Aurora Natalia Rojas Ramos*
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto del 2022.- La trata de personas en todas sus formas de explotación, representan los delitos más graves que existen en la actualidad, ya que priva de su dignidad, libertad y vida a millones de personas en todo el mundo y a su vez representa el lado más obscuro del sistema patriarcal, neoliberal y capitalista actual.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. La trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a las mujeres y las niñas. En 2018, de cada 10 víctimas detectadas en todo el mundo, cinco eran mujeres adultas y dos niñas. A su vez, el reporte señala, que en 2018, la mayoría (70%) de las mujeres detectadas como víctimas de trata fueron traficadas con fines de explotación sexual, mientras que los hombres detectados como víctimas fueron traficados principalmente para trabajos forzados.
Esta división sexual entre el tráfico de personas, convierte a la explotación sexual como la principal finalidad de explotación en todo el mundo y a las mujeres y niñas en especial vulnerabilidad ante la trata de personas (50 % de los casos identificados).
Si bien estas estadísticas nos muestran una realidad escalofriante. Algo que es importante aclarar, es que los datos de este Informe, únicamente contemplan los casos reportados oficialmente ante autoridades de los estados, sin embargo, sabemos los grandes obstáculos que presentan las mujeres y niñas en el acceso a los sistemas de impartición de justicia, por lo cual se estima que hay un subregistro en los casos y que las cifras reales son aún mayores.
Esto representa el primer obstáculo en el acceso a la justicia, ya que la falta de indicadores certeros que demuestren la magnitud real de la problemática, contribuye directamente a las graves deficiencias en las políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de mujeres, niñas y adolescentes, así como los delitos subyacentes de la misma. Pese a ser una problemática grave en la mayoría de los países del mundo, principalmente en América Latina, los indicadores estatales en los países de la región respecto la trata de mujeres y niñas son de difícil acceso, poco claros, o inexistentes.
En México, no se ha logrado consolidar un sistema nacional de datos que pudiera ser nutrido y compartido por todas las instancias encargadas de la persecución y atención a víctimas. Actualmente, si bien existen algunos indicadores, éstos varían dependiendo de la fuente e institución. Es importante recordar que la generación de indicadores de calidad es una obligación estatal reconocida y ratificada por México en distintos tratados internacionales, así como normativa nacional y local.
Pese a los sesgos estadísticos, en México también podemos notar como en la mayoría de los países de la región, los gobiernos siguen abordando la trata de personas exclusivamente desde la perspectiva criminal, es decir, como un delito, y no como una problemática multicausal y macro-social que afecta principalmente a niñas y mujeres jóvenes. La política pública y las instancias de impartición de justicia siguen atendiendo y sancionando la trata como un asunto aislado, dejando desatendidas las profundas raíces sociales, económicas, culturales y políticas patriarcales, que requieren ser visibilizadas y comprendidas para en consecuencia, formular estrategias no reactivas sino planificadas para su abolición.
Esto significa que se deben analizar las diferentes estructuras y contextos que posicionan a las mujeres y niñas dentro de los grupos más fáciles de acceder por los tratantes. Así, enfatizar la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante la explotación sexual y las redes de trata, refuerza la obligación que tienen los Estados de garantizar los derechos humanos de las mujeres, sobretodo nuestro derecho humanos a vivir vidas libre de violencia, y adoptar medidas específicas de protección, sobretodo garantizar su acceso a mecanismos de impartición de justicia y la reparación integral del daño.
La negativa de los estados por implementar medidas específicas de protección para mujeres, niñas y adolescentes, (quienes están en especial riesgo ante la trata), se manifiesta toda la estructura institucional, sobretodo en los sistemas de impartición de justicias patriarcales carentes de enfoques diferenciados para la investigación de la trata de mujeres, niñas y adolescentes, lo cual conduce a ignorar los factores de riesgos específicos, así como los procesos de captación, rutas de traslade, etc impidiendo con esto la prevención oportuna a través de política pública integral.
México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. La impunidad y la corrupción; asimismo, en muchas ocasiones dicho fenómeno se encuentra vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. Por todo lo anterior, es que el estado Mexicano debe de reforzar sus obligaciones en cuanto a la garantía plena del derecho a vivir vidas libres para todas las mujeres y niñas en el país, sobretodo mediante la prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas.
*Maestra en Derechos Humanos y Ciencias Políticas Co-Coordinadora Estatal CLADEM Jalisco
