Rogelio Hernández López
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de abril, 2022.- Sí levantó bullicio entre periodistas el anuncio del presidente que se destinarán 750 millones de pesos en 2022 para financiar un esquema de seguridad social para periodistas que lo necesiten. Fue buena noticia para muchos colegas altamente precarizados y vulnerables. En otros excitó la sospecha de que será una especie de soborno –“chayo” se dice— “solo para quienes sean afines al gobierno federal.” Otros, pocos, reprueban el trato especial por encima de millones de necesitados.
A quienes expusieron preguntas e inconformidades directamente a este reportero les ofrecí argumentar. Y sostengo que, resulta más que buena la decisión presidencial al ponerla en el contexto de vulnerabilidad y agravios contra periodistas, porque en el fondo reconoce la importancia social de esta actividad y porque abrió un tercer proceso de amplio alcance hacia un sistema de protección integral para quienes cumplen esta función de interés público.
Me explico:
Uno. Es buena noticia porque el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para salud de periodistas y sus familias, más el ingreso al sistema de pensiones para jubilación alcanzaría a más de la mitad de quienes trabajan de tiempo completo como periodistas.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2021, registró un total de 41 mil 113 trabajadores que se identificaron como periodistas, averiguó el reportero Roberto Fuentes Vivar. Y de ese total alrededor de 22 mil carecen de seguridad social aseguró el Director General del IMSS, Zoé Robledo citando datos del INEGI de 2020.
Habrá quienes no quieran beneficiarse de ese esquema de seguridad social porque le cause conflicto ético. Ya veremos.
Dos. El mero anuncio presidencial formalizó un tercer proceso hacia la construcción del sistema de protección integral de esta actividad de interés público, como se ha solicitado desde 2012.
Un proceso lo abrió el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez al convocar a los diálogos para perfilar una nueva ley general de protección y prevención ante agravios para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Esta ley sería general, obligatoria para los tres niveles de gobierno y crearía un sistema nacional de protección cautelar ante agravios. En los cinco foros realizados de enero a marzo se ha ofrecido que la iniciativa se presentará en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Los diálogos seguirán. Insistiremos en ellos que la ley sea más preventiva y reconozca derechos para ejercer el periodismo con seguridad.
Otro proceso se encuentra en el Senado de la República donde se dictamina en comisiones la iniciativa del Senador Emilio Álvarez Icaza para adicionar la Ley Federal del Trabajo con un capítulo para periodistas como trabajo especializado y protegerles derechos laborales, derechos abatidos en quienes les han reducido salarios y prestaciones por las crisis empresariales, para quienes trabajan para empresas como corresponsales, como independientes, por honorarios y hasta quienes tienen planta, pero contratados con segundas empresas, muchas fantasmales.
La iniciativa del senador independiente incluye reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para facilitar los pagos de impuestos como personas físicas a los periodistas y la creación de pequeñas empresas de servicios informativos. Allí las y los periodistas tendremos que insistir en el reconocimiento jurídico de miles de empresas pequeñas de servicios periodísticos pero que sean de carácter no lucrativo y autorreguladas éticamente.
En resumen, ya son tres los procesos encaminados a un sistema de protección integral para periodistas: reforma constitucional para reconocer la actividad como del interés público y con una ley general de alcance nacional para reconocerles el derecho a protección de su integridad con medidas preventivas tanto cautelares como sociales cuando sean víctimas; adiciones a la ley respectiva que proteja sus derechos laborales como profesionales de la información y como pequeños empresarios y un fondo financiero para protección social en salud y pensiones para quienes carezcan de ello y lo requieran.
Son tres procesos para reducir vulnerabilidades a quienes son más susceptibles de padecer agravios de todo tipo.
¿Qué es un sistema de protección integral?
Entre periodistas de los estados se reiteran demandas de programas de salud, vivienda, educación, seguros de vida, etcétera como se ha visto en los cinco diálogos promovidos por la Segob.
Frente a estas peticiones siempre discrepan otros colegas porque –dicen– las empresas de prensa deben ser las que cumplan con mejores salarios y prestaciones sociales, porque cuando las ofrecen los gobiernos se vulnera la independencia de criterio. Algunos rechazan que el Estado conceda más importancia al periodista que a otras actividades.
Frente a eso yo refrendo los que comunicólogos, sociólogos y periodistas de otros países reivindican del ser periodista.
La esencia de esta actividad la define su relación con sus sociedades y su labor principal es informarla para facilitar vínculos entre comunidades, empoderarlas con el instrumento de la información para que puedan tomar mejores decisiones para su bienestar, para sus relaciones con políticos y con otros poderes. Ninguna otra actividad tiene esta alta responsabilidad social.
Por eso en muchas naciones existen leyes e instrumentos para proteger al periodista y reconocerles derechos para que cumplan mejor su esencia de hacer que fluya la información del interés público.
Y para el caso de México, donde la estructura económica, comercial y política ha provocado que miles de periodistas padezcan una tremenda precarización, laboren con muchas vulnerabilidades y padezcan agresiones cotidianamente y un sinfín de asesinatos, se hace indispensable un sistema de protección integral para que realicen su función con seguridad y dignidad.
