Opinión CLADEM| Se acabó la fiesta de la impunidad de los hombres políticos agresores

Elia Estefanía Martínez Sánchez

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 9 de junio del 2023.- Los hechos ante la Ley 3 de 3 contra la Violencia: En México actualmente existen 35 millones de hogares con padres ausentes, que abandonan, deudores de pensiones alimenticias, crianza y cuidado que han estado absorbiendo las mujeres a lo largo de la historia contemporánea; violencia familiar el segundo delito con mayor impacto a nivel nacional con el cual a lo largo de la historia se ha sometido a más de la mitad de la población en México, a las mujeres; 8 agresiones sexuales cada hora en nuestro país, abuso sexual, violación equiparada, violación simple, acoso, hostigamiento y tortura sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Con base en lo anterior, el pasado 27 de abril del año en curso, con 455 votos y cero en contra fue aprobada la reforma constitucional llamada “Ley 3 de 3 contra la Violencia” en la cámara de diputados federales la cual se deberá armonizar a los marcos jurídicos en la totalidad de los Estados y con la cual se le cerrará el paso a hombres violentadores de mujeres que por años han cometido delitos y que han seguido caminando impunes en los espacios del entramado institucional en México.

Con la Ley 3 de 3 se presenta un hito histórico para la democracia en México, en donde no sólo se reforma la constitución sino que se marca el ingreso de un nuevo concepto la “feminismocracia”, en donde las feministas han logrado con sus reflexiones y presiones políticas generar un resquebrajamiento del poder patriarcal al interior de los partidos políticos, y con ello una presión firme que aportará a la erradicación de las dinámicas sociales misóginas y patriarcales al interior de los partidos y de las instituciones sociales desde la consigna clara en donde nunca más se tendrá un agresor en el poder, desde los funcionarios de mayor rango administrativo hasta los servidores públicos del menor rango que han cometido estos atroces delitos.

Esta ley funciona desde la denuncia jurídica contra hombres deudores alimenticios, abusadores sexuales o violentadores políticos contra las mujeres, en donde si un hombre tiene algún proceso judicial en estas tres vertientes podrá ser acreedor a la destitución de sus derechos político-electorales, una consecuencia bastante lógica en donde si un hombre es agresor de mujeres en el espacio privado, no podrá ser un servidor público ético en lo institucional. Lo anterior no es violatorio de derechos humanos, ya que puede ser más grave violar la dignidad humana de las mujeres, niñas y adolescentes, que no permitirle a alguien ser elegible.

Hombres de las instituciones toca romper el pacto patriarcal y denunciar a los agresores en el poder; fundamentales son los 30 días de junio, 31 días de julio y 31 días de agosto para denunciar a quienes están en esta condición de agresores, para que no puedan aspirar a cargos políticos-electorales, hoy se tiene la oportunidad política e histórica para aportar a la despatriarcalización del Estado mexicano.

#NingunAgresorAlpoder