Mirada Violeta | La violencia política contra las mujeres: la democracia sitiada

Guadalupe Ramos Ponce 

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo, 2026.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el 195° Período de Sesiones con jornadas internas virtuales en las que adoptará decisiones relacionadas con su mandato en derechos humanos en las Américas y se reunirá con Estados y con la sociedad civil. La próxima semana celebrará en Ciudad de Guatemala 29 audiencias públicas del 9 al 13 de marzo, con participación de Estados, víctimas y sociedad civil.

Desde CLADEM llegaremos a Guatemala con una verdad incómoda: la violencia política no es un exceso del sistema, es una expresión estructural del patriarcado en el poder.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), participará activamente como peticionaria de la Audiencia Pública “Impacto de la violencia política en contra de las mujeres en la región” a realizarse el 9 de marzo de 2026 en Ciudad de Guatemala.  

Con la admisión de esta audiencia temática, se reafirma el compromiso del CLADEM con la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres, en sus distintas interseccionalidades y el reconocimiento urgente de las múltiples manifestaciones de violencia política que siguen afectando a las mujeres en América Latina y el Caribe. 

La democracia en América Latina tiene una deuda pendiente con las mujeres. No basta con abrir las puertas de los congresos, alcaldías o concejos municipales si, una vez dentro, el mensaje es claro: “aquí no perteneces”. La violencia política contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni anecdótico; es una estrategia de disciplinamiento que busca expulsarnos del poder.

En países como Bolivia, pionero con la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, los avances normativos no han impedido que concejalas sean hostigadas, forzadas a renunciar o incluso agredidas físicamente por ejercer su función fiscalizadora. En México, regidoras han enfrentado reducción arbitraria de salarios, exclusión de sesiones de cabildo y hostigamiento policial por no alinearse con intereses corruptos. En Perú, el uso abusivo de procesos de vacancia se ha convertido en una herramienta para castigar a quienes denuncian violencia. En Paraguay, la pérdida de investidura sin garantías procesales envía un mensaje inhibitorio a las mujeres que ejercen liderazgo crítico. En El Salvador, decisiones judiciales han revocado medidas de protección bajo una interpretación distorsionada de la libertad de expresión, dejando a diputadas expuestas al discurso de odio digital y en Colombia, la violencia política se entrelaza con el conflicto armado, produciendo amenazas, desplazamientos forzados y feminicidios políticos.

El patrón se repite: silenciamiento, desprestigio, coacción económica, violencia simbólica, agresiones físicas y, en su forma más extrema, asesinato. La violencia política contra las mujeres opera como un continuum que inicia con burlas y descalificaciones y puede escalar hasta daños irreparables. No es solo violencia individual: es un mensaje colectivo para que otras mujeres no se atrevan.

Además, la expansión de la violencia digital ha intensificado el fenómeno. Redes sociales convertidas en tribunales misóginos, campañas coordinadas de desinformación, amenazas sexualizadas y racistas. La tecnología ha amplificado la violencia, mientras los Estados avanzan lentamente en su regulación y en la coordinación entre fiscalías de género y unidades de delitos informáticos.

Los Estados han adoptado leyes, protocolos y reformas, pero la impunidad persiste. Las denuncias se archivan, la perspectiva de género se omite, las sentencias carecen de efecto reparador y sin registros oficiales y sistemas de datos comparables, el fenómeno sigue subdimensionado.

La violencia política contra las mujeres no es un problema “de mujeres”; es una amenaza directa a la democracia. Cuando se silencia a una concejala, se debilita la representación ciudadana. Cuando se destituye arbitrariamente a una senadora, se erosiona el pluralismo político. Cuando se ridiculiza a una diputada por redes sociales, se normaliza el odio como herramienta de poder.

Desde CLADEM insistimos: la paridad no se agota en las cuotas electorales. La democracia paritaria exige condiciones reales para ejercer el cargo sin miedo. Exige prevención, protección, sanción y reparación integral. Exige datos, transparencia y debida diligencia reforzada. Exige que los partidos políticos asuman responsabilidad. Exige que el Sistema Interamericano fortalezca estándares específicos sobre violencia política, incluyendo su dimensión digital.

Tejer fino la democracia implica desmontar las estructuras que expulsan a las mujeres del poder. Implica reconocer que cada caso de violencia política es una alerta temprana sobre la fragilidad institucional. Implica comprender que, sin mujeres libres de violencia en la vida pública, no hay democracia plena.

La pregunta no es si las mujeres estamos listas para gobernar. La pregunta es si los Estados están listos para garantizar que podamos hacerlo sin violencia.

Te invitamos a seguir en vivo la audiencia el próximo 9 de marzo a las 14:00 horas de Guatemala, por el canal de YouTube de la CIDH.