16 mil mujeres abandonaron su trabajo por acoso y hostigamiento sexual
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 12 de marzo 2022.- México se suma al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para eliminar la violencia y el acoso laboral al aprobar el Senado, en la próxima sesión del pleno, el dictamen presentado por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, que benefician a más de 21 millones de mujeres con contrato y millones más en el ámbito rural y del hogar.
El dictamen que se basa en el proyecto presentado por la senadora Patricia Mercado y respaldado por las Comisiones, incluye modificaciones a diversas leyes para prevenir y sancionar y eliminar todas las violencias, resultado de la discriminación femenina.
Obliga al Estado a proteger a las mujeres trabajadoras no solo de la violencia en los centros de trabajo, sino de todas las manifestaciones de violencia, física, psicológica y sexual. Garantiza los medios no solo para sancionar, sino para prevenir o repararla y hacer corresponsables a los centros de trabajo y a los compañeros de trabajo para quienes también hay sanciones.
Durante la aprobación por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, así como de Relaciones Exteriores el pasado 3 de marzo, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, reconoció la participación de las secretarías del Trabajo y Previsión Social; y de Relaciones Exteriores, así como de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, al respaldar el dictamen.
En su participación el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el Convenio 190 tiene como objetivo principal, establecer los instrumentos normativos para terminar con prácticas violentas y abusivas en los centros laborales, y que puntualiza la necesidad de reforzar mecanismos de acción para erradicar estas prácticas, así como para establecer un marco de operación para prevenir este fenómeno.
Refirió que 22.6 por ciento de las mujeres laboralmente activas han declarado ser víctimas de algún tipo de violencia laboral y de ellas 19.3 por ciento fueron víctimas de acoso. Reconoció que estas cifras podrían ser más elevadas ante la falta de visibilización de la violencia, debido a la normalización del hostigamiento y al miedo a perder el empleo, entre otros factores, por lo que esto influye directamente en los procesos de reporte o denuncia, mencionó.
La senadora Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena, dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la falta de respeto hacia las personas trabajadoras es una causa de abandono laboral que año tras año afecta a miles de personas, “tan sólo en el primer trimestre de 2021, más de 16 mil mujeres dejaron su trabajo por acoso y discriminación”, precisó.
Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, manifestó que el Convenio hace una diferencia entre el acoso y la violencia, así como un análisis de lo que se debe entender como acoso por razón de género, relevante no sólo por las implicaciones que tiene en la violencia física o sexual, sino porque trasciende a las familias mexicanas
Mientras que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Héctor Vasconcelos expresó que la aprobación de la adhesión del país al Convenio 190 de la OIT sobre eliminación de la violencia y acoso en el trabajo, contribuirá al logro de la igualdad sustantiva de oportunidades y a la erradicación de estas prácticas por motivos de género.
Después de tres años México se adhiere al Convenio 190 de la OIT
La adhesión del Convenio 190 de la OIT se da después de tres años de que se emitiera el 21 de junio del 2019 en Ginebra, en la que México se compromete a poner en marcha las leyes y medidas políticas necesarias para prevenir y atender las violencias sexual, económica, patrimonial y de trabajo para las mujeres.
Después, como lo dio a conocer SemMéxico, que la ex ministra y presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero recibiera el pasado 23 de febrero el oficio 093 firmado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde somete a la aprobación del Senado el Convenio 190 de la OIT, aprobado en Ginebra el 21 de junio de 2019, con copia del estudio que hizo la Secretaria del Trabajo y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Después de que 6 millones de trabajadoras han sufrido violencia laboral, más de 23 mil abandonaron su empleo por esta causa, y por miedo solo denuncio el 6 por ciento de ellas. Los agresores fueron los compañeros de trabajo, patrones, jefes, supervisores, coordinadores, gerentes, directores ejecutivos y clientes, y de los casos denunciados, 60 por ciento fueron ante autoridades del trabajo o el sindicato y 23 por ciento ante el Ministerio Publico.
Los datos del INEGI que recoge la iniciativa señalan que las agresiones, hasta 90 por ciento de las víctimas, eran, en general perpetradas por hombres, sin importar su ubicación, como patrones o compañeros de trabajo, tanto en el mundo de las empresas privadas como en la Administración Pública, acusadamente de hostigamiento o acoso sexual. En Comisiones, al aprobar el dictamen se reconoció que las cifras podrían ser más altas debido a que no todas las agresiones se denuncian.
En los estados donde existe la empresa maquiladora de exportación como Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo, que ascienden al 31 por ciento y casi alcanzan el 40 por ciento de mujeres que han sido víctimas de este fenómeno, documenta INEGI.
El dictamen fue presentado al Senado por la legisladora Patricia Mercado desde el 18 de febrero del 2020 y reforma y modifica disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Código Penal Federal y Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las victimas tienen derecho a reparación del daño
Establece la obligación, por discriminación y violencia laboral, que las víctimas tienen derecho a la reparación integral del daño. Esto debe Incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición
Las modificaciones crean dentro de la ley una clara definición de la violencia laboral con mirada integral, con un capítulo especial que define todos los ámbitos de las violencias, reconociendo que éstas, tienen su caldo de cultivo en la desigualdad, la discriminación femenina y somete al ámbito de la ley como reconocerla, prevenirlas y enfrentarlas, porque hoy las reglamentaciones, protocolos y declaraciones débiles, insuficientes convertidas en mera simulación.
Serán los patrones quienes reconozcan las denuncias, no de directivos, como hoy dice la ley, sino de los compañeros de trabajo; les obliga a llevar un registro. Prohíbe confrontar a las víctimas con sus agresores y parte de creer en la palabra de las mujeres.
A los tribunales laborales prohíbe revictimizar a las denunciantes y mandata detalladamente a reparar el daño; establece términos del despido de los agresores y a que no intervengan los sindicatos en su defensa. Y especialmente introduce qué es lo que se entiende por violencia laboral contra las mujeres, para que no quede duda.
Entre los fundamentos del dictamen, se sostiene que es una obligación del Estado proteger todos los derechos humanos de las trabajadoras, hasta ahora ausentes de la legislación concreta, para regular las relaciones laborales, perfeccionando a la Ley vigente y ampliando esa protección, ahora muy general e ineficiente en la vida cotidiana de los espacios laborales.
Trasciende del dictamen la definición clara de las violencias económica, violencia física, violencia patrimonial, violencia psicológica y violencia sexual.
Describe los daños causados, físico, psicológico, económico, patrimonial y laboral-profesional incluyendo la que les afecte desproporcionadamente por razón de edad, sexo, género, preferencias sexuales, origen étnico o nacional, edad, color de piel, discapacidad, apariencia física, forma de vestir o de hablar, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, estado civil o cualquier otra causa que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana. Este tipo de violencia puede presentarse en relaciones de subordinación o descendente, ascendente u horizontal.
