Muriel Salinas Díaz
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 2 de julio 2021.-La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es una institución que requiere de una cirugía mayor en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En 2018 se crearon la Unidad de Igualdad de Género y la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres en la CEDHJ. De esta última fui titular en sus inicios. Sin embargo, desde su creación ambas áreas enfrentaron severas limitaciones para cumplir con sus objetivos: la plantilla que conformaba cada una de estas áreas era marcadamente desproporcionada con relación a sus mandatos legales y las exigencias de operatividad que estos implican. Tampoco tuvieron un presupuesto para ejecutar proyectos o acciones de su competencia, además de que los tomadores de decisiones de dicho organismo menoscababan de forma sistemática la autoridad y capacidad de incidencia de estas áreas para avanzar en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género tanto en la vida interna de la Comisión, como en su trabajo de defensoría y observancia.
A lo anterior se suma que las autoridades de este organismo han tolerado y reproducido por largo tiempo prácticas de discriminación y violencia laboral y sexual contra trabajadoras y colaboradoras, a tal grado que estas prácticas se encuentran normalizadas en la cultura e identidad de la institución.
Ese mismo año la Unidad de Igualdad de Género (UIG) puso en marcha varias medidas para hacer frente a estas problemáticas. Una de las acciones que implementó fue colocar un buzón de quejas, que en poco tiempo recibió múltiples denuncias de acoso y hostigamiento sexual y laboral de las trabajadoras, quienes señalaron como perpetradores tanto a colegas de trabajo, como a superiores jerárquicos.
Lo que procedía entonces era escuchar a las víctimas, brindarles atención, acompañamiento jurídico y psicológico, dar cauce a las denuncias, investigar cada caso y juzgar con perspectiva de género, sancionar conforme a derecho, así como imponer medidas de reparación del daño y de no repetición. Nada de eso se hizo entonces. La titular de la UIG en ese tiempo renunció y yo presenté mi renuncia pocos meses después.
Por lo que se lee en estos días, la situación en la CEDHJ parece seguir igual o incluso peor.
Muestra de ello es que “los abogados defensores de ambas partes” se hayan “puesto de acuerdo” tan rápidamente en recurrir a la conciliación en el caso de la denuncia penal por acoso y hostigamiento sexual y laboral interpuesta por una trabajadora de la CEDHJ contra el primer visitador de este organismo, Eduardo Sosa Márquez, quien renunciará a su cargo a cambio de que la víctima desista de la denuncia, acuerdo que quedó plasmado en un “convenio reparatorio”, según se dio a conocer ayer en varios medios de comunicación (Partidero, 2021).
Al respecto, recordemos que el Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará, en su Segundo Informe Hemisférico, recomienda lo siguiente:
“prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros que tienden a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres. En caso de que ya cuenten con dicha prohibición, recomienda a los Estados armonizar su legislación procesal con esta prohibición, a fin de evitar que en casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación. Finalmente, en casos donde dicha prohibición se haya dado en casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, el Comité de Expertos/as recomienda la ampliación de dicha prohibición a otros casos de violencia contra las mujeres, lo cual requiere como condición indispensable, la incorporación de la definición de violencia contra las mujeres de la Convención Belem Do Pará y la penalización de otras formas de violencia contra las mujeres, distintas a la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica.” (MESECVI, 2012)
A la luz de lo anterior, el “convenio reparatorio” que el asesor jurídico de la víctima calificó ayer de ser “un logro para las mujeres” y un “logro de las feministas”, en realidad constituye otra violación a los derechos humanos de la víctima, pues Sosa Márquez no será sentenciado, lo que le permitirá en cualquier momento volver a su cargo u ocupar cualesquiera otros, como si no hubiese cometido ningún delito. Además, que renuncie al cargo con la jubilación a la vuelta de la esquina, más que una medida de reparación para la víctima parece una prerrogativa adicional para el visitador.
Los abogados defensores de ambas partes, en realidad se pusieron de acuerdo para colocarse ambos del lado del agresor y sellar un pacto de impunidad para proteger a uno de los suyos, en lugar de garantizar a la víctima el acceso a la justicia y una efectiva reparación del daño con perspectiva de género.
El mensaje para las víctimas de acoso y hostigamiento sexual y laboral de cualquier institución, pero en especial para quienes laboran en la CEDHJ, en absoluto las alentará a denunciar, sino todo lo contrario.
Muy lejos está la CEDHJ de recuperar la legitimidad que ha perdido debido a la simulación de su quehacer en esta materia, a la inocultable ignorancia, falta de conciencia, sensibilidad y pericia de los tomadores de decisiones para pensar, actuar y juzgar con perspectiva de género, todo ello como resultado de las resistencias y pactos patriarcales que han mantenido a este organismo en un atraso de por lo menos treinta años en esta materia. Atraso que se hace evidente cada que les truena en las manos un problema como este mientras la ciudadanía observa, estupefacta, la forma como creen que resuelven estos problemas. Es como ver al emperador salir desnudo cada domingo por la mañana, seguro de que es el mejor vestido.
Estas prácticas vuelven a colocar a la institución justo en el carril contrario a aquel desde el que miles de mujeres marchamos en los meses recientes, cimbrando la vida democrática del país entero con una sola exigencia: Ningún Agresor al Poder.
