Natalia Vidales de Bitterlin
SemMéxico, Sonora, 26 de mayo del 2023.- Entre una de las noticias más importantes de esta semana está, sin duda, la expropiación del gobierno federal realizada en contra de Ferrosur, propiedad de Grupo México.
Se trata de 120 kilómetros de vía férrea y los patios e instalaciones correspondientes ubicados en el estado de Veracruz, los que desde 1988 tenía en concesión el empresario Germán Larrea y que, de un plumazo y sin acuerdo alguno, le fueron arrebatados. La “idea” es quedarse con ellos, de última hora, para poder terminar durante el sexenio el corredor interoceánico que va del Istmo de Tehuantepec a Coatzacoalcos, Veracruz, en un proyecto cuyo costo inicial se ha duplicado y sin que haya rendición de cuenta alguna.
El impacto de tal decreto -que, por lo demás, en un error garrafal habla de expropiación, cuando en realidad es de cancelación ilegal de una concesión- es de suma importancia porque genera incertidumbre y temor entre las y los inversionistas y empresarios -mexicanos y extranjeros- ya que sin aviso previo se tomaron las instalaciones de la empresa con “lujo” de violencia.
Personal de la Secretaría de Marina irrumpió para ocupar las instalaciones de Ferrosur e invadir la propiedad -en un madruguete para evitar cualquier defensa legal de suspensión del atropello el pasado día 19- generando un clima por demás negativo y mostrando -una vez más- el autoritarismo con que actúa el Ejecutivo Federal quien, ante las críticas por tal arbitrariedad, respondió que lo que hizo fue rescatar una concesión, que además, “está por vencerse”. Y argumenta que no fue expropiación -contradiciendo a su propio decreto- sino “rescate de una concesión”.
Pero la ciudadanía cuestiona y critica el modo autoritario e ilegal con que se actuó, en lugar de actuar conforme a derecho y acordar, en todo caso, el monto de la indemnización. O bien, esperar al vencimiento de la concesión otorgada.
Se puede entender el proyecto que el gobierno federal realiza en la zona -que de hacerse correctamente sería de beneficio para las y los pobladores del área y para el turismo, así como una ruta comercial entre los océanos Pacífico y Atlántico- pero ello no es justificación para una actuación violenta como la que se hizo ni para disponer arbitrariamente de un espacio que no le corresponde.
De por sí hay gran incertidumbre en el país y con estos mensajes autoritarios -e innecesarios por cierto- lo que se hace es fortalecer la desconfianza no solo de los millonarios -como parece piensa el Presidente- sino de toda la población porque se está atentando contra la legalidad y se hace de modo impune…viniendo del propio Presidente.
Bien se comenta en las redes que la población debe condenar y manifestarse ante este lamentable hecho, no por defender al concesionario -Germán Larrea-, sino en aras del respeto a los convenios y la propiedad privada. Hoy…la ilegalidad fue para un multimillonario pero mañana puede ser para cualquiera que tenga una propiedad -grande o pequeña- y no hay que esperar a que el turno les llegue para reaccionar.
No seamos parte de esa masa silenciosa que solo observa y no actúa…hasta que les llega la injusticia y los atropellos a su persona y a su propiedad.
La historia nos ha mostrado todo lo que puede ocurrir si el pueblo permanece apático, permisivo, pasivo. Como lo hemos ya señalado en otras ocasiones: si no defendemos ahora lo que tenemos -en este caso el estado de derecho- quizá mañana quede muy poco que defender.
*Periodista sonorense con más de 40 años de ejercicio profesional. Activista social, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder. Comentarios por WhatsApp 6621 441440. www.mujerypoder.com.mx
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