responsabilidad común de hombres y mujeres .
Sobre las omisiones en México habló de seis puntos preocupantes. Uno: en torno a la definición del feminicidio limitando os que limitan la correcta clasificación de homicidios de mujeres como los feminicidios, con una limitada legislación sobre la violencia digital y la criminalización de las mujeres lesbianas que comenten feminicidio.
El segundo tema es la persistencia de estereotipos de género en contra de mujeres indígenas afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y defensoras de derechos humanos.
Tres ineficacia e inaccesibilidad de refugios y servicios para mujeres con discapacidad, la reducción presupuestal para estos servicios y la falta de participación de la sociedad civil en reformas institucionales
Lo grave es la debilidad en protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas y la falta de enfoque de género en la protección de defensoras y periodistas, quienes sufren ataques y criminalización. Además violencia sexual y militarización que afecta a comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes.
En cuarto lugar, señaló que sólo una pequeña parte de los delitos se judicializa y sanciona. Los protocolos de investigación no siempre se aplican y carecen de monitoreo independiente. Falta enfoque interseccional y atención humanizada a víctimas y familiares, así como transparencia en la información sobre el estado de los casos y sentencias, especialmente a nivel local.
Mencionó la ausencia de una política integral de reparaciones para víctimas y familias, en particular para mujeres víctimas de tortura sexual y violencia. Sexto es necesario fortalecer la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, “ muchos municipios carecen de recursos para implementar medidas” y encima falta información estadística desagregada sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBT+, personas con discapacidad, niñas desaparecidas y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, así como sanciones a funcionarios por acciones u omisiones.
Violet Eudine Barriteau, profesora de género y políticas públicas, además de directora de la Universidad de las Indias Occidentales, y presidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista IAFFE pidió información concreta sobre medidas para mejorar la coordinación, monitoreo, evaluación y colaboración interinstitucional, incluyendo el rol de la Secretaría de las Mujeres. Consideró urgente fortalecer el conocimiento público sobre el papel de esa Secretaría y que cuente con recursos.
Pidió evidencia sobre el impacto del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y les recordó a las mexicanas que hay algunos informes alternativos que denuncian la falta de resultados de esta Secretaría, pese a que fue elevada a nivel ministerial.
Hoy seguirá el examen
Durante las primeras dos sesiones de examen ayer, en Ginebra, Suiza . La delegación mexicana que compadeció ante la CEDAW está integrada por Citlali Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres; Francisca Méndez Escobar, embajadora y representante permanente de México ante la ONU; Jennifer Feller, directora general de derechos humanos y democracia de la secretaría Relaciones Exteriores; Jannet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas; y Martha Lucía Micher, senadora federal morenista y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
Mientras en redes sociales se escribe que el Estado Mexicano en esta primera ronda fue reprobado. Eso, dijeron da vergüenza pero por ser , un país en donde todos los días asesinan a más de 10 mujeres, donde todos los años tenemos que luchar y defender el presupuesto para los refugios en un país donde la impunidad impera, donde la justicia y la garantía de derechos humanos solo está en el discurso lo cual fue evidenciado por la relatora Yamila González Ferrer
Hoy en una segunda ronda continuará el Estado mexicano rindiendo cuentas sobre las acciones realizadas en cuanto a la violencia y discriminación contra las mujeres en el 91° periodo de sesiones de la CEDAW, en la primera ronda “ reprobó “ por las fallas presentadas en justicia y autonomía institucional.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) está formado por 23 personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención y se dedicaran a hacer cuestionamientos puntuales al Estado mexicano ante el informe recibido en septiembre de 2024.
Hoy la delegación mexicana seguirá contestando a 209 recomendaciones que el Comité ha hecho desde 1998; un número que pesa por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Gloria Hernández s presidenta de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM).
Las respuestas a los interrogantes, en las que participaron la mayoría que constituye la delegación se dijo entre otras cosas que sí, que se enfrentan dificultades relacionadas con la falta de recursos técnicos, humanos y financieros.
La secretaria de las mujeres señaló que los avances en la representación política de las mujeres en México, especialmente a nivel federal, donde el poder legislativo es paritario desde hace tres legislaturas, hacen de México una vanguardia. Sus compañeras respondieron, principalmente, señalando los cambios legislativos y la reforma Constitucional que incluyó en el artículo 4º. Constitucional la igualdad sustantiva. Varias entidades han logrado mayor representación femenina gracias a la paridad.
La misión mexicana informó que durante el periodo evaluado se han implementado102 programas de capacitación en el Poder Judicial, que ONU Mujeres les dio un curso sobre perspectiva de género, el cual se ha convertido en el primer curso vinculante a nivel federal. Este programa ha alcanzado al 59% del personal judicial y se considera clave para transformar las prácticas dentro del sistema de justicia. Se han elaborado también protocolos, manuales, cuadernos y cursos especializados para distintos tipos de violencia y grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de traducir las normas en herramientas concretas de actuación.
