¿Mayores penas o mejores estrategias?
* La falta de empatía del funcionariado con las víctimas
Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, 5 de marzo 2020.- Hace días se dio a conocer la intención de los legisladores de aumentar las penas de delitos sobre violencia de género, como lo es, el feminicidio, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar; intención que surgió de la mediatización que se hicieron de los casos de Ingrid y Fátima.
Estas propuestas, propician pensar en dos temas; el primero, a que extremos se tiene que llegar para visibilizar la violencia de género y las instituciones volteen a ver el estado de indefensión en que se a colocado a las víctimas por razón de género. Y segundo; realmente se requieren penas más severas para los agresores.
Estos temas deben ser relevantes para comprender si realmente es necesario que los legisladores aumenten las penas. En lo particular, me resulta innecesario, dado que los grados de impunidad que existen en México no se debe al rango de las penas establecidas, sino a la deficiencia de los encargados de procurar la justicia.
La falta de empatía del operador hacia la víctima, es uno de los factores que impiden la correcta aplicación de la norma, propiciando que los servidores públicos incurran en omisiones al momento de investigar o emitir una resolución.
Y me atrevo a asegurar tal situación, por que desde antes del 2013 y a través del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad; se determinó que todos los servidores públicos en todos los ámbitos de aplicación y en los tres niveles de gobierno, debían ser capacitados de forma constante en materia de derechos humanos, perspectiva de género y atención a la víctima.
Al 2020 es ilógico que los funcionarios que ya han sido capacitados, sigan cometiendo atrocidades en contra de las víctimas que concurren al auxilio de la protección y justicia del Estado; y que, el personal capacitado sea escaso.
Haciendo un ejercicio de visibilización, son las mujeres activistas, las feministas y las víctimas las que han hecho el trabajo de sensibilizar, instruir, buscar y desde su lucha generar criterios que obliguen a los operadores encargados de administrar e impartir justicia realicen su trabajo.
Es aquí, cuando debemos preguntar ¿donde están los resultados de años de capacitaciones a servidores públicos en materia de género?
Cuantas veces las personas que denuncian la desaparición de una mujer, tienen que escuchar el famoso, “tiene que esperar, seguramente se fue con el novio”; o cuando se denuncia violencia física por la pareja, “si ya sabia como es, seguramente usted lo provocó”; sin olvidar cuando se investiga un feminicidio, “es muy difícil probarlo, mejor que sea homicidio”.
Sin que dejemos de lado la revictimización por la cual pasan las víctimas cada que tienen que denunciar; quienes a parte de relatar los hechos deben soportar que varios servidores públicos emitan opiniones personales cada que tienen que completar una prueba o una fase dentro de los procedimientos.
Y es ahí, donde nuevamente se vuelve a preguntar ¿donde están los resultados de años de capacitaciones a estos servidores públicos en materia de género?
La CNDH desde el 2007 al 2017 ha atendido mas 1,886 expedientes de quejas y formuló 29 recomendaciones a 14 autoridades responsables con una incidencia de 31 veces, por violaciones a los derechos humanos por razones de género; del 2018 al 2019 se atendieron 471 expedientes, y se emitieron 564 orientaciones directas de quejas acumuladas y solo se resolvieron 89 quejas actuales.
Sin embargo, la CNDH consideró que no era pertinente generar informes especiales en materia de género, ya que señalaron que éstos se emiten cuando la naturaleza del caso lo requiere por su importancia o gravedad, para dar a conocer a la opinión pública y a las autoridades dicha situación.
O sea que, para una institución que se encuentra capacitada en materia de género y que conocen la situación de las mujeres en México, los números por violaciones a derechos humanos en contra de ellas no son importantes.
Entonces es aquí donde debemos plantearnos lo siguiente, si los encargados de proteger y garantizar los derechos de todas las personas, están capacitados en materia de género y asistencia a las víctimas ¿Qué está fallando?
¿Realmente se puede justificar las fallas en los rangos de las penas, en la descomposición social o en la falta de capacitación en temas de género?
Las penas mayores en delitos no solucionan nada, dado que los operadores jurídicos aun cuando están capacitados en género, no son capaces de aplicar los mecanismos para la atención a la víctima, ni mucho menos de aplicar criterios que faciliten a las personas el acceso real a la justicia; de ahí que muchas denuncias no son atendidas o son archivadas.
Quizás, se debería replantear la posibilidad de mejorar las estrategias de capacitación, en donde las enseñanzas en materia de género dejen de ser conceptuales y pasen a una fase metodológica.
Esto es que, los servidores públicos dejen de lado los criterios personales y ejecuten ordenamientos específicos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Víctimas; y, sin olvidar los criterios de la SCJN como el de Mariana Lima, entre otros.
Una solución podría ser, emitir sanciones severas para servidores públicos que, conociendo la ley entorpecen los procedimientos de forma dolosa u omisiva y que revictimizan a las víctimas. Tal vez, el problema se encuentre en que la misma autoridad no hace su trabajo y protege a sus servidores públicos, de ahí que la impunidad sea la que más lacera a las personas víctimas de la violencia de género.
Si bien es cierto, en México diversos organismos y dependencias públicas realizan verdaderos esfuerzos por introducir la perspectiva de género, lo cierto es que sus servidores públicos están fallando y parte de ello no es por falta de capacitación sino por su falta de empatía y por sus sobradas creencias personales.
En conclusión, todos pueden capacitarse en perspectiva de género, pero sino logran comprender que es la perspectiva de género, jamás se va a poder materializar el deseo de tener una igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
Como último dato de relevancia, de las 32 entidades federativas, solo 19 entidades federativas (59.4%), contaron con un Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y solo 18 de estas (51.7%), contaron con un presupuesto con perspectiva de género, pero sin criterios de transversalidad de la política pública.
