Se posicionan feministas contra las formas en que se programa la seguridad en la región, porque exacerba la violencia contra mujeres y niñas
Se oponen al candidato de Paraguay para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Diana Miraslovich*
SemMéxico, Asunción, Uruguay, 27 de junio, 2024 .- Mujeres de 15 países de la Región Latinoamericana denunciaron en la 54 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA que termina mañana en esta ciudad, que los gobiernos de la región, han puesto en marcha modelos de seguridad que incrementan y exacerban la violencia contra las mujeres, con un acento en combatir el narcotráfico, como en México, dejando de lado a las personas.
Cuando este viernes de designen, manifestaron que el candidato Diego Moreno Rodríguez de Paraguay que sus vínculos familiares del candidato podrían comprometer su independencia e imparcialidad y generar dudas razonables por posibles conflictos de interés.
Hay, señalan con alarma que avanza un clima cada vez más propicio para la reproducción de todas las violencias en la región, las asociadas al crimen organizado, la violencia social y urbana, la violencia que deviene de la polarización política y en particular, las violencias contra las niñas y mujeres que se incrementan y exacerban al calor de todas las anteriores.
Advirtieron que crecen los discursos de odio, misóginos y anti-diversidad con consecuencias nefastas para la convivencia democrática, por lo que llamaron a que esos gobiernos integrantes de la OEA establezcan modelos de seguridad y desarrollo integrales centrados en las personas e incorporen enfoques de género.
Luego de expresar en un posicionamiento su profunda preocupación porque esos gobiernos no están preocupados por la seguridad humana, sostienen que los procesos integración, desarrollo y seguridad en nuestra región avanzan alejados de los principios de justicia social, respeto a los derechos humanos y equidad de género
El pronunciamiento lo dio a conocer el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, red feminista que está presente en esa asamblea convocada bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo de la Región».
Advirtieron que tomar en cuenta su llamamiento se podrá garantizar no solo la participación equitativa de todos los sectores de la sociedad sino la mejora en las condiciones de vida de las mujeres y otras poblaciones históricamente marginadas (indígenas, campesinas, afrodescendientes, mujeres urbanas en situación de vulnerabilidad, trabajadoras domésticas, migrantes, diversidad sexual).
Manifestaron que les preocupa el acento puesto en el combate al narcotráfico y la criminalidad organizada en países como El Salvador, Guatemala, México, Ecuador y otros, que han exacerbado las violencias y las desigualdades, especialmente contra las mujeres y comunidades vulnerables.
El modelo de desarrollo enfocado exclusivamente en la maximización de las ganancias a cualquier costo -incluyendo la explotación de las mujeres y el irrespeto a sus derechos humanos, así como la depredación de los recursos naturales-, ha profundizado la desigualdad económica y social en toda nuestra región.
El empobrecimiento de grandes sectores de la población, el aumento de las brechas de desigualdad de género y generacional y el incremento de la delincuencia organizada son consecuencias del modelo de desarrollo y no problemas que este ha pretendido resolver.
El posicionamiento manifiesta que les alarma el clima cada vez más propicio para la reproducción de todas las violencias en nuestra región. Por un lado, las violencias asociadas al crimen organizado, la violencia social y urbana, la violencia que deviene de la polarización política y en particular, las violencias contra las niñas y mujeres que se incrementan y exacerban al calor de todas las anteriores. Los discursos de odio, misóginos y anti-diversidad gozan de buena salud con consecuencias nefastas para la convivencia democrática.
Al dirigirse a la 54ª Asamblea General de la OEA les hicieron ver el alarmante incremento de vulneraciones a los derechos humanos de las niñas y mujeres en toda la región, el desmantelamiento de los mecanismos de avance de las mujeres y el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática.
En particular llaman la atención de los Estados sobre: El completo arrasamiento del Estado y de las instituciones en Haití y el escalamiento catastrófico de la criminalidad y la violencia organizada. La comunidad internacional parece haber abandonado a Haití y la OEA debe revertir esta situación.
Se expresan sobre cuestiones particulares:
Los discursos emanados desde el ejecutivo de Argentina respecto a la destrucción del Estado de Derecho y sus acciones encaminadas al desmantelamiento de la institucionalidad de género.
El desfinanciamiento de políticas y programas como el plan de prevención para el embarazo no intencional en la adolescencia (Plan ENIA) y el Programa Acompañar de prevención y erradicación de la violencia de género. Preocupa la paulatina erosión de la convivencia democrática y las consecuencias de la difusión de discursos de odio desde las más altas autoridades gubernamentales de Argentina.
El contexto regresivo en Paraguay, los intentos de criminalización del enfoque de género y el riesgo de desaparición inminente del Ministerio de la Mujer. Así mismo, sobre la posible derogación de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 5777/16) que impactaría gravemente en la vida de miles de niñas y mujeres. Se observa en el país un patrón de persecución y falta de garantías para el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y a las defensoras/es de derechos humanos.
La propuesta Legislativa C. 1471 de Puerto Rico por medio de la cual se busca incluir «conductas alienantes» en las disputas judiciales por divorcio, patria potestad y abuso sexual infantil. Esta propuesta ignora la falta de validez científica del síndrome de alienación parental (SAP), institucionaliza la discriminación y avanza para perpetuar la violencia contra mujeres y niños.