En marzo de 2017, Raúl Trejo Delarbre, a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM me solicitó un ensayo sobre qué hacer para frenar las agresiones contra periodistas. Le entregué propuestas de carácter estructural.
Las medidas que reiteré en el escrito son para disminuir las seis grandes vulnerabilidades que padecen miles de periodistas, sobre todo los muy precarizados que son más susceptibles de sufrir agravios. Estas medidas conformarían un sistema de protección integral más allá de la protección cautelar ante agresiones.
Dos de estas eran para instrumentar políticas públicas contra la precariedad social y los bajos índices de profesionalidad.
El Fondo alcanzaría para capacitación
En ese contexto es que inscribo como buena noticia el fondo anunciado por el Presidente de la República porque ayudaría a enfrentar las vulnerabilidades sociales y hasta profesionales de muchos periodistas porque carecen de protección pública para la salud y para jubilaciones. Y alcanzaría hasta para capacitación continua.
El monto del 25 por ciento del presupuesto anual para gasto federal en publicidad en 2022 será de aproximadamente 750 millones de pesos, en un solo año. De esa cantidad sobraría más de la mitad si se inscribieran, masivamente y en seis meses, los 22 mil periodistas que se calcula carecen de un esquema de seguridad social de salud y pensiones.
Hay datos en ese sentido que probablemente sean indicativos de cómo se instrumentará el anuncio presidencial. En septiembre de 2020 la entonces diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, propuso reformar la Ley del Seguro Social para incorporar a personas periodistas.
Lo primero positivo de aquella propuesta fue afinar la definición de periodista, ya sin incluir a los medios y colaboradores periodísticos como si lo hace la ley federal de protección. La legisladora definió:
“Periodista. Persona física que en el ejercicio de la libertad de expresión que otorgan los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dedica habitual, profesional o laboralmente a informar a la población, a través de los medios de comunicación impresos, radio, televisión y cibernéticos, obteniendo su principal ingreso de esa actividad.”
Precisó que el esquema de aseguramiento comprendería: “las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos.”
Informó que el pago de la cuota anual para acceder a los servicios otorgados por este seguro entonces ascendía a 11 mil 857 pesos por asegurado. En consecuencia, propuso que por ley se estableciera un subsidio del 50 por ciento en el pago de la cuota anual, equivalente a 5 mil 542.88 pesos, para quienes tuvieran ingresos mensuales menores a los 5 mil pesos.
Y en el supuesto de que los 22 mil periodistas obtuvieran ese subsidio del 50 por ciento en la cuota anual el costo directo final ascendería a 121 millones 943 mil 360 pesos al año, cantidad que al restarla de los 750 millones anunciados dejaría un remanente de un poco más 628 millones solo en 2022 y si se inscribieran los 22 mil periodistas referidos.
Por eso se afirma que el fondo anunciado alcanzaría para disminuir otra vulnerabilidad que ha prohijado la precarización del trabajo de miles de periodistas: la falta de capacitación continua.
Contra la vulnerabilidad profesional
En aquel ensayo que entregué para el libro de análisis de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también reflexioné de otra de las necesidades más sentidas entre más de 700 colegas del país que habían concurrido a las acciones de capacitación de la Casa de los Derechos de los Periodistas (asociación civil hoy inactiva por falta de apoyo público), la necesidad de elevar las capacidades académico-profesionales de quienes las entienden como la primera condición para la autoprotección del ejercicio.
Es fuerte la percepción –no aceptada por todos los colegas– de que las insuficiencias en la formación profesional y la falta de capacitación continua producen la primera gran vulnerabilidad de los periodistas. Quien tiene las suficientes fortalezas profesionales y puede sustentar todo lo que difunda disminuye algunos riesgos de reacciones violentas.
Y por otro lado la capacitación profesional continua facilita la obtención de otras fortalezas como contrataciones laborales más aceptables, salarios y prestaciones decorosos, prestaciones sociales y, como consecuencia mayor autonomía de pensamiento y de ejercicio incluso hasta para evitar las malas prácticas de corrupción con fuentes informativas, gobernantes y otros.
Propuse entonces un programa nacional de profesionalización, encabezado por la Secretaría de Educación Pública y avalado por la UNAM como paso ideal. Un programa así requiere tantos programas estatales como sea posible, en los que universidades estatales o privadas instituyan programas permanentes de actualización profesional para periodistas, como ya los tienen cuatro o cinco centros de educación superior.
Con los posibles remanentes del fondo anunciado alcanzaría para iniciar un programa masivo y nacional de titulación y actualización continua para varios cientos de colegas en todo el país que lo requieran.
Aún más. Hay propuestas elaboradas para que el financiamiento de un programa así no recaiga totalmente en los recursos públicos, sino que sea tripartita: del ramo educativo del sector público, de empresas que cumplan con las obligaciones de capacitación o quieran mejorar la profesionalidad de sus plantillas y de periodistas beneficiarios al inscribirse.
Colegas empujemos la consolidación de esos tres procesos, participemos en los diálogos, en el Congreso de la Unión y para que el Comité de Administración para el fondo del esquema de protección social sea de personas probas. Creo que la ciudadanía se beneficiará con periodistas que trabajen con más seguridad, más protección social y más profesionalismo.
