Rogelio Hernández López
SemMéxico, Ciudad de México, 3 de octubre del 2022.- –Tras cada agresión o asesinato a periodistas se acumula la frustración e impotencia, sobre todo entre colegas en los estados, que son los más castigados. Las y los periodistas sí podemos aportar otras vías para ir frenando lo violento de este ciclo. Para la maduración de estas rutas es indispensable que contemos con el apoyo social, además del gubernamental– insistí a dos funcionarios del gobierno federal que preparan la propuesta de una nueva ley de protección. Escucharon con interés el resumen.
El punto de partida es aceptar que la mayor vulnerabilidad de las y los periodistas es la muy poca simpatía de la gente común a nuestra función, que por esencia es de interés público. Un reflejo es nuestra soledad cuando salimos a protestar en cada asesinato de colegas.
Por eso las y los periodistas, preocupados por nuestra seguridad y nuestra profesión, tenemos que conseguir que muchas más personas sientan cercanía y confianza con quienes son profesionales de la información. De las vías para lograrlo hay ejemplos prácticos en casi todos los estados:
Para la cercanía hay colegas que consiguieron ampliar sus públicos al hacer periodismo hiperlocal, con los asuntos que interesan directamente a la gente porque son de su entorno cercano e intereses directos.
Para elevar la confianza, la otra vía es consolidar legal y económicamente a cientos, quizá miles, de empresas pequeñas de servicios informativos con carácter no lucrativo y comportamientos éticos.
Los más sufrientes
Si alguien dudará de los flagelos que padecen colegas periodistas de los estados, bastaría observar las noticias más recientes:
El 26 de septiembre se reportó oficialmente como desaparecido, desde seis días antes, al periodista Roberto Carlos Flores Mendoza, autor y director de un sitio informativo digital en Comitán de Domínguez, Chiapas.
El diario digital Sin embargo mantiene en sus páginas el entristecedor recuento de los 15 periodistas asesinados/as en México tan solo en 2022. Todos en las entidades con mayor violencia:
José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero en el Puerto de Veracruz;
Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero en Tijuana, BC;
Lourdes Maldonado López, el 23 de enero en Tijuana, BC;
Roberto Toledo, el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán;
Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca;
Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero en Empalme, Sonora;
Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo en Fresnillo, Zacatecas;
Armando Linares López, el 16 de marzo en Zitácuaro, Michoacán;
Luis Enrique Ramírez Ramos, el 5 de mayo en Culiacán, Sinaloa;
Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, el 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz;
Antonio de la Cruz, el 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas,;
Ernesto Méndez Pérez, el 3 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato;
Juan Arjón López, el 16 de agosto en San Luis Río Colorado, Sonora;
Fredid Román Román, el 22 de agosto, en Chilpancingo, Guerrero.
La Subsecretaría de Derechos Humanos federal reconoce que ya son 63 las personas vinculadas con el periodismo que han sido asesinadas en cuatro años (de diciembre de 2018 a la fecha) y que la absoluta mayoría eran reporteros locales.
Más de la mitad de las agresiones y asesinatos sucedieron en 8 entidades de la federación: Veracruz (22 asesinatos); Guerrero (16 casos); Oaxaca (16 casos); Tamaulipas (16 casos); Chihuahua (14 casos). Estos y otros tres acumulan la mayor cantidad de agresiones: Estado de México, Michoacán y Sonora.
Y la tipología promedio de los agredidos y asesinados indica que son: frágiles profesionalmente, trabajan con muchas precariedades en localidades medianas o pequeñas, en medios marginales y escaso respaldo de organizaciones gremiales fuertes. Así se verifica en cada queja o solicitud de protección.
El caso más reciente que comprueba este perfil es de Enrique Pastor Cruz Carranza, que el 28 de septiembre pidió ayuda al presidente. Dijo que representa al Club de Periodistas de México (que no es un medio sino un frente gremial con débil estructura y deficiente vida orgánica) y que trabaja en la estación Radio Delfín de Ciudad del Carmen, Campeche (estación con poca audiencia). Pidió que en la evaluación de riesgos que le harían para mantenerle o no la protección del mecanismo federal, no fuese “burocráticamente” porque podría ser fatal. “Nosotros, en los estados ponemos los muertos”, sentenció.
El menoscabo social
Ante asesinatos de periodistas hay sociedades que protestan masivamente pero no la mexicana.
En París Francia, el 7 de enero de 2015 el semanario satírico Charlie Hebdo sufrió un tiroteo por dos hombres enmascarados pertenecientes a Al-Qaeda. Y desde ese mismo día y hasta el 11 de enero se manifestaron no menos de 2 millones de personas en la capital. Diversas fuentes informan que fueron 3 millones 700 mil personas en las manifestaciones celebradas en toda Francia, con el lema: “Je suis Charlie” (Yo soy Charlie).
