Rogelio Hernández López
SemMéxico, Ciudad de México, 19 de septiembre del 2022.- Este 22 de septiembre me asaltará un miedo adicional a los que, de por sí, se han acumulado en demasiados periodistas profesionales de México: el temor de hablar a un público con tanta gente de la abogacía. No, no me dan miedo las ni los abogados, aunque habría momentos en que sí.
Mi temor, es más bien de no lograr convencerles de que, quienes tenemos la función social de informar, necesitamos decenas, cientos de abogados/as especialistas en libertad de expresión y periodismo para enfrentar los efectos de la crisis humanitaria y estructural que nos alcanza en las formas más inverosímiles y violentas.
Antes de eso, debo agradecer al doctor Moisés Moreno Hernández, presidente de la Sección de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y al colega Fred Álvarez por haberme invitado, inmerecidamente, a ser expositor en esta mesa con gente del más alto nivel: los doctores e ilustres juristas Luis Raúl González Pérez y Ernesto Villanueva y con los destacadísimos periodistas: José Reveles Morado, Gerardo Albarrán de Alba y Jesús Salazar Rojas.
Ante tal audiencia y distinguidos/as expositores me siento como cordero en sabanas de leones.
Entonces, para contrarrestar esa sensación –como diría Carlos Monsiváis–, voy a documentar su pesimismo para que también se sientan frágiles.
Sobredimensión de problemas
No cometo infidencia si les cuento una tristeza y describo nuestros miedos.
En 2010 ya se manifestaban plenamente varias crisis entre periodistas, algunas de causas estructurales, que nos fueron haciendo extremadamente vulnerables y que, por supuesto, fueron afectando negativamente los derechos a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía.
En 2010, era casi general y desesperante la ausencia del Estado para enfrentar tales fenómenos. Ante ello, un grupo de 14 periodistas y tres abogados, de los muy pocos especializados en libertad de expresión y periodismo, decidimos formar una asociación civil para buscar alternativas: La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP).
Esta asociación, con pocos recursos y personal ayudó a crear la ley federal de protección, impartió cursos de autoprotección a colegas de 21 entidades, organizó cuatro encuentros nacionales, pudo proteger a medio centenar de colegas amenazados/as, creo una red de 34 Enlaces en la República que empujaron a la creación de leyes estatales de protección. Lo triste es que La CDP no pudo sobrevivir por la falta de apoyo institucional. Aquí estamos tres periodistas que hicimos aquel esfuerzo.
El ciclo aciago contra personas periodistas sigue –más que contra grandes medios– y engendró muchas zonas de silencio. Hacían y hacen falta decenas de asociaciones como la Casa de los Derechos de Periodistas o una de alcance y fuerza nacional. Y aun si existiesen no habríamos podido enfrentar exitosamente los fenómenos que entonces amagaban a la mayoría; fenómenos que han ido creciendo y que, en 2022 causan muchos miedos entre las y los periodistas más vulnerables. Cito solo cinco:
UNO. Registrábamos demasiada debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica. Hoy es muy notoria la escasez de ética profesional en demasiados comentaristas que inundaron, sin capacitación, a medios corporativos y sobre todo en las llamadas redes sociales. La ineptitud y el dolo en periodismo invocan reacciones enojosas.
DOS. Ya entonces las y los periodistas padecíamos ante empleadores por inequitativos salarios y prestaciones no profesionales, que además no protegían ante agravios (no protegen), ni facilitan la capacitación permanente como la que, sí tienen los profesionales de la medicina, de las ingenierías, del derecho. En sentido contrario la situación laboral empeoró.
En doce años alrededor de 10 mil periodistas perdieron sus empleos fijos. Entre unos 40 mil que seguimos en esto, la mayoría vio reducidos sus ingresos y prestaciones. La precariedad laboral es el segundo problema, después de asesinatos y agravios violentos que padece buena parte de periodistas mexicanos/as.
Una estampa vergonzosa de esta precariedad es que alrededor del 18 por ciento de total, unos 7 mil trabajan por su cuenta y sin prestaciones sociales. Sobre esto cerca de 700 han sido inscritos en el IMSS por el gobierno federal y en diciembre se sumarían otros 700 para contar gratuitamente con cinco seguros que disminuirán un poco su precariedad social y reducirán un poco su miedo.