Intervención de Gloria Ramírez para el Comité CEDAW
Cátedra UNESCO de derechos Humanos de la UNAM
Reconocemos los esfuerzos del Estado mexicano en el avance de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el ámbito normativo. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para garantizarles una vida libre de violencia. Actualmente en México, en promedio, diez mujeres son asesinadas diariamente. Entre 2015 y 2025 han sido asesinadas 34,715 mujeres, adolescentes y niñas, pero solo el 25% de estos casos se investigan como feminicidio. Actualmente hay 29,509 mujeres desaparecidas y no localizadas (OCNF).
Cada entidad federativa mantiene criterios distintos para definir el delito de feminicidio, lo que genera una aplicación desigual del tipo penal y obstaculiza una sanción pronta y expedita. Los protocolos de investigación en general, no están actualizados ni se aplican conforme a los estándares nacionales e internacionales, incluyendo el Protocolo Alba y la Alerta Amber.
El subregistro y la impunidad en los casos de feminicidio en el país continúan siendo un problema grave y persistente.
El mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, único en el mundo, enfrenta un grave retroceso tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). En lugar de garantizar la progresividad de los derechos humanos, esta desaparición ha debilitado la protección estatal al fragmentar funciones, reducir la especialización institucional y generar incertidumbre normativa.
En cuanto al acceso a la justicia, persisten legislaciones discriminatorias contra las mujeres en 33 códigos penales que no están homologados. NO se ha aprobado un código penal único.
En cuanto al acceso a la justicia, el Procedimiento abreviado ha vulnerado los derechos de las víctimas y sus familias, las fiscalías lo aplican en ocasiones, como un derecho del acusado, con mayores beneficios para él que para la víctima. En el poder judicial se carecen de suficientes traductores e intérpretes, así como de una representación y asesoría jurídica adecuadas para las víctimas.
La creación de Tribunales especializados mixtos (penal y familiar) en Chihuahua se considera una buena práctica, pero la reducción de personal y presupuesto ha significado un retroceso.
Los avances en materia de paridad han permitido una representación equitativa en el poder legislativo. Sin embargo, esto no se refleja en el acceso a los altos órganos de decisión. A nivel municipal, la representación de mujeres es insuficiente y la violencia política de género ha aumentado, en elecciones 2024 se conocieron con 1,568 casos de violencia política para mujeres.
Las entidades federativas no cuentan con fiscalías electorales autónomas ni jueces especializados en delitos electorales, lo que dificulta la judicialización de casos y la implementación de la normativa de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
La Defensoría Pública Electoral para Mujeres en el TEPJF ha sido un avance significativo, pero es necesario ampliar este modelo a todos los estados.
En el ámbito educativo, falta una política eficaz de prevención, atención, sanción y reparación del daño en materia de violencia de género en instituciones públicas y privadas.
Las trabajadoras del hogar lograron su reconocimiento en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, 2 millones de ellas aún quedan fuera del régimen obligatorio de seguridad social por trabajar en tiempo parcial, lo que profundiza la brecha estructural en el acceso a derechos laborales y contradice el Convenio 189 de la OIT ratificado por México.
16 de junio 2025.Naciones Unidas Ginebra, Suiza
COMENTARIOS Y REACCIONES EN REDES:
Politóloga Pola Peña Molina: Buenas disimulando ¿verdad?
Mary Go Cuidar a quienes cuidan también es justicia. En los Refugios, mujeres profesionistas trabajan cada día para acompañar procesos difíciles, dolorosos y transformadores. Son psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, enfermeras y educadoras que construyen redes de protección y esperanza para mujeres, niñas, niños y adolescentes que han vivido violencias extremas. Su labor no solo es fundamental, es insustituible. El recorte al presupuesto destinado a sus honorarios no solo precariza su trabajo: vulnera sus derechos humanos y pone en riesgo la calidad y continuidad de la atención integral. Defender a nuestras profesionistas es defender el derecho a una vida libre de violencia.
Briseidi Hrts: Solicitamos la liberación del recurso para los refugios y que se respeten las 10 Ministraciones de la convocatoria , el personal de los refugios ya lo trabajaron y es injusto que no se quieren pagar más que 8 Ministraciones , se nos está violentando nuestros derechos laborales.
Teresita Valcarcel En México asesinan 10 mujeres cada día, del 2015 al 2025 34,715 mujeres han muerto en México ases1nadas y solo el 24% de los casos son investigados como feminicidio falta voluntad institucional #nollegamos todas
Camila Luna: ES TIEMPO DE MUJERES EN MÉXICO Y EL MUNDO
Hilda Chan: No les da vergüenza dar la cara representando un Estado que no ha hecho nada para frenar la creciente violencia contra las mujeres !!
Lydia Laucirica Guanche: Solo para eso sirven para la foto, los tratados internacionales se los pasan por el arco del triunfo, motivan y ungen a jueces delincuentes, corruptos y con denuncias así funciona este gobierno…
Rosario Martínez EN MÉXICO NO ES TIEMPO DE MUJERES, LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA NO HAN LLEGADO.
Carolina Barrales: Pero póngale que reprobaron ;Frente a la CEDAW, Citlali Hernández presume un folleto como acción del Estado a favor de los derechos de las mexicanas. “ En esta primera audiencia, El Estado mexicano REPROBO por las fallas presentadas en justicia y autonomía institucional. “
*Con información de Cátedra Unesco, El Sol de México y la Red Nacional de Refugios, presentes en el examen.
