Entre derechos y fines políticos
Yaneth Angelica Tamayo
SemMéxico. Cd. de México. 31 de julio de 2019.- Hace un año en México se llevó a cabo un cambio social y político; surgió con ello la denominada cuarta transformación, la cual representaba el cambio de ideología política pero también la forma de gobierno; esto es, la forma en la cual se administraría la economía, la ejecución de políticas públicas, la justicia y otras facultades concernientes al gobierno federal.
Es por ello, que el modelo político y económico que hasta ese entonces se ejercía en México cambió al ser incompatible para las formas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y me refiero a él porque es quien sostiene que el modelo neoliberal que se estilaba solo producía inconformidad, injusticia, pobreza y corrupción; de ahí que según su dicho ahora tengamos un renovado y mejorado “modelo de bienestar” que evita esas situaciones.
Que a mi parecer, es la misma gata solo que revolcada, pues el tiempo que llevamos de ser gobernados bajo este nuevo modelo, las cosas siguen siendo relativamente iguales y digo relativamente porque de igual forma se nos sigue vulnerando y además no se han judicializado actos de evidente corrupción de funcionarios públicos salientes, pues se ha preferido la concordia y los abrazos.
Además, ahora el gobierno es más intolerante –si críticas, eres opositor-; es más invasivo –la división de poderes ¿Qué es eso?- y es más dadivoso –no importan los presupuestos para los institutos de las mujeres, la educación y la salud si podemos ayudar a El Salvador e iniciar un plan de desarrollo para Centroamérica, total México ni lo necesita-, léase con tono sarcástico.
Sin embargo, esta situación desafortunadamente no es novedosa ni exclusiva de la 4T –por aquello de que piensen que soy opositora-; el cambio en los modelos políticos, económicos y democráticos en los gobiernos atienden a una forma de legitimar su ideología política y el poder, ya que a través de este cambio fijan la conducción del poder dispositivo del Estado, esto es, fijan los límites entre los derechos y sus fines u objetivos políticos.
De ahí que, algunas reformas constitucionales o la errática ejecución de políticas públicas devalúen los derechos de los ciudadanos y sean igualados a directrices políticas que se someten a las reglas de su mercado.
En donde los derechos sociales son los que mayormente se ven afectados; claros ejemplos se pueden observar en Tabasco donde los derechos de libertad de expresión y manifestación se han visto contenidos con la finalidad de que no se realicen manifestaciones que vayan en contra de los interés del mega proyecto de AMLO en la refinería Dos Bocas; al gobierno en turno se le ha olvidado que por años realizaba bloqueos “pacíficos” para obtener adeptos.
Otro claro ejemplo, se puede observar en Baja California donde el grupo legislativo de MORENA y otras minorías decidieron violar el derecho de los ciudadanos a elegir democráticamente a su gobernante, al ampliar el periodo de gubernatura de Jaime Bonilla.
La eliminación de apoyo a estancias infantiles; los recortes económicos a refugios de mujeres; los recortes económicos y despidos masivos por austeridad en los institutos de la mujer; la disminución de recursos para el sector salud, el sector educativo y a otros rubros que fomentan y protegen el desarrollo social de los ciudadanos, son otros ejemplos.
Si bien, el propio Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que los recortes al presupuesto son una forma de evitar que los recursos sean desviados por particulares y que otros sean producto de la austeridad, lo cierto es que las medidas impactan en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De igual forma, al manifestar que los actores políticos de su tan querido MORENA son independientes y tienen autonomía en sus entidades federativas para legislar como mejor les parezca; son justificantes que encuentran basadas en argumentos políticos.
Como la ha referido Ronald Dworkin “Los derechos son cartas de triunfo en manos de los individuos contra fines colectivos”.
De ahí que los argumentos políticos solo justifiquen una decisión política que favorece o protege un interés particular; aunque estos suelen ser argumentos tramposos ya que debido a su construcción se puede pensar que tal decisión política respeta o asegura algún derecho colectivo.
Es así que, ofrecer a un hombre una cantidad menor de algún beneficio es algo que se puede justificar simplemente argumentando que así se llegará a un mayor beneficio general.
En fin, a modo de reflexión basta decir que cada individuo tiene derecho a cierta expectativa o recurso respecto de un ente político que pueda favorecerlo aun y cuando esa decisión afecte o ponga en peligro los derechos de una colectividad.
Sin embargo, mientras se siga teniendo ese pensamiento individualista México no va a progresar y las situaciones que se generen impactaran de forma irreversible en algunos sectores, se debe tener en cuenta que en algunos casos los beneficios son escasos y no duraderos, seis años no son suficientes para cambiar la vida de un ciudadano y menos si a cada cambio de gobierno cambian los intereses.
Vivimos en un país que transita bajo el ropaje de fines y objetivos políticos, que evidentemente impactan en el diseño y ejecución de políticas públicas, ocasionando un retroceso.
Debemos ser más reflexivos en la forma en que los representantes de gobierno deciden sobre nuestros derechos y sobre las condiciones de vida que hemos de tener como sus asociados, ejercer responsablemente nuestra ciudadanía generara un contra peso que evite violaciones a nuestros derechos humanos y fundamentales.