TRES. Una de estas grandes vulnerabilidades de las y los periodistas es por debilidad gremial, paradójicamente por exceso de organismos no unitarios ni defensores de la profesión. Hoy se puede probar, en todo el país, la existencia de al menos 400 organizaciones aparentemente gremiales y unas 2 mil 500 plataformas digitales que pretenden informar y competir con los corporativos de la industria. No somos interlocutores de los poderes económicos y políticos, porque nos debilita tanta fragmentación y por la competencia por los pedazos de mercado que nos dejan los monopolios.
CUATRO. Hace doce años registrábamos malas prácticas, que afectaban al periodismo, por parte de políticos, servidores públicos (fuerzas de seguridad, gobernantes, ministerios públicos y jueces). Desde entonces la mayoría de agresiones, amenazas y acoso judicial contra periodistas, especialmente contra reporteras y reporteros se registraban en municipios y entidades medianas o flageladas por la violencia. El 70 por ciento de agravios provenían de servidores públicos, hoy esa proporción ha disminuido a menos del 50 por ciento. Pero eso, es mucho todavía.
Y no eran solo agresiones de servidores públicos, también omisiones ante demandas laborales, ante amenazas, ante agresiones, ante acoso judicial. La fiscalía federal y las fiscalías de los estados, en su absoluta mayoría poco han podido hacer frente a las agresiones. Por eso sigue incrementándose, casi geométricamente, ese fenómeno que es nuestro mayor miedo entre otras razones porque el crimen organizado creció como el perpetrador más violento contra periodistas: sus agresiones pasaron del 7 por ciento en 2010 a 34 por ciento en 2022. El flagelo de su violencia nos alcanzó, igual que a millones de mexicanos/as.
Los responsables del mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos difundieron recientemente que el sexenio de Felipe Calderón cerró en 2012 con 101 periodistas asesinadas y asesinados, el de Enrique Peña Nieto con 96 y que en los cuatro años del sexenio actual ya son 61 las y los colegas ultimados.
Pero, las y los periodistas, no somos las principales víctimas de una crisis humanitaria de grandes proporciones. Somos sí, de los más afectados por la función pública de interés social que cumplimos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas ha reiterado que esa crisis por la violación de derechos humanos alcanza a todo el territorio nacional, que se convirtió en una bola de nieve que trascendió a establecerse como un problema estructural.
CINCO. Había, hace doce años un régimen legal injusto, porque privilegió al mercado de la información y porque su acaparamiento vulnerabilizó a cientos de empresas pequeñas y a miles de periodistas. Predominaba también la penalización injusta a deficiencias de nuestro trabajo y aunque las sanciones se pasaron a códigos civiles prevalece lo penal en diez estados. Entonces también había insuficiencia legal para la protección y fomento del ejercicio profesional.
Hoy existe una maraña legal en México, más que andamiaje, con más de 40 normas que tienen relación con nuestra profesión (14 estatales, 9 federales, 6 referencias constitucionales, más los tratados y convenios internacionales); normas que, siendo tantas, no han logrado reducir los efectos negativos en contra de las y los periodistas vulnerables, entre otras cosas porque no se atinó en reconocer completos los catorce derechos profesionales que existen en otros países.
Algo de lo que falló
En esa maraña jurídica, hay cuatro reglamentaciones que urge cambiar porque se convirtieron en retenes para la protección del periodismo y la justicia ante los riesgos y la impunidad. Estas son: la ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR.
La Ley federal de protección que en 2012 creo al Mecanismo de Protección hoy está totalmente rebasada porque su alcance es solo de carácter federal cuando, en contraste, la mayoría absoluta de amenazas, riesgos y agresiones suceden en los estados de la federación.
Las cifras más o menos actualizadas por diversas fuentes, indican que han firmado convenios de colaboración 29 gobiernos estatales y un ínfimo número de gobiernos municipales, pero únicamente 14 estados tienen leyes relativas y sólo cuatro entidades tienen mecanismos o instancias de protección que funcionan.
