*»Nuestra paciencia se agotó», advierten habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla
*87 organizaciones civiles lanzan alerta de un estallido de violencia en los mixes
*Exigen al gobernador atender con urgencia el caso
Pedro Matías
SemMéxico/Pagina3.mx. OAXACA, Oax. 19 de julio 2019.- “Nuestra paciencia se agotó”, advirtieron indígenas mixes de San Pedro y San Pablo Ayutla al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa ante nuevas incursiones de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo para preparar nuevos despojos de su territorio.
En un pronunciamiento de las autoridades municipales y comunales resaltaron que “no toleraremos acuerdos encubiertos entre la Secretaría General de Gobierno y autoridades de Tamazulapam en perjuicio de nuestro territorio y posesiones así como de la integridad de nuestra comunidad”.
Ante esta nueva amenaza de violencia, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), hicieron un llamado al gobierno para atender “este conflicto agrario no resuelto y que amenaza con nuevos estallidos de violencia ante el actuar unilateral y omisiones de las autoridades estatales”.
Habitantes de Ayutla advirtieron “a la Secretaría General de Gobierno que su insistencia en pretender orillarnos a aceptar a ceder más tierras a los grupos armados y a nuestros agresores es injusta y violenta con nuestra comunidad y que solo es prueba de que el gobierno no garantiza nuestros derechos básicos sino que protege los intereses de quienes eligen la violencia para despojar, de quienes han cometido delitos, de quienes son los responsables de todas las agresiones que hemos sufrido”.
Y adelantaron que “en caso de insistir en incursiones arbitrarias a nuestro territorio, nuestra comunidad ha comenzado a organizarse para la defensa de nuestras tierras. Como comunidad hemos evitado a toda costa salidas fuera de la ley, para restablecer nuestros derechos, pero tenemos claro que, a su vez, la ley contempla también el uso de la legítima defensa”.
Por lo pronto, resaltaron que “las mujeres de nuestra comunidad se organizan para conformar un bloque pacífico de defensa del territorio ante cualquier nueva incursión de parte de los grupos armados y autoridades de Tamazulapam o de gobierno que pretendan materializar el nuevo despojo de tierras”.
Su alerta es porque “se han percatado recientemente de varias incursiones nocturnas en nuestro territorio de parte de autoridades y el grupo armado de Tamazulapam. Durante estas incursiones han hecho trabajos en nuestras tierras marcando árboles y haciendo señalizaciones sobre ellos”.
Lo que es peor es que “estas incursiones se han realizado incluso con personal del Gobierno del Estado lo que es una total invasión y agresión a nuestra soberanía e integridad comunitaria, así como a nuestros posesionarios. Se está preparando el escenario de un nuevo despojo violento”, puntualizaron.
La comunidad de Ayutla “rechazamos que se nos pretenda condicionar la reconexión a nuestro manantial que tienen bajo su poder a que entreguemos más tierras para instalación de una infraestructura para nuestros agresores, aparte de las que ya nos fueron despojadas”. Consideran que “la verdadera intención es consumar un nuevo despojo hacia nuestra comunidad, bajo el pretexto de que nuestros agresores necesitan agua, lo que está desmentido por los estudios técnicos realizados y publicados incluso por el mismo municipio de Tamazulapam que enumera la cantidad impresionante de manantiales de agua de aprovechamiento y sin aprovechar dentro de su territorio. Estos datos pueden verse en su Plan de Desarrollo Municipal.
En un comunicado urgente de 87 organizaciones civiles y de derechos humanos, recordaron que el 5 de junio de 2017, se perpetró un ataque armado contra pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla donde perdió la vida Luis Juan Guadalupe y otras seis personas resultaron heridas con impactos de arma de fuego, mientras que cuatro mujeres fueron retenidas y torturadas por autoridades de Tamazulapam.
A dos años del ataque armado para despojar a Ayutla de su manantial (Jënanyëëj) y de desalojar a 27 familias de sus casas y terrenos por una invasión agraria de más de 200 hectáreas, es la fecha que no hay castigo para los agresores en franca violación al debido proceso y el derecho a la justicia, a pesar de haber sido denunciados ante las autoridades competentes.
“En el manantial constatamos una obra que ha sido construida de manera unilateral por las autoridades estatales, según la denuncia de las autoridades locales, para sustituir la que fue presuntamente dinamitada el 25 de agosto de 2017 por Tamazupalam y que puede cotejarse con fotos de archivo”, resaltó Codigo-dh.
Lo preocupante del caso que la Secretaria General de Gobierno (SEGEGO) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca han hecho caso omiso y se desconocen avances en las denuncias presentadas, violando el derecho a la seguridad e integridad física de los pobladores de Ayutla, y su acceso a la justicia, con investigaciones apegadas a derecho.
En este mes, en el marco de la fiesta y el hermanamiento entre pueblos a través de la Guelaguetza, hicieron un llamado al gobierno del estado para que dé prioridad a la solución al conflicto agrario y garantice en todo momento el acceso a la justicia para las víctimas, la seguridad ante el riesgo de violencia y nuevos despojos, así como respeto a la historia y documentos que guardan la memoria de los límites entre ambas comunidades.
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