SemMéxico, Cd. de México, 27 de agosto, 2024.-La reforma judicial, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, busca consolidar un control político sobre el Poder Judicial, debilitando uno de los pilares fundamentales de la democracia; abre la posibilidad para que los actuales magistrados de la Sala Superior extiendan el periodo para el cual fueron elegidos. Mónica Soto, Janine Otálora y Felipe de la Mata Pizaña deberían concluir su mandato en octubre de 2025, pero esta reforma les permitiría permanecer hasta 2027.
Magistrados del Tribunal Electoral, alineados con el oficialismo, han mantenido reuniones con Ricardo Monreal, próximo coordinador legislativo del partido en el poder en la Cámara de Diputados, y Arturo Zaldívar, quien se perfila como el futuro titular del Tribunal de Disciplina Judicial. En estos encuentros, se les han prometido posiciones en la eventual nueva configuración de la Suprema Corte.
El manejo del proceso electoral de 2024, que resultó en la victoria de Claudia Sheinbaum, la continuidad de Alito Moreno al frente del PRI –algo que favorece al oficialismo por la constante autodestrucción del partido– y la ratificación de la sobrerrepresentación en el Congreso de la coalición Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo, son algunas de las decisiones que podrían servir como moneda de cambio para que los magistrados afines al oficialismo logren ser nombrados ministros en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según diversas fuentes, la oferta de Arturo Zaldívar, quien se asume como el próximo titular del aún inexistente Tribunal de Disciplina Judicial, es exclusiva para los magistrados Mónica Soto (presidenta del Tribunal Electoral), Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Este grupo de tres magistrados ha logrado imponerse sobre los otros dos miembros de la Sala Superior: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.
Actualmente, la Sala Superior opera con dos miembros menos, ya que en lugar de cinco deberían ser siete. Esto se debe a que Morena en el Congreso se negó a designar a los ocupantes de las vacantes, conscientes de la complejidad del proceso electoral de 2024.
Estas negociaciones, que se llevan a cabo en secreto y fuera del escrutinio público, revelan una preocupante tendencia hacia la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones que deberían funcionar como contrapeso en un sistema democrático.
La posibilidad de que magistrados afines al oficialismo sean recompensados con asientos en la nueva Corte, a cambio de decisiones que favorecen al partido en el poder, pone en tela de juicio la imparcialidad de la justicia electoral y mina la confianza en el sistema judicial en su conjunto.
El eventual nombramiento de Arturo Zaldívar como cabeza del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo diseño parece estar enfocado en vigilar y perseguir a quienes no sigan las directrices del gobierno, evidenciaría las verdaderas motivaciones detrás de la reforma: venganza. Esta venganza se suma a la destrucción institucional que ha promovido Andrés Manuel López Obrador, quien nunca ha podido operar bajo un régimen democrático que lo obligue a rendir cuentas y que frene sus decisiones abiertamente arbitrarias y autoritarias, las cuales han transgredido los derechos fundamentales de los mexicanos.
En el diseño de esta reforma judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial no tiene contrapesos, ubicándose incluso por encima de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una cosa violar el orden constitucional para cooptar un poder, y otra muy distinta entregarle esa facultad a un hombre sin escrúpulos y poco confiable, según el consenso de quienes lo conocen desde la Escuela Libre de Derecho.
Un personaje como Zaldívar, además de representar un peligro para la comunidad de jueces, magistrados y ministros, también lo será para sus propios aliados y aquellos que confían en su palabra. Las fuentes consultadas indican que estas promesas también se extienden a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde los beneficiados podrían ser figuras como Humphrey y Espadas.