Y no se diga del incumplimiento de la Fiscalía (federal) Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión porque no atiende la mayoría de agravios y asesinatos por atender mal su capacidad de atracción justificando que no le autorizan el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR y por eso responsabiliza a las procuradurías estatales, que normalmente son reflejo de las omisiones de las y los gobernadores y tampoco cumplen su función de procurar justicia ante este fenómeno. La impunidad ahora oscila entre el 89 y el 95 por ciento en todos los casos de asesinatos.
Ayudar al cambio que viene
Este veterano reportero piensa que la mayoría de juristas mexicanos ya sabían de todo esto que ocurre a periodistas y al periodismo. O quizá este fenómeno se les pierde en la gran nube negra de la crisis humanitaria nacional.
Nos han prometido que antes de acabar 2022 el subsecretario Alejandro Encinas presentará una iniciativa estratégica para crear una política de Estado basada en una nueva ley de protección para defensores/as y periodistas. Esto sería estratégico porque quieren que esa ley sea de carácter general, que privilegie la prevención y obligue a los estados de la federación a cumplir con protocolos nacionales y también a las fiscalías todas para reducir la impunidad. Estrategia que, presumiblemente propondrá reformar otras leyes que faciliten la adquisición de fortalezas profesionales a periodistas y defensores/as.
En los foros de Parlamento Abierto, que se planean para esas iniciativas en el Congreso de la Unión, tenemos que empujar para que se amplíen las medidas de prevención como la sustancia de la protección integral con reformas a varias otras leyes y que permitan establecer claramente los 14 derechos profesionales para ejercer el periodismo.
Derechos que, según nuestra experiencia, nos permitirían la autodefensa, nos respaldarían para cumplir mejor nuestra responsabilidad social de informar con libertad y seguridad y para que, en última instancia, sean las y los periodistas profesionales (más que las empresas comerciales) quienes garanticemos la fluidez y calidad de la información de interés público que necesita la gente. (Ver gráfico adjunto)
Lo que he intentado al exponer una síntesis, es justificar que una política de Estado, para enfrentar este y otros aspectos de la crisis humanitaria, requiere también de miles de abogados/as éticos en los gobiernos de todos los niveles, en las fiscalías, en la sociedad civil organizada.
Y, las y los periodistas también necesitamos urgentemente abogados/as conocedores de las entretelas del periodismo y de la libertad de expresión para paliar algo de lo negativo que nos alcanzó de la gran crisis, más específicamente, en momentos en que se abre una coyuntura en el terreno del derecho con una nueva ley y reformas a otras.
En ese marco pugnaremos para que se cumpla mejor el derecho a la justicia por agresiones y asesinatos de periodistas.
Nos urge también que las propuestas de reformas en esa estrategia, para una política de Estado, también ajusten la definición de periodista en la ley general que se prepara, porque su amplitud y ambigüedad en la ley actual obliga teóricamente a proteger a toda persona usuaria de la libertad de expresión, pero, en los hechos, las fiscalías solamente deciden perseguir esos delitos cuando suponen, a priori, que las víctimas estaban ejerciendo el periodismo en el momento de la agresión.
Parte de esa estrategia sería insertar más penalidades, o incluso declarar como delito grave la obstrucción o agresiones contra el ejercicio de informar en periodismo en el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la FGR.
Y para otros derechos que permitan a las y los periodistas más fortalezas profesionales tendremos que insistir al Presidente de la República y a las y los legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión que hagan suya la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Impuesto sobre la Renta que ya presentó en el Senador Emilio Álvarez Icaza, para adicionar un capítulo que reconoce como de interés público la función social del trabajo del periodista para garantizarle trato profesional en prestaciones y darle facilidades para fundar empresas de servicio social informativo no lucrativas.
Y para todo eso y hacer realmente vigente los derechos para ejercer el periodismo con libertad y seguridad reitero que necesitamos un titipuchal de abogados/as que nos ayuden a ayudar a la vigencia de los otros derechos de la ciudadanía. Mirada de reporteroTexto para ser presentado el 22 de septiembre de 2022 en la mesa “El ejercicio del poder penal y la libertad de expresión e información” del Seminario Internacional “Abuso y Límites del Poder Penal en Estados Democráticos de Derecho” en la Facultad de Derecho de la Universid
