*Natalia Vidales de Bitterlin
SemMéxico, Hermosillo, Sonora, 22 de julio, 2023.- Nos parece muy, muy bien, que el organismo empresarial COPARMEX le haya recordado al presidente de la República que en México hay leyes que deben de cumplirse por el bien de toda la sociedad.
En relación a la protección de datos personales del ciudadano, citaron -en boletín del pasado día 19-, la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismas que establecen la obligación de las dependencias públicas de limitarse a usar la información bajo su posesión para fines que estén permitidos y autorizados en las leyes aplicables; y que su uso y/o divulgación no autorizada implica “un actuar ilegal de la autoridad que se traduce en una violación flagrante del derecho humano” –el de la seguridad y protección de los datos personales.
Lo anterior viene a colación con motivo de la información que el ejecutivo federal hizo pública en su tribuna para citar el estado financiero de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez colocándola así en una situación de riesgo ante la delincuencia organizada no solo a ella sino a su familia, empleados y clientes.
Los organismos empresariales no deben permanecer silenciosos ante estos atropellos, no porque se hagan en contra de una política o de un gobierno que no les parezca, sino porque es una ilegalidad que no se debe permitir, tomando sobre todo en cuenta que van contra el sector empresarial, ese que tanto ha vapuleado el presidente –con las excepciones, claro, a quienes se han adoptado dentro del nuevo capitalismo de cuates de la 4T.
Lo que resulta sumamente delicado ahora mismo, es hacer público el estado financiero de cualquier persona o empresa y la injerencia -si se permite- dará por resultado el atropellamiento sistemático hacia cualquier empresario con consecuencias que pueden ser fatales, conociendo que no vivimos precisamente en un país donde prevalezca la seguridad pública de los ciudadanos de ningún nivel socioeconómico.
Como bien lo dice COPARMEX en su boletín: el derecho humano a la confidencialidad de los datos personales es un triunfo de la ciudadanía para evitar que se repitan historias del pasado en las que esta información fue usada para atacar a quienes se consideraban adversarios, al ponerlos en un estado de indefensión; e independientemente de ello, mina la confianza en las inversiones ya que el temor de los empresarios -nacionales y extranjeros- aparece al existir la certeza de que la autoridad puede transgredir -en cualquier momento- los derechos humanos. El problema no es, pues, menor.
El posicionamiento del organismo empresarial de hacer un exhorto a las autoridades -federales, estatales y municipales- para que se apeguen a las leyes y al respeto a la debida confidencialidad de la población, deber ser secundado por todos porque a todos afectará.
En este caso, la Secretaría de Hacienda violó ese principio al dar a conocer los datos de Xóchitl Gálvez, y el presidente violó también la ley al hacer pública esta información reservada para utilizarse exclusivamente en los casos que la propia ley prevé, y que, de ninguna manera, en lo que fueron utilizados para el golpeteo político.
Esperamos que en los próximos días otros organismos de la sociedad civil se unan a esta protesta de COPARMEX porque, de ser omisión se convertirían en solapadores de esos atropellos que, tarde o temprano, igual los alcanzarán –por este, o por cualquier otro gobierno.
*Activista social y periodista con más de 40 años de ejercicio profesional. Fundadora y directora de la revista Mujer y Poder (www.mujerypoder.com.mx) Comentarios y sugerencias: Whats Up 6621 441440.