En México de los 63 crímenes ocurridos desde diciembre de 2018, han sido contadas las manifestaciones de protesta, pero casi todas con puros periodistas. En 3 o 4 casos han sido marchas un tanto más cuantiosas o paradas tipo mitin en varios estados. Y solo con periodistas. La sociedad no participa en la inconformidad activa, ni siquiera las organizaciones urbanas, campesinas o de derechos humanos más notables.
La explicación más reciente de ello la ofreció en un seminario internacional de derecho penal el reportero y especialista en ética periodística Gerardo Albarrán de Alba el 22 de septiembre:
“El distanciamiento de la sociedad mexicana con los periodistas tiene que ver con el origen y comportamiento corrupto de los medios industriales (1919)… Aquí no ha habido una prensa dedicada a la sociedad. Lo que hemos tenido es un sistema de medios cómplice y servil con los gobiernos… No existen condiciones para que se desarrolle una prensa al servicio de la sociedad… Históricamente los dueños de los medios se han acomodado al servicio del poder político que les conviene… Ahora tenemos que la inmensa mayoría de impresos, estaciones de radio y canales de televisión que se sienten afectados no hacen periodismo sino propaganda en abierta oposición a un gobierno con el que no están de acuerdo y tienen todo el derecho del mundo para discrepar… Pero no cumplen con su obligación de informar”.
También por eso, en contraparte, ha proliferado cualquier cantidad de medios de periodistas hartos de este sistema histórico.
Otras vías.
Esta última afirmación de Albarrán se verifica con muchos casos de agrupamientos o pequeñas empresas de periodistas profesionales que se han desarrollado con periodismo hiperlocal, investigado y con códigos éticos. Han conseguido audiencias muy distintas a las que creen en los llamados influencers, youtuberos o comunicadores improvisados y oportunistas en redes sociales.
De los que han abierto otras vías se pueden citar los casos de los colegas de Julio Astillero, el grupo Vía Libre (Hidalgo), La Lupa (Querétaro), Billie Parker Noticias (Veracruz), La Plaza (Guerrero), Red Acción (Ecatepec), La Calle (Toluca), Tucán (Oaxaca) Entre todos, expresión universitaria (Coahuila), Nayarit en Línea y otros que este reportero conoce directamente.
La Red de Periodistas de a Pie, además de su sitio web y su canal digital Rompe Viento, ha construido una Alianza con 15 medios locales que realizan periodismo de investigación, con un código ético prototipo y en la mayoría de los casos sobre temas hiperlocales. Estos son:
Raichali y La Verdad de Chihuahua, Revista Espejo e Inndaga de Sinaloa, Amapola de Guerrero, Página 3 e Itsmo Press de Oaxaca, LADO B de Puebla, Chiapas Paralelo de Chiapas, Pie de Página de Ciudad de México, Pop Lab de Guanajuato, Perimetral, Letra Fría, Zona Docs de Jalisco y Elefante Blanco de Tamaulipas.
Podrían ser muchos más. Por conocimiento directo en la mayoría de las entidades del país se puede calcular que desde 2005 ha ido creciendo el número de medios pequeños, la mayoría digitales. Para 2022 el total podría rebasar los 4 mil medios informativos con dos y hasta 20 periodistas.
No basta con una nueva ley
La violencia contra periodistas no se ha podido frenar con los dos instrumentos que se han creado en el gobierno federal: el mecanismo de protección y la fiscalía especial.
En los estados, donde se registra la mayor parte de actos negativos solo existen 14 leyes relativas, pero solo operan tres medianamente. Sería útil una nueva ley de alcance general que obligue a los estados a proteger a sus periodistas, pero insuficiente porque es indispensable allegarles fortalezas.
Por eso se insiste en otro andamiaje jurídico y políticas públicas, sobre todo preventivas que reconozcan las nuevas expresiones del periodismo y se apoye su desarrollo para que las y los periodistas obtengan fuerza suficiente para su autoprotección y continuar profesionalmente.
Esta otra vía se puede desarrollar con las y los periodistas –dijimos a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación—. Se requieren otras reformas y políticas públicas para institucionalizar la figura legal de “medios informativos pequeños no lucrativos de interés público”, que se comprometan a tener una línea editorial de cercanía con la gente, como hay bastantes casos; empresas que se obliguen a reinvertir las ganancias en capacitación continua y mejorar equipamiento, que elaboren voluntariamente códigos de ética supervisados por universidades o grupos de pares electos para ese fin.
Con el concurso de periodistas sí se puede desarrollar esta vía complementaria para la protección integral para: disminuir vulnerabilidades de miles de colegas en los estados; acortar el distanciamiento de la sociedad con la prensa y periodistas; enfrentar el subempleo y precariedad de los miles que trabajan por su cuenta (El INEGI informó que son más de 7 mil); institucionalizar a un nuevo actor en el mercado de la información y la publicidad para restar la preponderancia de los corporativos y, sobre todo para la democratización auténtica de la información. Mirada de reportero.
