Saúl Escobar Toledo
SemMéxico. Cd. de México, 16 de julio, 2025.- El martes pasado, 15 de julio, representantes de más de 30 estados de todo el mundo inauguraron en Bogotá, Colombia un “Conferencia de Emergencia de los Estados para detener el genocidio de en Gaza”. De acuerdo con información oficial del gobierno colombiano, asistieron representaciones oficiales “desde Argelia hasta Brasil, desde China hasta España, desde Indonesia hasta Qatar” con el objetivo de “pasar de la condena a la acción colectiva”.
La conferencia de Bogotá tiene un antecedente: a finales de enero de este año en La Haya, Holanda, se congregaron delegados de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Lamentaron “la pérdida de vidas, medios de subsistencia, comunidades y patrimonio cultural debido a las acciones genocidas de Israel en Gaza” y manifestaron su voluntad para no permanecer pasivos ante tales crímenes internacionales.
Su declaración final se basó en diversas resoluciones de la ONU y, particularmente, en la emisión por parte de la Corte Penal Internacional, el 21 de noviembre de 2024, de órdenes de detención contra los señores Netanyahu primer ministro de Israel y Gallant, ministro de Defensa entre 2022 y 2024, debido a que encontraron “motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal como superiores civiles por… diversos crímenes de guerra”.
Los resolutivos de La Haya incluyeron apoyar estas órdenes de detención; prevenir el suministro o la transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, en los casos en que exista un riesgo claro de que dichas armas y artículos conexos puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones del derecho humanitario; prevenir el atraque de buques en cualquier puerto, dentro de nuestra jurisdicción territorial, en todos los casos en que exista un riesgo manifiesto de que el buque sea utilizado para transportar combustible y armamento militar al país agresor.
Posteriormente, el 9 de julio el presidente Gustavo Petro denunció que “durante los últimos 600 días, el mundo ha visto a Benjamín Netanyahu liderar una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del derecho internacional.” Informó que su gobierno suspendió las exportaciones de carbón a Israel y que otros gobiernos también estaban actuando como Sudáfrica y Malasia, país que ha prohibido a todos los buques de carga con bandera israelí atracar en sus puertos.
El mandatario colombiano convocó a la conferencia de Bogotá para el 15 de julio para “deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional e introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción (que lleva a cabo) Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley”.
Una de las oradoras principales en la inauguración de la Conferencia de Bogotá fue Francesca Albanese una abogada en derecho internacional que en mayo de 2022 fue nombrada relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, cargo que deberá ocupar hasta 2028. El 26 de marzo de 2024, presentó en la 55.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Anatomía de un Genocidio. Solicitó sanciones y un embargo de armas contra Israel y la suspensión de sus credenciales como Estado miembro de la ONU. Posteriormente, en noviembre, pidió a los Estados miembro de la ONU suspender todas sus relaciones con esa nación para forzar un alto el fuego en la guerra de Gaza.
El día 3 de julio de 2025, Francesca Albanese, presentó en la ONU otro informe titulado «De la economía de ocupación a la economía de genocidio», en el que afirmaba que la matanza en Palestina continuaba “porque es lucrativa”. Enumeró a más de 60 empresas, entre ellas IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon, Volvo y Google, que, según las investigaciones de su equipo, están involucradas en el apoyo a los asentamientos israelíes y las acciones militares en Gaza. Y urgió a la Corte Penal Internacional a investigar a los altos cargos de estas empresas y a las propias entidades “por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional y en el lavado de dinero obtenido mediante los crímenes que denuncia”.
Albanese ha sido amenazada por grupos de derecha y diversos gobiernos. Fue sancionada por el gobierno estadounidense con el bloqueo de sus bienes y activos y la prohibición de entrar a ese país.
Sin embargo, Albanese ha recibido un gran apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil que la han propuesto para recibir el premio Nobel de la Paz. En Italia y en el resto del mundo, casi 85 mil personas se han manifestado en este sentido hasta hace unos días. Por su parte, Albanese ha asegurado que no tiene intención de «callar sobre el genocidio en Gaza», a pesar de que EE. UU quiere «intimidarla con métodos que recuerdan a los de la mafia» y que las sanciones son «una lamentable respuesta» a su último informe.
Su presencia y su palabra en Bogotá adquieren entonces una importancia muy destacada.
Lamentablemente la Conferencia de Bogotá y la actuación de Francesca Albanese han recibido poca atención de los medios. México no ha estado presente ni en La Haya ni en Bogotá. Tampoco se ha pronunciado en defensa de Albanese. La presidenta Sheinbaum y su secretario de relaciones exteriores han condenado la guerra y han manifestado que buscarán “por todos los medios” que se construya la paz en la Franja de Gaza “todos los días”. Se negó, no obstante, a contestar acerca de la ruptura de relaciones con Israel o a la posibilidad de unirse a las campañas emprendidas por el grupo de La Haya y ahora de Bogotá.
Por su lado, el 6 de julio, el presidente Lula da Silva de Brasil denunció al gobierno de Tel- Aviv por llevar adelante un “genocidio” y acusó a las potencias de “conducir al mundo a un colapso sin precedentes del sistema multilateral”. “El derecho internacional se ha convertido en letra muerta”, advirtió el mandatario brasileño, en el discurso de apertura de la XVII cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro.
Más allá de la postura oficial mexicana (y de otras naciones), la Conferencia de Bogotá representa un esfuerzo excepcional de varios gobiernos del mundo para detener el genocidio en Palestina. La posibilidad de pasar de la condena a la acción efectiva apenas está empezando, pero ya se ha iniciado. Significa, asimismo, un desafío abierto al gobierno de Estados Unidos. Las sanciones de Washington contra gobiernos y personas es probable que se agudice después de la conferencia de Bogotá. Sin embargo, la existencia de un bloque de naciones puede animar al resto del mundo a unirse contra el genocidio.
Las palabras que se han dicho y se dirán en Bogotá no son desconocidas. Probablemente las condenas a Israel, a Estados Unidos y a empresas y gobiernos cómplices, se repetirán una y otra vez. Es difícil después de tantos días de hostilidades, que los relatos, llenos de dramatismo, acerca de la situación en Gaza reflejen fielmente el dolor cotidiano de un pueblo. Seguramente, las acciones genocidas de las fuerzas militares israelitas continuarán los siguientes días como si nada haya pasado.
No obstante, es indiscutible que el aislamiento de Israel es cada vez mayor, así como la certeza de que la continuación de las hostilidades responde a los interese políticos de un pequeño grupo que gobierna ese país. Detener la agresión significaría no sólo detener la masacre contra un pueblo sino también darle esperanzas al mundo de que no está sujeto a la voluntad de unos cuantos que, sin medir las consecuencias, pueden llevar a una conflagración de alcances mundiales de la que ninguna nación quedaría a salvo.
El coraje de personas como la abogada Francesca Albanese, y de gobiernos como el de Petro y Lula, entre otros, no debe pasar desapercibido en México. Gracias a ellos aún queda la esperanza de un mundo en paz.
