El oficialismo alista la destrucción del Poder Judicial con miras a edificar un legado que de poco servirá cuando afronte un vacío de legitimidad.
SemMéxico, Ciudad de México, 5 de julio, 2024.- ¿Es suficiente la legitimidad que le otorgan al oficialismo 35.9 millones de votos para destruir al Poder Judicial? Es una de las principales preguntas que se hacen legisladores, académicos, estudiantes y ciertos grupos económicos dentro y fuera del país. La pregunta, sin embargo, tiene implícita una falacia: si en un grupo de 10 personas 6 de ellas deciden que las otras 4 tienen que salir a robar, matar o violar ¿se trata de un hecho correcto solo porque la mayoría lo ordenó? Absolutamente no.
Aunque el ejemplo es simplista, busca ayudar a ilustrar el espejismo con el que, el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, buscan embaucar a los millones de mexicanos con una reforma que como único fin tiene la venganza y la concentración del poder. La venganza: por las resoluciones del Poder Judicial que han dejado al descubierto las ilegalidades en distintos rubros, entre ellos, los megaproyectos. Mientras que la concentración de poder para crear y reformar leyes a modo que los favorezcan no importando si lastiman a los ciudadanos o si violan el andamiaje del derecho internacional.
No es que no haya corrupción en el Poder Judicial y tampoco es que no se le pueda tocar, pues, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo, son unidades que deben estar abiertas a ajustes en pro de mejorar su funcionamiento dentro del Estado, más no en su detrimento. Pero, como en otras ocasiones, AMLO se aprovecha de un diagnóstico certero para destruir y reconfigurar la función institucional y asegurar su propia conveniencia. Tal como lo dicta el manual de líderes populistas que pide usar las instituciones para acceder al poder y después destruirlas para perpetuarse en él.
Ejemplos reales que ayudan a sustentar dicho modus operandi hay cientos, entre ellos: un sistema de salud precario que con AMLO terminó empeorando y que de ninguna manera es similar el de Dinamarca; una estrategia de seguridad que provee más muertos que cuando había “guerra contra el narco”; una política migratoria que persigue, encarcela, extorsiona y mata a los migrantes; una política de género que deja a madres sin guarderías; una política de autosuficiencia alimentaria que resultó en un desfalcó –vía Segalmex– 3 veces mayor a la Estafa Maestra, una política energética con una CFE inoperante, rebasada y obsoleta con apagones en todo el país, o una estrategia anticorrupción con los hijos del mandatario señalados de darle contratos al mejor amigo de la familia… y que sigue sin investigarse.
Entonces, ¿cómo conciliar al oficialismo que cuenta con apoyo de 35.9 millones de votos con la defensa y custodia de la democracia expresada en un equilibrio de poderes? es un cuestionamiento necesario. De inicio habría que dejar claras las intenciones. AMLO y Sheinbaum son seducidos por la concentración del poder, aunque eso sea una trampa para la protección de su legado el cual se fincará en pilares cada vez más frágiles según vayan dinamitando el estado constitucional que garantiza el equilibrio y control entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Y es que la legitimidad, además de tener en los votos de la ciudadanía un elemento clave, también depende de otros factores que no pueden excluirse; entre ellos, la rendición de cuentas y la transparencia; el respeto a los derechos humanos; el estado de derecho y la justicia. Si alguno de estos factores no está presente la legitimidad simplemente no aparece.
Así lo advierte Norberto Bobbio, quien fuera brillante pensador, político y filósofo italiano. En ese sentido ¿Pueden AMLO y Sheinbaum asumir que tienen legitimidad suficiente para emprender la destrucción del Poder Judicial? Definitivamente no. Por supuesto que podrán intentar construir una percepción de que los sufragios obtenidos son suficientes, pero la historia hará lo propio a partir de los resultados obtenidos.
No es tan complicado comprender por qué usan la narrativa de la mayoría para imponerse. Es la misma que permite que en un grupo de 10 personas, 6 de ellas se ponen de acuerdo para obligar a los otros 4 a cometer actos indeseables. Se equivocan cuando buscan hacer prevalecer la ley de la selva que se rige por la fuerza y la mayoría, porque bajo ese régimen –no toman en cuenta– es muy fácil pasar de ser cazador a ser presa.
¿Sirve de algo un tren Maya que viola la ley? ¿una guardia nacional militarizada que viola la ley? ¿una refinería de Dos Bocas que viola la ley cuando se rehúsa a transparentar los recursos? ¿un sistema que mantiene la figura de prisión preventiva –violando los derechos humanos– y que sin sentencia los señala como criminales? ¿la votación popular de jueces cuando el problema es el ministerio público? ¿la reducción de la representación ciudadana en el Congreso? Así, de esta manera, lo que construyan no servirá de mucho. Podrá ser legal cuando modifiquen la constitución, pero no necesariamente legítimo… y eso no cambiará: será cada vez más notorio y poco a poco de interés común.
