*Natalia Vidales de Bitterlin
SemMéxico, Hermosillo, Sonora, 10 de diciembre, 2021.- Esta semana hubo una buena noticia…entre tantas malas: el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el INAI), Oscar Guerra Ford, dio a conocer que el próximo lunes se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial que cataloga las obras prioritarias del gobierno como de interés público y de seguridad nacional, y que ya se le conoce como el “decretazo” del mandatario López Obrador (por su afán de gobernar a base de decretos unilaterales, en vez de conformidad con las leyes que pasan por el Congreso de la Unión y que determinan tanto las facultades del Poder Ejecutivo y del resto de los poderes, como de los derechos y obligaciones de los ciudadanos).
Da gusto y esperanza saber que aún hay instituciones que velan por la legitimidad y que se disponen a ponerle un alto al autoritarismo presidencial.
El titular del Ejecutivo, López Obrador se ha quejado de que tanto organismos gubernamentales ( como el INAI), al igual que empresas y ciudadanos en lo particular, han interpuesto una “cascada” (sic) de controversias constitucionales y de amparos en contra de sus decisiones, como si eso fuera indebido cuando no solo es un derecho constitucional, sino que esas figuras fueron creadas precisamente para combatir los abusos y los desvíos del poder, como sucede en este régimen con tantos desatinos, el más reciente de los cuales es este “decretazo” que opacará los actos del gobierno, denegará la rendición de cuentas a los ciudadanos y pasará por encima de los requisitos en materia de uso de suelo, de respeto a los derechos de los afectados, de impacto ambiental, etcétera, y los cuales el resto de los ciudadanos sí tendremos que seguir respetando, lo que se conoce como un régimen de excepción que prohíbe la ley.
Todo lo anterior –lo confiesa el Presidente– para terminar antes del final de su sexenio el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto de Santa Lucía, por citar a las más conocidas, como si eso fuera lo importante y no que las cosas se hagan bien y de cara a la población.
Su objetivo, dice, no tiene nada que ver con la transparencia del recurso sino…agilizar la realización de sus obras.
Pero resulta que millones de ciudadanos sufren las de Caín para lograr permisos y cumplir con los trámites necesarios y a ellos, claro, les gustaría también tener esos privilegios que pretende el presidente solo para la clase gubernamental que utiliza, además, dinero público. Dinero de todos los mexicanos que, de aceptarse la propuesta de López Obrador, no tendrán información ni transparencia en las obras que pretende catalogar como de ¨seguridad nacional¨.
De plano, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones: ¡el presidente, cuando no puede pisotear la ley…! busca cambiarla!, y, entonces no debió al tomar protesta como mandatario referirse a que cumpliría con la Constitución, sino que la cambiaría a su antojo o que gobernaría “por decreto” como en los regímenes autócratas y autoritarios (sin que sus decisiones pasen por el Congreso, curiosamente en el cual tiene mayoría, pero ni esa “molestia” parece querer tomarse).
Afortunadamente, el funcionario del INAI le respondió fuerte y claro: el acuerdo no puede ser utilizado como fundamento para reservar información, lo que seguramente la Suprema Corte atenderá resolviendo en contra del Presidente, como ya van otros casos en que los magistrados le “dan palo” a los excesos del Poder Ejecutivo.
Las obras públicas deben tener transparencia total, desde su licitación hasta información del monto gastado y las especificaciones de las obras.
Los mexicanos tenemos derecho, por supuesto que lo tenemos, de conocer qué obras se realizan, cuánto se gasta, a quien se contrata, qué impacto ambiental tienen y, claro, que se hagan bien, por especialistas y atendiendo al cumplimiento de todos los requisitos que puedan garantizar que las obras se construirán correctamente, entre otras cosas, para evitar que luego ocurran tragedias como las de la línea 12 del metro de la CDMX que, ahora se sabe, se debió en buena parte a la premura de terminarlas dentro de la administración –en ese caso del hoy canciller Marcelo Ebrard–, como si eso fuera lo importante, para los ciu-da-da-nos, no para el lucimiento personal de los políticos.
*Periodista sonorense con más de 30 años de ejercicio profesional. Activista social, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder. www.mujerypoder.com.mx Whats: 6621 441440.
