Rogelio Hernández López
SemMéxico, Ciudad de México, 24 de enero, 2022.- Apenas comenzaba el primero de siete diálogos para sustituir la ley de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la Secretaría de Gobernación (Segob) cuando comenzó a circular allí la noticia del asesinato del fotorreportero Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California, el segundo colega victimado en enero.
Pero en esa sesión nadie lo hizo público, ni siquiera los muy pocos colegas que participaban.
Tampoco hubo crónicas en los grandes medios de prensa sobre los dos días de ese dialogo inusual.
Lo desusado del foro, es que el Subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, haya convocado a un ciclo de siete o más consultas en regiones del país (diálogos, le llamó) para obtener el más amplio consenso social en la construcción de una política de Estado.
Una política de Estado que proteja a estas dos actividades de interés público con un sistema nacional de prevención, con obligaciones para los tres órdenes de gobierno y varias dependencias más del gobierno federal.
La importancia de ese primer foro también se reflejó en la cuantiosa asistencia y buena representación de organismos internacionales y nacionales, la mayoría de activistas defensores de los derechos humanos.
Muy pocos periodistas
Pero el asesinato del fotorreportero, Margarito Martínez Esquivel puso un toque oscuro al foro. Y seguirá agigantándose ese manto negro de periodistas victimados en México desde diciembre de 2018. Ya son 52. Los diálogos son para encontrar alternativas colectivamente que puedan detener este otro ciclo sangriento.
Lo paradójico es el desinterés de este gremio flagelado, como lo reflejó el primer foro: entre más de 150 asistentes (104 vía remota y unos 50 presenciales) sólo se pudieron identificar a 9 periodistas profesionales activos en su ramo que participaron. Apenas el 6 por ciento y la mayoría limitados por estar en vía remota.
En el salón de la Segob contrastaron demasiado las participaciones de únicamente dos periodistas profesionales (Juan Bautista Aguilar y Laura Barranco) frente a las de representantes de la Oficina de derechos humanos en México de la ONU, de la CIDH de la OEA, de la CNDH, de Artículo 19, de Reporteros sin Fronteras, del CPJ, de la Asociación civil Ideas, del grupo Hermanos Cerezo, del Centro Fray Francisco de Vittoria, de ACMR, de CIMAC, Propuesta Cívica, la Red TdT, del PBI. Todo ellos activistas profesionales de organismos internacionales y nacionales que, por su número, visiones y conocimientos adquiridos en años, siempre copan espacios, tiempos y propuestas.
Otros siete colegas únicamente pudieron enviar textos vía digital y no todos fueron leídos en la plenaria: Luis G Velázquez, Hugo Morales, Jesús Medina, Roberto Fuentes Vivar, Betty Astudillo y Héctor Peñaloza.
Hubo además participaciones de mujeres y hombres beneficiarios del Mecanismo. Entre ellos destacaron por sus muchas intervenciones, algunas muy rijosas, dos informadores digitales que se identificaron como Omar y Amir al exigir castigos para operadores del mecanismo e investigaciones para el Consejo Consultivo ciudadano.
Faltaron periodistas profesionales que expusieran las diferencias de su quehacer profesional y social y sus propuestas. También escasearon informaciones de la gran prensa de los dos días del dialogo a pesar de su importancia. Solo circuló una columna del colega Roberto Fuentes Vivar.
Los propósitos de dialogar
Durante la inauguración Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que se pondrá especial énfasis en la prevención de agresiones y en la definición de las competencias de los tres niveles de gobierno, porque en muchos de los casos son las propias autoridades las causantes de ellas.
“para que el nuevo sistema nacional tenga las funciones y las facultades para iniciar acciones penales contra quienes violen la ley y agravien estos derechos”.
“Queremos escuchar a todas las voces de las diversas regiones del país”, insistió Encinas, “la discusión tiene que ser abierta y libre con el fin de generar los consensos para traducirse en una iniciativa que se presentará al Congreso de la Unión, donde habrá un proceso de parlamento abierto para obtener una ley que tenga legitimidad y se facilite su implementación”.
