Rogelio Hernández López
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de agosto del 2022.- Sí, sorprendió a varios periodistas enterarse que el Instituto Nacional Electoral (INE) había solicitado sancionar, por un comentario de seis palabras, al director del sitio digital Sin Línea Erick Gutiérrez y que el Tribunal electoral federal le impuso dos multas, un curso de capacitación, publicar la sentencia en su sitio y retirarle su derecho ciudadano a votar en tres años.
Y el asombro crecerá cuando se conozca que el INE también ha pedido castigos para otras y otros 21 periodistas y que además los exhibe en una lista negra llamada Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género junto a otras 220 personas sancionadas por comentarios.
¿Con qué derecho juzgan la libertad de expresión los árbitros electorales?
Suplantan autoridades
En ese registro de sancionados por petición del INE, desde 2019 hasta el 26 de agosto de 2022, aparecen 21 personas que identifican como periodistas de 16 entidades de la República: Alejandro Mares, Alejandro Sevilla, Armando Guerra, César Langarica, Diego Alejandro Soto, Eliazar Velázquez, Eloy Garza, Enrique Gómez, Francisco Román, Homero Turrubiarte, Jacinto López (dos veces), José Gerardo Hernández, Juan Carlos Méndez, Leonardo Kourchenko, Lucio Espinoza, Magdaleno Luis Camacho, María De Los Ángeles Tovar, María Del Carmen Vázquez, Mario Alberto Sánchez, Octavio Augusto Corvera y Víctor Alfonso Altamirano. Allí no aparece todavía Erick Gutiérrez. (ver lista adjunta)
Los acusan de externar en medios de prensa y digitales frases, opiniones e imágenes estereotipadas que demeritan la imagen o las capacidades de mujeres que presentaron quejas. Las sanciones que según el INE ameritan son amonestación pública y/o multa económica, acompañadas de medidas de restitución como disculpa pública, publicar en su medio las sentencias, cursos de capacitación y sensibilización y otros que garanticen –aseguran—la no repetición, (ver listado en https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/ ).
EL INE solicita tales castigos con base en el artículo 442 Bis, inciso f de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que considera infracción a: “f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.” Y con eso se da licencia para examinar conductas relacionadas con la libertad de expresión de políticos, funcionarios públicos y en el etcétera incluye arbitrariamente a comunicadores y periodistas.
En su procedimiento el INE considera, cuando sea necesario, acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sea finalmente la instancia que imponga las sanciones.
En el caso que denunció Erick Gutiérrez, el TEPJF sancionó a 15 usuarios de la red social Twitter con 1,652 pesos de multa con excepción de unos de ellos que debe pagar 4 mil 481 pesos. Además, serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) ¡durante tres años!
Entre periodistas sabemos que cuando se realiza la mala práctica profesional de acusar sin pruebas o abusar de los adjetivos sin sustento corremos el riesgo, no solo de ser desmentidos y perder puntos en la credibilidad (nuestra mayor fortaleza), sino también de ser acusados de calumnia y daño moral. Igual conocemos que toda persona tiene el derecho constitucional de defenderse de esa mala práctica nuestra en el periodismo acudiendo al ministerio público apoyada por los códigos civiles y todavía por algunos códigos penales.
Pero ni el INE ni el tribunal electoral tienen derecho suficiente para evaluar y sancionar e incluso retirar derechos por presuntas infracciones relacionadas a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores garantizada por la Constitución Política.
Más acoso judicial a periodistas
Ya de por sí, uno de los muchos agravios que padecen las y los periodistas es el acoso judicial de supuestos o reales ofendidos ante ministerios públicos y jueces con el fin de desalentar su ejercicio. Ahora hay que sumar al INE y al TEPJF como otras autoridades que acosan a periodistas.
En febrero de 2022 en conferencia de prensa de organizaciones civiles y periodistas acosados se presentó un recuento probatorio de que desde 2019 a esa fecha se había duplicado la práctica del acoso judicial contra periodistas. Sergio Aguayo, Enrique Gómez Orozco, Ismael Bojórquez y Leopoldo Maldonado de Artículo 19 aseguraron que en “2019 hubo 21 procesos judiciales contra periodistas que fueron acusados de daño moral, cifra que se incrementó a 39 para el año 2020 y a 40 en 2021.”
Añadieron que “los procesos se inician ante autoridades administrativas o judiciales para inhibir el ejercicio periodístico y que las demandas son de índole electoral, penal y también las de índole civil por daño moral con el objetivo de ejercer un desgaste económico y psicológico de las personas demandadas”. Mirada de reportero.
