Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 13 de agosto, 2025.- Tras la elección judicial del 1 de junio, por primera vez, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Yucatán llegarán al cargo por voto popular. Nueve de las quince magistraturas estuvieron en disputa. Erika Beatriz Torres López, candidata a la II magistratura, fue la que obtuvo el mayor número de votos, 119,829.
La reforma realizada a la Constitución de Yucatán es clara y contundente. Dice en su artículo 64: “La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose a las magistraturas que obtengan el mayor número de votos en orden decreciente”. Es un modelo de prelación estricta, ni siquiera está considerada la alternancia de género, sino pura y simplemente el resultado de las urnas. Más claro ni el agua: el 1o. de septiembre, una mujer, Erika Torres, sustituirá a otra mujer, Carolina Silvestre Canto, como presidenta del TSJ. Sin embargo, los rumores cada vez más insistentes apuntan a que la presidencia inicial del nuevo periodo recaerá en Hernán Vega Burgos, candidato ganador de la magistratura XIV, cuarto lugar en número de votos.
Sigo con los rumores. Que el Lic. Vega era el candidato en el que el gobernador había puesto sus esperanzas para tener bajo control al TSJ. Que algunos de sus cercanos colaboradores fueron remolones para cumplir la instrucción de su jefe y alentaron otras opciones en los “acordeones” que profusamente circularon en tierras yucatecas. Que fue una sorpresa desagradable para el gobernador el resultado; que la futura magistrada Torres no tiene la experiencia para conducir al TSJ, apenas para llegar al cargo, etc., etc.
Entonces entra en acción el Congreso del estado. ¿Cómo pretenden ejecutar ese “acto de prestidigitación legislativa”, este cambio del orden establecido en la Constitución? Aunque parezca increíble, la maniobra comienza con una iniciativa del propio TSJ, que en uso de su facultad de iniciar leyes que atañen a su materia, envió al Congreso la reforma a su Ley Orgánica, para introducir en su artículo 39 la figura de “declinación” a la presidencia. Dice así:
“En caso de renuncia o declinación a aceptar ejercer la función de Presidente o Presidenta, se asignará a la siguiente magistratura en funciones que corresponda conforme al número de votos obtenido en la elección correspondiente”.
El planteamiento parece inocuo: permitir que alguien, por decisión personal, no asuma la presidencia definida por las y los electores yucatecos en las urnas. Pero en el contexto actual, se arma un mecanismo a la medida para que Erika Torres López “ceda” el puesto y la presidencia pase a Vega Burgos.
Pero, ¿hasta el cuarto lugar? Sí, es que el segundo y el tercero en votación —una mujer y un hombre- entrarán en funciones hasta 2026, cuando concluya el periodo de los actuales magistrados que se mantuvieron en sus cargos gracias a los amparos interpuestos contra su remoción en 2022.
El paralelismo con las Juanitas de 2009 —diputadas federales propietarias que solicitaron licencia en la primera sesión para dejar a suplentes hombres— es inevitable. En ambos casos, una mujer electa se aparta del cargo para favorecer la llegada de un hombre, alegando voluntad propia. Y, en ambos, la “voluntariedad” se desarrolla en un contexto político que favorece a la opción masculina.
Sin subterfugios: se está configurando en Yucatán un caso auténtico de violencia política en razón de género. La ley reconoce que presionar o inducir a una mujer a renunciar o declinar a un cargo ganado legítimamente constituye violencia política, incluso si no hay denuncia directa. El consentimiento no borra la discriminación si se produce en un entorno de subordinación estructural.
Pero el capítulo de la “declinación” es apenas una pieza de un tablero más grande. En última instancia, Erika Torres López es “sólo” un daño colateral. El verdadero objetivo no es la presidencia inicial del TSJ de 2025, sino las seis magistraturas blindadas hasta 2036 gracias a la reforma constitucional negociada entre Morena y el PAN para lograr la mayoría calificada que la hizo posible.
Las seis magistraturas sobrevivientes son afines a la anterior administración panista y constituyen un núcleo capaz de influir en votaciones internas durante más de una década.
Ese blindaje, sin embargo, está en riesgo. Dos acciones de inconstitucionalidad —una del Ejecutivo federal, otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— impugnaron la reforma negociada con el PAN en Yucatán. Si prosperan, las seis magistraturas tendrían que someterse a elección en 2027. En un clima político previsiblemente favorable a Morena y sus aliados, la probabilidad de que sobreviva alguna de las seis es mínima.
¿Qué estará sucediendo con el grupo parlamentario del PAN en relación a la presidencia del TSJ? Sabe que la perdieron desde el 1o. de junio pasado. Si bien su prioridad estratégica puede ser que no prosperen las acciones de inconstitucionalidad, indispensable para mantener el blindaje hasta 2036, no tienen la fuerza necesaria para presionar en Ciudad de México, donde se tomará la decisión final. Porque la clave no está en el Congreso yucateco, sino en lo que decida la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya correlación política es favorable a la presidenta Sheinbaum.
¿Por qué, entonces, el PAN no se opone frontalmente a la reforma de la “declinación”? No parece convincente el argumento de que, al ser una reforma de ley, Morena y su mayoría se pueden imponer, pues no necesitan dos terceras partes de los votos.
En esa misma lógica, el grupo parlamentario del PAN, que son 10, con los dos diputados del PRI y posiblemente, con MC, pueden reunir el tercio necesario para interponer la acción de inconstitucionalidad, contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué no parecen oponerse, sino incluso colaboran con su todavía enorme influencia en el TSJ?
Aventuro una respuesta: porque para el grupo parlamentario del PAN modificar el resultado de las urnas a través de esta reforma no altera su objetivo central; incluso puede ayudarles a conservar canales de negociación con Morena y el gobierno del estado. En política local, un gesto de “no estorbar” puede valer mucho cuando lo que está en juego es la supervivencia de seis posiciones clave.
Para Morena y el gobierno estatal, en cambio, la “declinación” de quien ganó el derecho en las urnas es importante: les permite corregir un “error” —o una infidencia— y controlar la presidencia del TSJ desde el arranque, con una persona segura y afín al gobernador Díaz Mena desde sus tiempos de militante del PAN. La SCJN les puede entregar el “premio mayor” en 2027, con el mandato de someter a elección en las urnas a las seis magistraturas hoy aparentemente blindadas. Si eso ocurre, Morena y su gobierno consolidarán el control del Tribunal en dos tiempos: presidencia desde 2025 y dominio total, sin estorbo alguno, desde 2027.
Si la “declinación” se aprueba, Yucatán sentará un precedente nacional incómodo: la primera presidencia del TSJ electo por voto popular será el resultado de un acuerdo político, no de la voluntad directa de las urnas. Y en tierra de Elvia Carrillo Puerto, afectando a una congénere.
En 2009, las Juanitas detonaron un movimiento nacional para impedir que el voto por una mujer terminara en manos de un hombre. En 2025, Yucatán podría ser recordado como el lugar donde la primera elección judicial terminó repitiendo la historia del patriarcado triunfante, con otro nombre y otra toga, pero con la misma lección: la paridad y la voluntad popular siempre pueden encontrar un resquicio para ser burladas.
El PAN puede quedarse en el peor de los mundos: sin legitimidad al aceptar pasivamente en el Congreso esta reforma, y perdiendo a sus seis leales. Claro que siempre queda el recurso de irse a estudiar un posgrado al extranjero.
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Como se esperaba ayer el Congreso aprobó por mayoría la reforma judicial.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex
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