Alejandra Maritza Cartagena López*
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo, 2022.- Hace un par de días en el país alcanzamos la cifra de más de cien mil personas desaparecidas, continuando Jalisco en primer lugar con 14 mil 954 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Según el reportaje fragmentos de la desaparición cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
A una semana de esta noticia el gobernador del estado Enrique Alfaro presento el reforzamiento de Estrategia Estatal de Búsqueda 2022-2024 que es una continuación de lo presentado en el 2019 con la estrategia “Estamos buscando”, donde los resultados de esta última no quedan claros.
De lo observado en dicha estrategia y en vinculación con lo mencionado el Comité contra la Desaparición en su informe solo destacare tres cosas; “no hay una solo familiar o colectivo de personas desaparecidas, dos otra vez las cifras no cuadran con el SISOVID y el Registro Nacional y tres las instancias que deben coordinarse (Fiscalía, Comisión de búsqueda, Comisión de víctimas e Instituto Jalisciense de ciencias forenses), siguen sin coordinarse, y los colectivos lo han denunciado en varias ocasiones, pues son ellas quienes han vivido directamente las omisiones y negligencias de las instituciones que por falta de coordinación y de entendimiento de sus obligaciones esto se ha traducido en que sus hijas e hijos no son buscados.
Además, las instituciones involucradas en la atención, investigación, búsqueda e identificación siguen sin contar con los recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos para realizar sus funciones y no están debidamente capacitadas y mucho menos se han instaurado los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para la implementación de los protocolos homologados de búsqueda e investigación, además de la Ley General.
El Comité también señalo que de la información obtenida por las victimas y las autoridades se puede observar la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas. Cabe mencionar que en Jalisco las familias han denunciado en varias ocasiones la colusión entre las autoridades y quienes se llevaron a sus hijas o hijos y la participación de la delincuencia organizada que se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de complicidad y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.
También, el Comité señala su preocupación por la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, al tiempo que sufren los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones y, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias. Pues al asumir la investigación y búsqueda de sus familiares se encuentran en un contexto de vulnerabilidad, que las autoridades no han atendido de manera integral.
Asimismo, el CED señala que es imprescindible crear una política pública integral, que atienda y combata las causas de las desapariciones de manera integral y esta debe asumir condiciones mínimas como: reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad solo esta condición con lleva un gran desafío en un estado donde se insiste en criminalizar y estigmatizar a las víctimas lo cual se ha traducido en búsquedas e investigación tardías o inexistentes y donde las autoridades han insistido en criminalizar y estigmatizar a las personas desaparecidas y sus familiares.
*CLADEM Jalisco
