María Guadalupe Ramos Ponce
SemMéxico, Guadalajara, Jal., 20 de noviembre 2024.- Esta semana me encuentro en Bogotá, Colombia, en un Seminario internacional impulsado por CLADEM y Diakonia, en donde se dio a conocer el lanzamiento del Programa de Paridad a nivel regional.
¿Sabías que solo el 30 por ciento de los escaños legislativos en promedio son ocupados por mujeres? A este ritmo, ¡tomaría 130 años lograr una verdadera igualdad en la gobernanza!
En un contexto de crisis institucional y retrocesos democráticos en América Latina y el Caribe, CLADEM y Diakonia, con el apoyo de la Estrategia Regional de ASDI, presentan esta iniciativa para impulsar la igualdad de género y la participación de las mujeres en los espacios de poder.
La región enfrenta desigualdades profundas, violencia de género y corrupción, que limitan la representación política femenina y aumentan la violencia hacia las mujeres.
Es momento de actuar. El Programa Paridad es nuestra respuesta para construir una región más inclusiva y equitativa”.
Con este mensaje, dio inicio el Programa Paridad, que busca el Fortalecimiento de la participación sustantiva de las mujeres, en su diversidad, en América Latina y El Caribe.
En las últimas tres décadas, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han enfrentado crisis institucionales que han puesto a prueba sus democracias, agravadas por factores como la desigualdad socioeconómica estructural, el modelo neoliberal, la polarización política, la violencia social y patriarcal, la corrupción, y la captura de instituciones por intereses ilegítimos; afectando especialmente a mujeres y niñas por su situación de vulnerabilidad.
A pesar de ser la mitad de la población, las mujeres aún no participan de manera igualitaria en los espacios de poder. A partir de 2009 la región empezó a adoptar la senda hacia la paridad y, a la fecha, países como Costa Rica y Ecuador (2009), Bolivia (2010), Honduras, Nicaragua y Panamá (2012), México (2014), Argentina (2017) y Perú (2020) han implementado leyes de paridad en el registro de candidaturas para la conformación de sus parlamentos, acercándose así a la idea de una democracia paritaria. Sin embargo, aún persisten brechas significativas en la representación efectiva de mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones. Según datos de la ONU, al 1 de enero de 2022, solo seis países del mundo tenían un 50 por ciento o más de mujeres en sus cámaras bajas o únicas, entre ellos México, que alcanzó el 50 por ciento.
La brecha de representación legislativa entre hombres y mujeres en 18 países de la región es de 70 por ciento en promedio según datos de la CEPAL (2023). A nivel de parlamentos nacionales, poco más del 26 por ciento de los parlamentarios son mujeres, lo que representa un incremento de solo el 11 por ciento desde 1995. En América Latina y el Caribe, las mujeres ocupan el 36 por ciento de los escaños parlamentarios. A este ritmo, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se alcanzará antes de 2063.
En enero de 2024, las mujeres ocupan la jefatura de Estado o de Gobierno en solo 26 países a nivel mundial, mientras que 115 países nunca han tenido una mujer al frente. Según la Organización de las Naciones Unidas, al ritmo actual se necesitarán 130 años para alcanzar una gobernanza verdaderamente inclusiva.
La región cuenta con un movimiento de mujeres y feminista bastante organizado y dinámico. Este movimiento, en toda su diversidad, a nivel local, nacional y regional, viene manteniendo una actitud de disputa en el plano de las ideas, discursos y normativas sobre el poder, lo público y la ciudadanía. Fueron estos movimientos, a nivel global, que impulsaron las agendas y acuerdos derivados de Beijing, Cairo y Belén do Pará, y en la región, los consensos sobre desarrollo en ALC. Agendas que a pesar de los desafíos siguen como referentes normativos y políticos esenciales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y, por ende, el alcance de la democracia sustantiva. Este mismo movimiento impulsó reformas legislativas importantes, que garantizaran la igualdad formal (jurídica) entre hombres y mujeres.
Pero estos avances no garantizaran la igual participación en espacios de tomada de decisiones. Las condiciones concretas de vida en que se encuentran las mujeres (sobrecarga de trabajos de cuidado, violencia política, discriminación de género, violencia doméstica, y otras) limitan sobremanera su actuación en los ámbitos más formales de participación.
Estos mismos obstáculos enfrentan las mujeres en ámbitos de poder y decisión fuera de la institucionalidad del Estado, como sindicatos, organizaciones, empresas, juntas o comités. La brecha de representación se muestra aún más excluyente cuando consideramos las mujeres pobres, rurales, indígenas y afrodescendientes siguieron y siguen siendo mayoritariamente excluidas. Lo que inicialmente se configuró como un piso mínimo, terminó convirtiéndose en un techo y una barrera para que más mujeres pudieran acceder a la participación y a niveles más altos; y en países como Guatemala, Brasil y República Dominicana, ni siquiera se alcanza aún este piso mínimo.
Desde CLADEM y DIAKONIA seguiremos impulsando actividades la Paridad de Género y la Igualdad Sustantiva en toda América Latina y el Caribe.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