El sentido general y la importancia de ese primer foro fue respaldado por el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, las presidentas de las Comisiones de Derechos Humanos en el Senado de la República Kenia López Rabadán y de la Cámara de Diputados Nelly Minerva Carrasco, por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Guillermo Fernández-Maldonado, por representantes de mecanismos de los estados de México, Morelos y otros, así como el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, Alberto Xicoténcatl Carrasco y por las decenas de activistas allí presentes.
Enrique Irazoque Palazuelos titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Erick Javier Martín Salas (nuevo Director General del Mecanismo condujeron los diálogos del 17 y 18 de enero. Antes de eso presentaron un informe pormenorizado de la situación de las y los beneficiarios y del propio Mecanismo. Informe que merece otra columna.
Primeros Consensos
Erick Javier Martín Salas se encargó de presentar como primeros consensos las propuestas más reiteradas y aceptó comentarios. Anunció que días antes del siguiente diálogo regional se haría pública la relatoría del anterior. Luego se mencionaron las siguientes convergencias:
– Que la nueva ley sea General y de observancia obligatoria para el sector público, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
– Que se prevean obligaciones para los tres niveles de gobierno, que se incluyan a las policías federales, estatales y municipales y se revisen los bandos de gobierno para impedir limitaciones a defensores y periodistas.
– Establecer Mínimos para la coordinación entre la federación con entidades estatales y municipales y para sus leyes locales actuales o futuras.
– Que haya un modelo nacional de prevención con acciones concretas de otras dependencias federales y de los tres niveles de gobierno.
– Ampliar la participación de sociedad civil en un nuevo Consejo Ciudadano de alcance nacional.
– Establecer acciones permanentes de reconocimiento público a la labor que realizan personas defensoras y periodistas.
– Que se incluyan obligaciones al sector privado porque muchas agresiones provienen de particulares.
– Que las y los beneficiarios sean redefinidos como sujetos de derechos y no como objetos de protección.
– Fortalecer el Mecanismo de Protección y se le garanticen recursos humanos y financieros
– Fortalecer la operatividad interna del Mecanismo de Protección, garantizar la alta capacitación del personal operativo y que las representaciones de otras dependencias sean del más alto nivel. Que sea más activa la CNDH.
– Que haya un enfoque integral en el mecanismo de protección, para que puedan atender a las familias y a las agrupaciones que pertenecen los beneficiarios.
– Incorporar también la perspectiva de género, enfoques intercultural, colectivos, comunitarios y para discapacitados. Garantizar intérpretes y traductores.
– Definir que beneficiarios en riesgo puedan decidir entre la protección estatal o federal.
– Hacer un registro de agresiones y agresores, generar mapas de riesgo a nivel estatal y municipal, Incluir en la tipología de delitos los ataques cibernéticos, así como la omisión y negligencia de servidores públicos.
– Fortalecer metodologías de Análisis de Riesgo.
– Garantizar planes de protección con medidas sociales (como en la CDMX) físicas, digitales y psicosociales.
– Asegurar la debida diligencia cuando se investiga delitos contra personas defensoras y periodistas.
– Asegurar que los planes de protección permitan continuar con la labor de defensa y del periodismo.
Las propuestas más reiteradas perfilaron estos consensos. La mayoría fueron de las y los defensores de derechos humanos. Y esa probablemente será la tónica en los siguientes siete foros regionales por la poca participación de periodistas.
Se anunció que los siguientes diálogos serán en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde se registran la mayoría de agresiones contra personas defensoras y periodistas. Al final se anunció que habría en otras entidades y que en la Ciudad de México se realizarían reuniones técnicas.
¿Habrá periodistas dolidos por los crímenes contra su gremio o que estén preocupados por alcanzar más derechos y garantías a su libertad e integridad y participen en los foros?