La crisis democrática que se ha profundizado en los últimos años en Perú, por cuenta de las alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo que han vulnerado la separación de poderes. También nos preocupa el eje de disputa puesto en la “igualdad de género” que se expresa en diversas medidas aprobadas como: : i) el Decreto Supremo N° 009-2024-SA que avanza en estigmatizar al colectivo de la diversidad sexual en Perú al clasificar la identidad de género y orientación sexual como «problemas de salud mental».
En particular la aprobación de la Ley N° 32058 que eliminó la alternancia en la fórmula presidencial y la paridad horizontal en elecciones regionales; la aprobación de la Ley N° 32003 que eliminó el lenguaje inclusivo de los textos oficiales y los textos escolares;) la reciente aprobación del Proyecto de Ley N° 6951/2023-CR, el cual declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Su aprobación definitiva promovería la impunidad de todos los casos, incluidos los casos emblemáticos de Cabitos, Huanta, Manta y Vilca (década de 1980), Rio Chari, Universidad del Centro (década de 1990), Caraqueño-Pativilca, Mamérita Meztanza (sobre esterilizaciones forzadas por el cual se siguen investigando a Alberto Fujimori Fujimori). Adicionalmente, el Dictamen del Proyecto de Ley 7579/2023-CR que precariza el acceso a la niñez y adolescencia a educación sexual integral y el Dictamen recaído en los proyectos de ley 6162, 7140 y otros que propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para censurar y buscar la sobrerregulación de las organizaciones defensoras de derechos, siendo un riesgo para la libertad de asociación y libertad de expresión de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Los cambios en los marcos legales y en las políticas públicas en Uruguay. Los recortes presupuestarios significativos y cierre del diálogo con organizaciones de derechos humanos. En particular preocupa la asignación insuficiente de recursos para la implementación de la ley 19.580 contra la violencia de género, así como el proyecto de Ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo que busca debilitar aún más la protección de las mujeres. También preocupa el incremento de la pobreza post-pandemia, el impacto sobre las mujeres jefas de hogar y en las infancias. 20,1% de las niñas y niños menores de seis años viven por debajo de la línea de la pobreza.
El Proyecto de Ley N. 1904/2024 en Brasil que propone equiparar la práctica de aborto con el crimen de homicidio, con el consecuente aumento de la pena por aborto a 20 años después de las 22 semanas de gestación. Esta medida supone una barrera adicional para la realización de abortos legales, seguros y gratuitos en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer y anencefalia lo cual supondría para las mujeres elegir entre el riesgo de muerte o la cárcel.
La prohibición de la educación integral de la sexualidad en el sistema educativo de El Salvador deja al Estado sin ninguna responsabilidad en la formación de la niñez y adolescencia, de igual modo, la supresión de programas relacionados a la salud de la comunidad de la diversidad sexual. Las crecientes tasas de embarazos adolescentes se agravan con la falta de educación sexual en la escuela y en la familia.
Los ataques que está sufriendo en Bolivia la Ley 348 garantiza a las mujeres una vida libre de violencia porque pone en riesgo el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
En esta 54ª Asamblea General de la OEA se llevará a cabo la elección de nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto, expresamos nuestra preocupación por el candidato Diego Moreno Rodríguez de Paraguay. En su valoración, el Panel Independiente del SIDH expresó que los vínculos familiares del candidato podrían comprometer su independencia e imparcialidad y generar dudas razonables por posibles conflictos de interés.
Esperamos que en esta Asamblea se inste a los países de la región a implementar mecanismos de consulta para la postulación de candidatas/os para los diferentes cargos dentro del Sistema Interamericano.
Por último, hacemos un enérgico llamado a los Estados reunidos en la 54ª Asamblea General de la OEA, para que:
• FORTALEZCAN sus compromisos con la democracia, la paz y la seguridad humana, asegurando una distribución justa de la riqueza y oportunidades para todas las ciudadanas/os. Es fundamental implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos, así como reforzar las instituciones para garantizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
• RECONOZCAN la importancia del enfoque de derechos humanos, justicia social, promoción de la paz y la perspectiva de género en las estrategias de integración y seguridad en las Américas.
• IMPLEMENTEN soluciones integrales que atiendan el problema de las drogas desde una perspectiva socioeducativa y de derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, poniendo énfasis en una educación integral y el acceso a un trabajo digno, que constituyen el piso básico para el acceso a otros derechos y a una vida digna como base fundamental para el desarrollo humano integral.
• PREVENGAN, ATIENDAN Y ERRADIQUEN la violencia contra las mujeres y aseguren el acceso a la justicia, reparando a las víctimas y evitando la impunidad, al mismo tiempo. Urgimos que se garantice la defensa irrestricta de los derechos sexuales y reproductivos.
• EXHORTAMOS a que la elección de integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ajuste a los criterios establecidos por la Convención Americana y fortalezca la imparcialidad e independencia de la Corte.
¡Ya es hora, es tiempo!
26 de Junio, 2024 *Colaboradora eventual de SemMéxico
