Embarazo en menores de edad
Violencia sexual, amor romántico e irresponsabilidad
Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, 22 agosto 2019.- México es un país que se caracteriza por una sociedad que ha idealizado y romantizado la maternidad; en donde algunas mujeres han adoptado como estereotipo y objetivo de realización el ser madres, unas de forma forzada, otras de forma inconsciente y solo unas pocas de forma planificada.
Sin embargo, esta idealización impacta de forma considerable en las mujeres mexicanas, especialmente en las que son menores de edad, ya que estas al ser vistas como criaturas diseñadas para dar placer, son hipersexualizadas y objeto fácil de abuso sexual, lo cual produce embarazos no deseados y no planeados.
Quizás el párrafo que antecede resulte fuerte y tal vez ofensivo para algunas mujeres que han sido madres a temprana edad; no obstante, resulta necesario visibilizar la realidad por la que pasan las menores de edad que están embarazadas o que han sido madres.
Muchas de las menores de edad embarazadas son y han sido víctimas de abuso sexual por parte de los progenitores de sus hijos -unas de forma violenta y vil, otras mediante el chantaje y la manipulación de sus parejas-; y otras pocas, víctimas de su escasa educación sexual. Sin embargo, todas estas situaciones han sido normalizadas y disfrazadas de irresponsabilidad, la cual comúnmente es adjudicada a esas pequeñas mujeres.
Estas circunstancias han ocasionado que la situación de embarazadas menores de edad (9 a 18 años), se tenga que analizar y dividir en sectores etarios; el primero, donde el 30 % son niñas 9 a 14 años; y el segundo, adolescentes de 15 a 18 años.
En donde las primeras, han sido víctimas de agresión sexual por parte de familiares o personas cercanas a su comunidad; obligadas a parir aun y cuando su vida está en riesgo, pero además vendidas u obligadas a casarse con sus agresores.
Situación que los padres y la sociedad consienten y normalizan, pues cuantas veces hemos escuchados a personas decir – ya desde pequeñas les gusta coger, por eso se llenan de hijos- o – así es en las comunidades, desde chiquillas se casan porque ya están dadas, las enseñan hacer mujer-; de ahí que, ante la falta de denuncia de estos embarazos, lo abusos sexuales ejercidos contra ellas queden impunes y se eleve la tasa de uniones y matrimonios infantiles.
Por otra parte, por lo que respecta al sector adolescentes de 15 a 18 años, los embarazos se deben a un problema multifactorial en el cual interviene la falta o el limitado acceso a la educación integral en sexualidad; a los roles y estereotipos de género que colocan a la maternidad como forma de realización personal -construcción de identidad, donde solo siendo madre pueden figurar en la sociedad-; al amor romántico -vínculos afectivos mal comprendidos-; y al ansia de placer conjuntada con la hipersexualización entorno a la sexualidad masculina.
Estos dos últimos factores, ocasionan que las mujeres adolescentes sean chantajeadas y manipuladas por su pareja para sostener relaciones sexuales inesperadas y no deseadas, en donde los métodos anticonceptivos son olvidados; situación que aumenta cuando la adolescente además es de recursos e instrucción académica limitados -la mayoría solo cuenta con educación básica- lo que la hace proclive a considerar que la única forma de conseguir el amor de su pareja y sobresalir en la sociedad es aceptar su embarazo y ser madre.
Dentro de esta sociedad patriarcalizada, es común escuchar que estas adolescentes fueron irresponsables y porque no “calientes” las cuales tienen merecido lo que les sucede, sin embargo no se toma en cuenta que la sociedad las ha educado para idealizar y romantizar los vínculos afectivos, en donde creen que su pareja es lo que les da vida, esperanza y amor eterno, pensamiento que es aprovechado por algunos jóvenes ansiosos quienes conociendo la codependencia las fuerzan a mantener relaciones sexuales sin protección.
Y con ello no quiero decir, que no existan jóvenes que de común acuerdo mantengan relaciones sexuales consentidas; sin embargo, estos son muy pocos y aun cuando planifican su experiencia sexual son víctimas de la falta de información y educación sexual.
En todas las situaciones mencionadas, las menores de edad han sido víctimas de la violencia sexual; de la adultocracia que les impide una educación integral en sexualidad; de la sociedad conservadora que les impide ejercer su sexualidad responsable y en algunos casos acudir al aborto legal; y de la falta de corresponsabilidad que surge entre el Estado, la familia y los progenitores.
Si bien, el Estado ha implementado políticas públicas estas solo han sido diseñadas para controlar el deseo sexual de las mujeres y no para dotar de inteligencia sexual a las y los adolescentes, pues es más fácil enseñarles a los hombres a colocarse un condón y decirles a las mujeres que se abstengan de mantener relaciones sexuales tempranas para no salir embarazadas, pretendiendo que con esa información las y los adolescentes podrán tomar decisiones asertivas.
A esto se le suma la falta de corresponsabilidad de la ciudadanía, quienes piensa que la intervención del Estado debe ser lineal y que se cumple solo con proveer métodos anticonceptivos, dejando desinformados a las y los adolescentes por considerar que el goce y placer sexual es algo que debe ser ajeno para ellos –como si pudieran ser inmunes a la desbordante sensación de sus hormonas-.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que tanto el Estado como la sociedad están centrados en creer que los embarazos en menores de edad solo se deben a la falta del uso de métodos anticonceptivos y de criterios morales familiares, invisibilizando y dejando impunes los embarazos de niñas de 9 a 14 años pues respecto de esta problemática no existen políticas públicas efectivas que erradiquen tal situación.
Ya que, si bien los embarazos en adolescentes han disminuido en un bajo porcentaje, los embarazos en niñas de 9 a 14 años han aumentado año con año, tan solo en el 2018 se registraron a nivel nacional 13 mil nacimientos, sin contar los embarazos que no llegaron a término por complicaciones médicas.
En conclusión, el Estado y la ciudadanía deben considerar que el embarazo en menores de edad es un problema público que pone en riesgo su vida e integridad, especialmente porque son ellas las que presentan obstáculos para acceder a una vida libre de violencia y alcanzar su desarrollo personal, social y profesional, pero además porque se encuentran limitadas al libre desarrollo de sus competencias y habilidades.
Se deben eliminar la desigualdad estructural, la violencia sexual, los prejuicios sociales y se debe propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo, así como dotar de una gama completa de métodos anticonceptivos; sin embargo, estas acciones solo serán posibles desde la integración institucional y la corresponsabilidad de estas con la ciudadanía.
