Por Itzel Grajales
SemMéxico. Chiapas. 10 de marzo de 2020.- En los Altos de Chiapas, comunidades y autoridades municipales toleran el ‘comercio’ de niñas y adolescentes, que son llevadas a Tijuana, Baja California, para ser explotadas sexualmente, sostuvo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
Este martes en la presentación del Informe del Observatorio de Violencia Social y de Género de Chiapas 2012-2018, Ulloa detalló que de 800 entrevistas que la Comisión Binacional de Salud Tijuana-San Diego realizó para conocer la situación de la prostitución en esa frontera con Estados Unidos, 600 se trataban de jovencitas provenientes de municipios indígenas de nuestra entidad.
Explicó que estas prácticas, en las que integrantes de grupos criminales entregan una «dote» o pago, a cambio de llevarse a la chica en calidad de esposa, se justifican en la región Altos, bajo supuestos usos y costumbres que no deberían persistir porque vulneran derechos humanos, sobre todo de las niñas y las mujeres más pobres, que no tienen oportunidades de acceder a la educación.
A Tijuana «llegaron como esposas o niñas-madres porque las embarazan para luego retener a sus hijos, y no se los dejan ver si no entregan la cuenta completa, que va de 10 y hasta 30 servicios sexuales», detalló la también coordinadora general de Defensoras Populares.
Además denunció que en las comunidades indígenas de Chiapas hay mujeres que son víctimas de «etnoporno» (pornografía), un problema que golpea en la cara a la sociedad y a las autoridades estatales, pero que no ha sido atendido en lo mínimo.
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