Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 7 de noviembre 2024.- El violento asesinato de Virginia y Adriana Ortiz García pone en evidencia la legendaria incapacidad de los gobiernos para resolver un añejo problema que inició cuando grupos caciquiles priistas se metieron de lleno a la vida del pueblo triqui, castigando a muchas familias, pero las mujeres se convirtieron en el botín, como está debidamente documentado.
En los últimos 20 años, desde que conozco a las mujeres de la familia Ortiz García, el recuento es lamentable y es todavía más terrible la respuesta de los gobiernos de Oaxaca que han sido mayoritariamente priistas, seguido del hibrido que llevó al poder a Gabino Cué y el actual de Morena, que encabeza Salomón Jara Cruz, a todos sin excepción les ha sido más fácil administrar el problema que encontrar una solución.
En México hay un recuento de la violencia contra las mujeres indígenas – mujeres son objeto de torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamientos forzado y feminicidios- tienen que ver con la presencia de militares, paramilitares y por supuesto también como resultado de problemas internos, más la presencia del crimen organizado. El problema no se extingue se extiende. La gravedad de esta violencia ha tenido su centro en la impunidad provocada por la inacción, el no cumplimiento de su deber, la incapacidad que se revela en las investigaciones que nunca llegan a ningún lado, responsabilidad del Estado mexicano y sus instituciones.
La etnia triqui asentada en unos 500 kilómetros cuadrados, en los distritos de Putla, Tlaxiaco y Juxtlahuaca, es una incisión del pueblo mixteco lo que habría ocurrido hace 3500 años atrás. Este territorio ha sido de disputa sistemática, lo que llevó a la creación del MULT, organización que enfrentó las arbitrarias acciones de mestizos contra este grupo indígena solapados por caciques priistas, la respuesta del Estado fue instalar en la zona un destacamento militar. Con los años apareció UBISORT y más recientemente el MULTI. Entre los tres grupos hay una rivalidad con el doloroso costo de pérdida de vidas.
Las mujeres familia Ortiz García y parientas cercanas han sido objeto sistemático de estas violencias. Antonia fue violentada por militares en la década de los ochenta, estos pretendían que les diera el paradero su esposo, incluso amenazaron con colgarla. Poco más de 20 años después sus hijas Virginia de 20 años y Daniela de 14 fueron desaparecidas en un trayecto de menos de tres horas iban de El Rastrojo a San Marcos Xinicuesta. De la profesora bilingüe y estudiante de secundaria nada se sabe hasta hoy, esos hechos ocurrieron el 5 de julio de 2007. Un año antes, a principios de 2006, conocí Emelia y Adriana Ortiz García, cuando dieron una conferencia de prensa en la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, entonces dirigida por Yésica Sánchez Maya.
Hemos seguido de cerca a esta familia, que se tuvo que instalar en la ciudad de Oaxaca, se dedica a la venta de artesanías en la Alameda de León. Hemos visto crecer a sus hijos. Lo que nunca vimos fue justicia. Emelia y el resto de sus hermanas han luchado incansablemente por la aparición de sus primas y han denunciado otros muchos actos violentos contra sus paisanos. Son defensoras de derechos humanos. Incluso Emelia es la que más ha vuelto a San Juan Copala buscando dar forma a un sueño que ha acariciado desde hace muchos años, pacificar su pueblo a partir de la cultura.
Pocos minutos después de la media noche del martes o en los primeros minutos del miércoles pasado, fueron asesinadas sus hermanas Virginia y Adriana, atacadas por dos sujetos que viajaban en motocicletas, uno de los cuales disparó. Este artero crimen ha sido un aviso para Emelia, la más visible de todas ellas y cuyo único pecado es pretender pacificar a su pueblo y exigir justicia para sus primas, ahora seguramente lo hará también por sus hermanas.
Pero insisto, nada de esto estaría pasando si las autoridades hicieron su trabajo. Podemos hablar de una larga lista de ex secretarios de Gobierno que han ocupado el puesto sin resolver de fondo el problema, han banalizado, minimizado y normalizado la violencia, además de culpabilizar al pueblo triqui de ser los únicos responsables de su atraso y beligerancia.
Han hecho supuestas mesas de diálogo y paz y nada más no pueden con el paquete porque insisten en ser conquistadores y no escuchan a la gente. La triqui es una postal de los años cincuenta, siguen los mismos rezagos. Lo peor es que han corrompido a muchos y muchas de quienes liderean los grupos antagónicos al MULT, otros caminan impunemente por las calles a pesar de que cuentan con órdenes de aprehensión en su contra y, claro, muchos políticos de todos los partidos se han beneficiado de este grupo étnico.
Y qué decir del sistema de justicia, llámese Tribunal Estatal de Justicia o Fiscalía General de Justicia porque cuando no es por una cosa es por otra, el punto es que nada hicieron para detener la violencia. No pudieron obtener ninguna información sobre el paradero de Virginia y Daniela a pesar de que hubo personas señaladas como responsables, como la misma Emelia Ortiz García lo escribe en su libro: Quiero a mis primas de vuelta…quiero paz. Lo que ha ocurrido después son venganzas, azuzadas por uno que otro integrante del gobierno.
Hay una ausencia tremenda de las autoridades de Oaxaca, ni que decir de la Secretaría de la Mujer y sus antecedentes de la flamante Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, son una nulidad en la atención a la comunidad triqui y en específico a las mujeres. Sin olvidar el papel del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de Adelfo Regino, por cierto, oaxaqueño.
Ojalá que la muerte de Virginia y Adriana no queden impunes como sí ha ocurrido con una enorme mayoría de hechos violentos ocurridos contra mujeres y hombres de la etnia triqui. Ojalá que el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas vuelvan su rostro y brinden seguridad a la familia Ortiz García, sólo hay que recordar que al fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Juan Domingo Pérez Castillo, familiar de las defensoras asesinadas la madrugada de este miércoles, recién le habían retirado las medidas de protección por parte del Estado. Ojalá que quien decidió hacer esto duerma tranquilo, pero la verdad lo dudo.
