Rogelio Hernández López
SemMéxico, Cd. de México, 11 de octubre, 2021.- Sin eufemismos, con señalamientos directos de irresponsabilidad, deficiencias y falta de voluntad política de fiscales, gobernadores y alcaldes, fue el más fuerte reproche que oficial y públicamente se haya hecho a estas autoridades desde la Secretaría de Gobernación. Es que estas malas prácticas son parte de las causas de que:
– Hayan aumentado aceleradamente agresiones y asesinatos contra defensores y periodistas;
– Ahora el principal agresor y factor de riesgo sea la autoridad en el ámbito municipal;
– La delincuencia organizada se haya convertido en el segundo agresor de estas poblaciones y que
. Las peticiones de protección a la federación casi se hayan duplicado en menos de tres años.
Así lo expusieron el Subsecretario y el director de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob Alejandro Encinas y Enrique Irazoque el 5 de octubre cuando presentaron en conferencia de prensa su informe sobre la eficacia del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que el Presidente López Obrador les había pedido en dos ocasiones.
Cambió el perfil de agresores
Informaron que al inicio de la actual administración (diciembre de 2018) se encontraban incorporadas 798 personas al mecanismo federal de protección y que, en apenas 34 meses (al 5 de octubre de 2021) ya se habían adherido otras 708 personas, 88 por ciento más.
Del total de 1,506 personas incorporadas con distintas medidas de protección 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres).
De sus datos resalta la modificación del perfil de agresores. Según su registro los servidores públicos (principalmente municipales) son ahora los causantes del 43.1 por ciento de las amenazas o agresiones y la delincuencia organizada ya comete del 33.5 por ciento.
Esos perfiles contrastan con los que se registraban en 2009: el 76.5 por ciento de las agresiones provenían de servidores públicos (uniformados, funcionarios diversos y otros) y apenas el 7.5 por ciento provenían entonces de la delincuencia organizada.
Lo que ahora ocurre explicó Encinas en la conferencia de prensa, “es un dato alarmante, cómo el principal agresor y factor de riesgo es la autoridad en el ámbito municipal con grupos delictivos”.
Precisiones
El informe oficial fue ampliamente difundido en los medios de prensa más influyentes, aunque el enfoque más generalizado fue entresacar esos datos duros no obstante que desde el inicio del documento que presentaron se plantean precisiones de lo qué hace el mecanismo federal y lo que han dejado de hacer otras autoridades.
En el texto de 11 páginas se anotan cinco factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y allí comienzan a especificar los elementos de reproche a otras autoridades:
1. Crimen organizado.
2. Impunidad (ausencia de investigaciones y castigos).
3. Corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos.
4. Incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia.
5. Falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. (Subrayados de RHL)
También informan de las tareas que las otras autoridades deben cumplir, pero le endilgan al gobierno federal.
Asientan: ¿Qué no es el Mecanismo?
•No implementa directamente acciones para la prevención del delito en estados o municipios.
•No investiga delitos, ni le corresponde abatir la impunidad en la justicia tratándose de los casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
•No cuenta con atribuciones para erradicar la violencia generalizada que existe en entidades federativas y que impacta a toda la población, incluidos periodistas y personas defensoras.
Durante la conferencia de prensa Enrique Irazoque precisó aún más:
“Somos un área de primer contacto ante la deficiencia y la falta de voluntad política de las diferentes autoridades, es el mecanismo quien entra en primer sentido y quien se ha hecho cargo del 85 por ciento de las medidas que otorga el mecanismo (y que) son vía su presupuesto”.
En la presentación señalan más claramente que “las medidas otorgadas por el Mecanismo no suplen las obligaciones legales que le corresponden directamente a:
“-Policías municipales y estatales en funciones de protección a los diferentes sectores de la población, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“- Fiscalías que al recibir la denuncia de un delito y advertir algún tipo de riesgo o amenaza contra personas defensoras y periodistas, deben dictar las medidas cautelares que correspondan conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para ver el informe completo: https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobernacion-documento-sobre-agravios-contra-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas?fbclid=IwAR1xXQL7xHpU3IiDQjW6ZUyrPVobiZ6DwlobFCOY7FPMEhHeummdONiujd8
Lo que viene
En consecuencia, luego de los señalamientos Alejandro Encinas Rodríguez, enfatizó que se tomaran medidas para seguir integrando una estrategia integral para que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad. Estas medidas se especifican claramente en el mismo documento:
•Modificación del marco normativo en la materia, un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia.
•Impulsar en las Fiscalías el seguimiento de las investigaciones de los casos de agresiones contra periodistas y defensores y garantizar las sentencias por parte de la autoridad judicial.
•En lo inmediato, continuar con la firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para: a) Generar política pública de prevención contra agresiones, amenazas y riesgos de personas defensoras y periodistas; b) Intensificar la atención a la protección de los casos vigentes y los que se sigan presentando; c) Establecer protocolos estrictos de seguridad que deban atender las personas beneficiarias del Mecanismo.
Al respecto, informó Encinas, ya se inició un ciclo de reuniones con gobernadores para coordinar políticas públicas para la defensa de los derechos humanos en cada entidad, lo que incluye ratificar o firmar los convenios de enlace con el Mecanismo de Protección federal; e igualmente comenzaron las conversaciones con las cámaras del Congreso de la Unión.
Reacciones posibles
Colegas periodistas sensibles a lograr un marco de protección más amplio a esta labor seguramente buscarán reacciones de las autoridades señaladas y buscarán la información en el Senado de la República sobre la etapa en que se encuentra la Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que reformó la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2020.
Esta ley aún sin agendar en el Senado es de suma importancia porque al ser de carácter general (y no solo federal) le daría base jurídica al sistema integral de protección que anuncia Encinas al darle más fuerza al Mecanismo federal en dos sentidos:
* Para que desde la Secretaría de Gobernación se convierta en el eje rector de políticas públicas y de coordinación con otras secretarías federales, instancias de seguridad y de justicia, así como con gobiernos estatales y municipales.
* Igual le garantizaría al Mecanismo federal su presupuesto anual para ampliar los equipos humanos suficientes para la nueva etapa.
Más importante todavía es que esa ley general facultaría al Mecanismo y la Secretaría de Gobernación para iniciar procedimientos de sanciones civiles, penales o administrativas a los gobiernos estatales y municipales cuando incumplan los convenios de coordinación para proteger periodistas y defensores.
Y para completar esa estrategia integral de prevención le faltaría la disposición de la Subsecretaría y más directamente del Mecanismo para promover inercias con empresas de prensa y hasta para incentivar a periodistas para que se convoquen a formar redes efectivas de autoprotección y de reacción rápida ante amenazas.
