- Exige la restitución de su hijo menor, sustraído ilegalmente y en complicidad con autoridades
- Tiene 18 días de protesta afuera de la Casa Jalisco y seis años de litigios
Redacción
SemMéxico, Guadalajara, 11 de febrero, 2026.- Mi caso es una prueba viva de cómo opera la impunidad judicial cuando existe poder económico y redes institucionales dispuestas a sostener el desacato, señala Elisa Concepción Celis González (Lisi Celis), arquitecta, madre de Marcelo y Patricio, co-fundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria A.C. y representante estatal en Jalisco.
En un boletín de prensa Celis González quien permanece en una protesta pacífica desde hace 18 días a las afueras de la Casa Jalisco, la casa de gobierno sostiene que el Estado mexicano se niega a cumplir resoluciones federales que ordenan la restitución de su hijo menor y denuncia actos de corrupción de las instancia responsables de impartir justicia.
Elisa Celis no está en protesta por un “conflicto familiar”. Está ahí porque, pese a existir resoluciones judiciales y amparos federales, su hijo Patricio, menor sigue sustraído y el Estado ha permitido que el incumplimiento se prolongue durante años, dice el documento.
A esto se suma un hecho especialmente grave: además de permitir el desacato, el Gobierno de Jalisco también se niega a cumplir un amparo federal que ordena condiciones mínimas dignas para sostener una protesta pacífica, incluyendo energía eléctrica, baño y agua.
¿Quién es Elisa Celis y por qué su caso importa a todo México?
Elisa no solo es madre víctima de una separación ilegal sostenida por el sistema. Es también una de las mujeres que, tras vivir la violencia en carne propia, se organizó con otras madres para fundar el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria A.C., una colectiva nacional que agrupa a miles de mujeres y familias afectadas.
En Jalisco, su lucha llegó al extremo: realizó una huelga de hambre de seis días para exigir que el Congreso del Estado legislara la violencia vicaria, después de años de indiferencia institucional hacia las madres y menores separados.
Una separación ilegal que el Estado permitió
Elisa conoció al padre de sus hijos en 2002. Durante casi dos décadas construyeron una vida en común. Tras la ruptura definitiva en 2018, el progenitor inició acciones judiciales para quitarle la custodia.
En demanda fue rechazada la custodia. Elisa obtuvo la custodia legal en el mismo año y se firmó un convenio judicial para convivencia con el padre durante un periodo vacacional en julio de 2019. Ella cumplió con lo acordado.
Pero al terminar el periodo, los niños no regresaron. El padre obtiene una custodia ilegal basada en hechos falsos, misma que es revocada a las semanas en tribunales federales.
Semanas después, un tribunal ordenó la restitución inmediata. Esa orden nunca se ejecutó. El desacato se prolongó por más de tres años. Elisa recuperó a sus hijos en octubre de 2022 y confirmó lo que denunció durante todo ese tiempo: carencias, negligencia, aislamiento y daño emocional.
En enero de 2023 ocurrió una segunda sustracción: su hijo mayor, afectado por años de manipulación, participó junto al padre en la desaparición del menor, Patricio. Hasta hoy, el menor continúa sin restitución efectiva, pese a existir determinaciones judiciales vigentes.
Excusas judiciales: el patrón que bloquea la restitución
En el apartado de juzgados familiares se documenta un patrón alarmante: másde 30 jueces de lo familiar se han excusado reiteradamente de conocer los asuntos relacionados con la restitución, sin motivación suficiente, afectando el acceso a la justicia y el interés superior del menor.
Un dato nacional: el caso llegó a la Suprema Corte
El expediente incluye un antecedente de máxima relevancia: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 948/2023, resolvió de manera favorable para Elisa y ordenó que se emitiera una nueva sentencia considerando principalmente el interés superior del menor.
Este hecho confirma que el caso no es menor ni local: escaló al máximo nivel del sistema judicial del país.
Silenciamiento mediático y desacreditación
Elisa Celis denuncia que, además del incumplimiento judicial, en Jalisco se ha intentado:
• Silenciar el caso en espacios públicos
• Minimizar el desacato
• Desacreditar la lucha mediante narrativas falsas
Entre ellas, la idea de que su caso sería una campaña por intereses económicos.
La madre sostiene que esa narrativa es falsa y jurídicamente absurda: existen mecanismos legales específicos para disputas patrimoniales que no requieren seis años de litigio, ni implican atravesar cientos de procesos, amparos y procedimientos penales.
El Estado también incumple un amparo por condiciones dignas
Elisa Celis denunció que el Estado de Jalisco también desacata un amparo federal que obliga a proporcionar condiciones mínimas dignas para sostener su permanencia en protesta pacífica, como:
• Energía eléctrica
• Baño
• Agua
• Condiciones básicas de higiene y salud
Negar condiciones mínimas no es un trámite: es violencia institucional.
Llamado nacional: si Jalisco cierra la voz, la voz se multiplica
Ante la falta de respuesta y el cierre de espacios en el estado, Elisa Celis anunció que solicitará apoyo a madres, colectivas y sociedad civil en otros estados del país para visibilizar el caso y exigir intervención federal urgente.
El objetivo es romper el cerco de silencio y evidenciar que, en México, una madre puede tener sentencias, amparos y ejecutorias… y aun así, no recuperar a su hijo.
Exigencias urgentes
Elisa Celis exige:
1. Revisión federal inmediata del caso
2. Ejecución real de las restituciones ordenadas
3. Sanción efectiva por desacato
4. Cumplimiento del amparo que ordena condiciones dignas
5. Garantías de protección y seguridad
6. Restitución inmediata del menor Patricio
SEM/sj
https://www.cepal.org
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