Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de febrero, 2026.- La muerte de dos pequeñas de nacionalidad haitianas, de apenas seis años, al caer a una fosa de aguas negras, dentro de las instalaciones del Centro de Asistencia Social Casa Pato, del Sistema DIF Oaxaca, fue lamentablemente la gota que derramó el vaso lleno de denuncias sobre malos tratos, extorsión y robos de dinero de las tarjetas Bienestar a las infancias ubicados en los albergues de Oaxaca, así como actos de nepotismo.
Como resultado de la tragedia se habló de tres funcionarias suspendidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales y al día siguiente se detuvo a un cuarto elemento, el encargado de los servicios generales, considerando que la tapadera de la fosa séptica se encontraba en muy mal estado, condición que no fue atendida por esta cadena de mando dentro de la estructura del Sistema DIF de Oaxaca, cuya presidencia está al mando, de forma honoraria, de Irma Bolaños Quijano, la esposa del gobernador Salomón Jara y quien por si fuera poco ha sido acusada reiteradamente de haber llevado a sus sobrinas a trabajar en el DIF Oaxaca.
Y es que habían pasado semanas desde que el portal Primera Línea de la periodista María de los Ángeles Nivón había empezado a denunciar las violaciones a los derechos humanos de las infancias que residen en el albergue. Hechos retomados por las diputadas Margarita García y Aracely Cruz, ambas del Partido del Trabajo, quienes expusieron lo que estaba sucediendo en el DIF Oaxaca en el Congreso Federal.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el mismo 24 de febrero, quizá unos minutos antes de la tragedia en que murieron las dos niñas haitianas que estaban en ese albergue de tránsito de personas migrantes, aseguró en conferencia de prensa que el trabajo periodístico, ya no sólo de un medio sino de varios, así como las expresiones de las diputadas buscaban desinformar de mala fe a la ciudadanía.
Incluso, aprovechó uno de esos devaneos de la titular de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodíguez, cuya institución a su cargo, tras una visita a las instalaciones del Centro de Asistencia Social del DIF Oaxaca descartó violaciones a los derechos humanos de las infancias y adolescencias.
En la Defensoría llegaron a esa conclusión luego de que hicieron “entrevistas” a las niñas, niños y adolescentes afectados. Quizá habría que investigar el protocolo empleado por el personal de la Defensoría de los Gobernantes de Oaxaca para obtener el resultado y cumplir cabalmente, como ha sucedido antes, con el gobernante en turno.
Lo cierto es que el mal está hecho, gobernar es servir, solía ser una regla para quienes llegaban al poder, una que se ha diluido con el tiempo.
No es nuevo, pero hoy se ha refinado, gobernar es servirse del poder y de los bienes públicos, de otra manera no se pueden explicar los resultados que vemos casi todos los días en cada municipio, estado y en el país en general.
La política se convirtió un botín, hoy alcanzado por grupos no necesariamente de políticos, sino infiltrado por grupos criminales. Hay muchas referencias académicas e investigaciones periodísticas que así lo indican, entonces no se puede tapar el sol con un dedo.
Aunque el país esté ocupado -y con razón- de lo sucedido el 22 de febrero pasado en más de 20 entidades, luego de conocerse que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la verdad es no debemos perder de vista la forma en que el Estado mexicano le falló a las niñas haitianas.
Las omisiones se sumaron a la tragedia que sin duda ha impactado a la sociedad oaxaqueña, porque simple y sencillamente nos habla del abandono de las instalaciones y de la desatención que hoy se suman a las denuncias públicas hechas por el Portal Primera Línea y las diputadas petistas.
Qué está visto “no hubo mala fe”, sino que cuentan o revelan una realidad que terminó con la vida de dos niñas pequeñas.
La política interna de Oaxaca en entredicho
Otro caso desatendido en Oaxaca, por parte del responsable de la política interna, Jesús Romero López, y que estuvo a punto de terminar en otra tragedia el mismo martes 24 de febrero, fue el de San Agustín Amatengo. Ese día se discutió en el Congreso local la posibilidad de desaforar a la munícipe Italivy Sarahí Juárez Ramírez, pero no alcanzaron los votos que establece la ley, por lo que no fue desaforada.
La respuesta fue agredir a la munícipe en cuestión y a la diputada Cony Rueda Gómez. La primera fue correteada, jaloneada y sacada por la fuerza del recinto del Congreso local, para luego ser subida a una ambulancia, que emprendió el regresó a San Agustín Amatengo, pero no habían avanzado mucho cuando fueron detenidos, la munícipe liberada y 24 personas, 13 mujeres y 11 hombres, detenidos. Hoy enfrentan los cargos de secuestro y de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las desavenencias entre la presidenta municipal y un grupo de pobladores no es cosa nueva, hubo algunos avisos previos, pero los malos manejos de la política o politiquería interna desde donde un señor quita o deja a las autoridades a su antojo, ocasionó los lamentables y vergonzosos hechos del pasado martes en el Congreso de Oaxaca que pudieron terminar en tragedia. Ahora la tragedia las viven los vecinos de San Agustín Amatengo, quienes enfrentarán largos procesos en su contra. Y sí hay una carga de género en su protesta, porque se piensa que una mujer no sabe gobernar, lo lamentable es que azuzaron a otras mujeres contra su presidenta municipal.
Por otra parte, es necesario advertir que la diputada Cony Rueda, quien ha mantenido una postura de defensa de los derechos de las mujeres en la Cámara de Diputados también fue agredida y ojo no es la primera vez, apenas hace unas semanas un dron se entrometió en su casa, antes ha recibido regaños y amenazas por su labor feminista en el Congreso.
La pregunta es ¿qué hará Salomón Jara esta vez? Habrá aprendido la lección.
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